Corte de Santiago declara inadmisible recurso de protección interpuesto contra convenio del Sename y la ANI

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible un recurso de protección presentado por la Defensoría de la Niñez, respecto al convenio que se suscribió entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que se dio a conocer en los últimos días.

Fue la propia defensora, Patricia Muñoz, la que encendió las alarmas el pasado martes, y acusó “estigmatización” en la determinación. “Calificamos esto como gravísimo, ya que da cuenta de una falta de conexión clara de lo que es la convicción de que el Sename debe hacer como protección de niños, niñas y adolescente y resulta preocupante ya que se produce en febrero tras estallido social y lo que hace es agudizar una evidente situación de estigmatización y criminalización que se pretende hacer”, sentenció Muñoz el pasado martes.

No obstante, este viernes el tribunal de alzada desestimó la acción judicial de la Defensoría. En fallo unánime, los ministras Dobra Lusic, Jessica González y el ministro (s) Rafael Andrade, estimaron que, debido a que el convenio se suscribió en febrero y que el recurso se presentó en abril, la impugnación del acto “resulta ser extemporánea”.

Además se apuntó a que “los antecedentes fácticos descritos en la presentación y las peticiones que se formulan a esta Corte exceden las materias que deben ser conocidas por el presente recurso (...) pues se trata de aspectos convenidos entre entidades públicas dentro del ejercicio de sus funciones y contra las cuales existen mecanismos jurisdiccionales y administrativos que permiten perseguir el fin requerido mediante el presente arbitrio constitucional”.

Al respecto la defensora Patricia Muñoz señaló que “no compartimos de manera algunas los fundamentos que se han explicitado en ese fallo y, desde ese punto de vista, vamos a presentar el recurso de apelación para poder revertir esta decisión, y que, conforme a derecho, se pueda abordar de forma adecuada lo que tiene que ver con brindar protección efectiva a las garantías constitucionales que están aseguradas para niños, niñas y adolescentes”.