Contraloría detecta dos nuevos municipios involucrados en el caso Cuentas Corrientes y deriva antecedentes a la Fiscalía

Dos informes finales remitió la Contraloría General de la República de las municipalidades de San Carlos, en la región de Ñuble y San Javier, en el Maule, donde se advierten una serie de irregularidades en el proceso de licitación de asesorías económicas en el marco del denominado Caso Cuentas Corrientes.

Antecedentes que, además, derivará al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público, que investiga una serie de causas a lo largo del país por hechos de similares características. Una investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Los Lagos y que se amplió hace pocos meses hasta julio.

Por la misma causa que investiga el Ministerio Público han sido formalizados con anterioridad el empresario Rodrigo Carmona Olivares, imputado como autor de los delitos de cohecho, soborno y fraude al fisco y su colaborador, el ex concejal Rodrigo Sandoval Terán, por el delito de estafa, soborno y cohecho.

El mismo ente contralor cuestionó la licitación tanto de la Corporación Municipal de San Bernardo como de la propia municipalidad. Sin embargo, luego que el municipio dirigido por Christopher White (PS) aportara nuevos antecedentes, en enero de este año, la Contraloría desistió de enviar el informe al Consejo de Defensa del Estado.

No es primera vez que estas irregularidades alcanzan a la región: de los jefes comunales de Bulnes, San Ignacio y Ñiquén, uno se encuentra en prisión preventiva y los demás en arresto domiciliario total, imputados por cohecho, corrupción y fraude al fisco.

“La Municipalidad de San Carlos no ha aportado antecedentes que permitan salvar las observaciones formuladas en el preinforme de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora”, dice el texto de 40 páginas que esgrimen las irregularidades detectadas en el proceso licitatorio que llevó a cago el municipio encabezado por el alcalde, Gastón Suazo (Ind.).

La investigación dio cuenta que los pagos derivados desde la contratación del servicio de “estudio de factibilidad financiera” a la empresa Gestión Global SpA, por un monto de $102.605.250, resultó “improcedente”, debido a que lo desembolsado no tuvo una relación directa con el contrato firmado por las dos partes y el precio pactado. La entidad fiscalizadora afirma en el escrito que “no atiende al servicio de los estudios licitados, sino que a los beneficios obtenidos de un proceso de licitación distinto al adjudicado y que no se encuentra claramente fijado”.

Entre los subtítulos, el ente dirigido por la contralora subrogante, Dorothy Pérez, da cuenta de que se detectó que el único dueño y representante de la empresa, participó en el proceso licitatorio, lo que vulneró lo establecido por la legislación vigente.

En ese sentido, la ente contralor obligó al municipio a adoptar una serie de medidas. Entre ellas, velar por el correcto cumplimiento de los procesos licitatorios, evitar la participación de personal externo en la intervención de funciones que recaen en el persona municipal y por último, exigir que ingresos asociados a contratos suscritos cuenten con todos los antecedentes de respaldo pertinentes.

En San Javier la auditoría reveló que el municipio realizó 34 pagos a la empresa Gestión Global SpA, por un total de $53.950.000, entre abril de 2020 y junio de 2023. Al igual que en la Municipalidad de San Carlos, estos pagos fueron considerados improcedentes. La Contraloría Regional formulará un reparo por esta misma cantidad.

Además, la Municipalidad de San Javier no cobró las multas correspondientes a 30 días de retraso en el pago de intereses por saldos promedio mensuales mantenidos en sus cuentas corrientes en diciembre de 2019, equivalentes a 240 Unidades de Fomento (UF), lo que violó el contrato de apertura de cuentas corrientes con Banco Santander.

En ese sentido, el ente contralor exigió a la casa edilicia que se cobre dicha multa al banco o inicie acciones legales para obtener el pago, dando un plazo de 60 días hábiles desde la publicación del informe.

Asimismo, se detectó que la municipalidad recibió al menos $183.363.159 en intereses derivados de los saldos de fondos de terceros administrados en sus cuentas corrientes. Es por esto que la Contraloría Regional del Maule iniciará un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de San Javier para determinar las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en estas irregularidades.

*A las 9:30 horas esta nota fue precisada ya que el alcalde, Christopher White, no se encuentra investigado por el Ministerio Público en el marco del caso Cuentas Corrientes.