Contraloría obliga al Mineduc a dejar sin efecto resolución que deniega la gratuidad a la Universidad Central para 2023

La Universidad Central (Ucen) ve luz al final del tunel. O al menos recibe un gran espaldarazo justo antes de que se termine el año, toda vez que la Contraloría General de la República acogió una reclamación de la casa de estudios sobre el acceso de sus estudiantes al beneficio de la gratuidad.

Cabe recordar que a través de la Ley de Presupuestos, en 2016 comenzó a regir en Chile la política de gratuidad, que beneficia directamente a estudiantes al financiar los años nominales que dura una carrera de instituciones de educación superior adscritas al sistema de gratuidad.

Para entender la trama de la Ucen hay que remontarse al 27 de abril de 2022, cuando la institución presentó a la Subsecretaria de Educación Superior (Subesup) su solicitud de adscripción al sistema de gratuidad a partir de 2023. No obstante, la Subesup denegó la solicitud al considerar que no se acreditó el cumplimiento de uno de los requisitos: que al menos el 80% de los estudiantes matriculados para el año correspondiente, en primer año en licenciaturas no conducentes a título o carreras profesionales con licenciatura, cuenten con un puntaje ponderado promedio, igual o mayor a 450 puntos. El problema fue que la universidad, por error (lo que reconoció), incluyó en su solicitud original en programas especiales a alumnos que debieron ser informados en programas regulares de continuidad, lo que perjudicó el cálculo de ese 80%, que en todo caso, según Contraloría, “no corresponde que se contabilicen”.

“Lo anterior generó que la Subesup efectuara el cálculo del referido porcentaje del 80% con la información inicial reportada en el Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior (SIES), es decir, con alumnos que no son de primer año. Tal cálculo se mantuvo al resolver la impugnación efectuada por la Ucen, pese a que dicha universidad había rectificado los datos. En este sentido, la citada resolución exenta que resolvió el recurso jerárquico, transgredió la ley N° 21.091 al no haber considerados los nuevos antecedentes aportados por la Ucen”, dice la resolución de Contraloría, la que agrega que “el hecho de que la información proporcionada por la Ucen sea de su responsabilidad, no puede considerarse un argumento para rechazar el recurso jerárquico en análisis, por cuanto corresponde a la Subesup validar y procesar los datos del SIES. Además, con ello se vulnera el principio de contradictoriedad, que obliga a la autoridad a considerar todos los antecedentes que los interesados aporten en cualquier momento del procedimiento y a ponderarlos para una mejor resolución”.

Dicho está: la Ucen presentó un recurso de reposición y, según se lee en la resolición en Contraloría, en subsidio un recurso jerárquico, el que el 24 de agosto también fue rechazado por la Subesup. Dos días después, la casa de estudios formuló una solicitud de rectificación de los datos informados, puesto que, en efecto, habían incluído mal la información. Tal petición fue autorizada por la Subesup el 15 de septiembre, reconociendo el error que esa universidad había cometido, pero señaló que esos nuevos antecedentes serían considerados para el proceso de acceso a la gratuidad de 2024. Encima, el 10 de noviembre el Mineduc rechazó el recurso jerárquico presentado por la universidad, agregando que “la información reportada es de plena responsabilidad de esa casa de estudios”.

Por todo esto “y en el absoluto convencimiento que nuestros argumentos se basaban en cifras reales y comprobables”, según dicen desde la universidad, el 24 de noviembre interpusieron una solicitud de pronunciamiento jurídico ante la Contraloría, a fin que dejara sin efecto la resolución que les denegaba la gratuidad.

Y no fue hasta el 28 de diciembre que vieron luz verde, cuando el ente contralor emitió la Resolución N° E292782/2022 por la cual ordena que el Ministerio de Educación deberá dejar sin efecto la resolución que deniega la gratuidad a la Universidad Central, debiendo ponderar el cumplimiento del requisito observado por la Subesup para acceder al financiamiento institucional para la gratuidad del 2023.

“Se deberá dejar sin efecto a la brevedad la resolución exenta N° 5.344, de 2022, correspondiendo que la Subesup dicte los actos que procedan, ponderando el cumplimiento del requisito de la letra c) del artículo 83, en relación con el artículo cuadragésimo transitorio, ambos de la ley N° 21.091, sobre la base de la información rectificada a que se ha hecho referencia”, señala la resolución de Contraloría firmada por el contralor Jorge Bermúdez.

Pero no fue todo, porque, además, dicha autoridad le entregó un espaldarazo a la universidad: “Revisados por esta Entidad de Control los antecedentes del año 2021 proporcionados por la Ucen para el cálculo del porcentaje en análisis -los cuales se adjuntan-, se advierte que esa universidad cumpliría con la referida exigencia del 80%”.

“La Universidad Central en razón del categórico dictamen de la Contraloría General de la República, que reestablece el derecho de la Ucen de estar adscrita al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad en el año 2023, espera que el Ministerio de Educación a través de la Subesup emita a la brevedad la resolución final que recoja el mandato y el espíritu de la resolución emitida por la Contraloría, favoreciendo con ello a todas y todos nuestros estudiantes que cumplan los requisitos para recibir el referido beneficio de la gratuidad”, se lee en el comunicado interno a la comunidad de la casa de estudios.