Contraloría detecta irregularidades del ISP y Cenabast por retiro de medicamentos que son distribuidos a la red asistencial de salud

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en los procesos de control, monitoreo y retiro de medicamentos del mercado por parte del Instituto de Salud Pública (ISP) y Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

En ambas entidades se realizaron informes que dieron cuenta de la situación afectando el control y monitoreo de productos que son distribuidos a la red asistencial de salud del país.

En el caso del ISP, en el informe detalló que entre los meses de febrero de 2020 y junio de 2023 el servicio incumplió con su rol como encargado de “la vigilancia de la seguridad de las especialidades farmacéuticas registradas”. Evidenciando la ausencia en el control sobre el retiro de fármacos alertados.

En esa línea, también se detectó la falta de informes finales sobre el retiro de medicamentos o de dispositivos médicos, junto al incumplimiento en el plazo máximo, cinco días corridos desde la alerta, del procedimiento.

Asimismo, en los hospitales Clínico Metropolitano La Florida Doctora Eloísa Díaz Insunza y en el Clínico San Borja Arriarán, detectaron irregularidades respecto a las alertas emitidas. En el último mencionado dieron cuenta que dispositivos médicos que se encontraban bajo alerta de retiro del mercado, ya habían sido utilizados.

Respecto a ello, la Contraloría ordenó abrir un sumario para investigar los hechos dando un plazo de 15 días hábiles para su inicio. Además, en otros tres hospitales la Contraloría detectó irregularidades en la trazabilidad de medicamentos bajo alerta sanitaria.

Por otra parte, en Cenabast, la Contraloría dio cuenta que de la entidad carece de “mecanismos que permitan controlar e identificar los lotes de productos que son distribuidos a la red asistencial de salud del país”.

Esto impide la correcta aplicación de multas y afectar el análisis de “los antecedentes necesarios para reducir los puntajes de evaluación en futuras licitaciones a los proveedores cuyos productos han sido objeto de alertas de retiro de mercado”.

Dentro de eso, se estableció que el servicio no aplicó multas por $6.388.923, correspondientes a incumplimientos y atrasos en la entrega de productos y de información inexacta por parte de los proveedores.