Cordero desdramatiza decisión de tribunal de revelar identidad de testigos protegidos a defensa de Llaitul: “Es una tensión habitual en el derecho”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó la decisión del Juzgado de Garantía de Temuco de entregar la identidad de testigos protegidos en la causa que el Ministerio Público lleva en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

En conversación con Radio Duna, el ministro explicó a qué respondía la decisión del tribunal y planteó que revela una “tensión entre la eficacia del sistema de enjuiciamiento criminal y, por la otra, los derechos de la defensa en una contienda adversarial”.

“Lo que subyace a esta discusión es el derecho de la defensa a conocer quién está declarando y qué está declarando en su contra, esencialmente por una cuestión que está asociada al derecho a la defensa. Por eso probablemente lo que hizo la defensa de Llaitul en este caso fue conocer la identidad de esas personas para hacer efectiva su teoría del caso, para ver si esas personas tienen algún nivel de compromiso, lo clásico que puede estar detrás de un litigio”, empezó explicando Cordero.

Sin embargo, aclaró también que si bien la defensa puede tener conocimiento de la identidad de las personas que están declarando en contra de su defendido, esto le obliga al “deber de reserva”.

“No obstante que puede tener conocimiento, eso a su vez le obliga el deber de reserva, que es una discusión bien técnica, porque no es el acceso a la identidad. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia del Ministerio Público lo que pone en riesgo es la declaración propiamente tal de sus testigos y por eso digo que es una discusión técnica”, reflexionó el secretario de Estado.

Y argumentó que el choque entre ambas posturas -protección de identidad de testigos y derechos de la defensa- es algo “habitual” en el ejercicio del derecho.

“El fiscal nacional ha dicho que van a ejercer los recursos respectivos, pero es un buen ejemplo de la tensión entre la eficacia del sistema de enjuiciamiento criminal y, por la otra, los derechos de la defensa en una contienda adversarial. (...) Es una tensión de dos bienes que es muy habitual en el derecho”, dijo Cordero.

El líder del ente persecutor, Ángel Valencia, expresó ayer que no estaban conformes con la decisión del juzgado de garantía, por lo que realizarán -dijo- los “cursos procesales” correspondientes.

“Estimamos que no se ajusta al derecho ni tampoco a nuestras obligaciones legales, ni a las de todas las instituciones del Estado, en lo que se refiere a la protección de víctimas”, cuestionó Valencia.

La ministra de Justicia, Carolina Tohá, fue más allá que su par de Justicia y calificó de “error” la decisión tomada en primera instancia.

“El Ejecutivo es querellante de ese caso y esto sucedió en la audiencia de preparación del juicio de varias que tienen que venir (...) los equipos del ministerio que son parte de este proceso están desde ya estudiando cuáles son las acciones o los mecanismos con los cuales se puede revertir esta decisión que no comparte el Ejecutivo y que considera que es un error que debe enmendarse en las audiencias que están por venir”, cuestionó Tohá.