Corte de Santiago se reúne de emergencia y obliga al gobierno a frenar expulsión de ciudadana venezolana

Durante la jornada de hoy domingo 6 de junio, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió una orden de no innovar en un recurso de amparo presentado en favor de una ciudadana venezolana con decreto de expulsión del país.

Hace un mes un caso similar ocurrió en Arica en el caso de otro ciudadano venezolano, en donde la Corte Suprema confirmó un fallo de la Corte de Apelaciones contra su expulsión tras su ingreso ilegal al país.

Según se indicó hoy, la Corte de Santiago se reunió durante esta jornada de forma extraordinaria, y la Sexta Sala del tribunal de alzada - integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, María Paula Merino y el abogado (i) Rodrigo Asenjo- acogió a trámite la acción cautelar, y solicitó del recurrido informe en un plazo de 24 horas sobre la expulsión.

De acuerdo a los antecedentes, en el recurso de protección presentado por la ciudadana venezolana se indica que “la orden de expulsión se dictó sin que se haya garantizado el principio de contradictoriedad, es decir, sin haberse otorgado al sancionado el plazo razonable para preparar su defensa y responder adecuadamente, ni la oportunidad para producir y refutar pruebas. De hecho, no existió siquiera la apertura de un término probatorio”.

La mujer, se indica, ingresó a Chile por un paso no habilitado, específicamente la frontera norte con Bolivia, en el sector de Colchane. Posterior a esto, el 1 de noviembre del 2020 declaró voluntariamente que había ingresado en forma ilegal al país ante Policía de Investigaciones de Iquique, “cooperando en todo lo que se le solicito para intentar regularizar su situación, quedando a continuación en cuarentena preventiva por 10 días en la Residencia Sanitaria”.

Finalmente el 19 de mayo de 2021, la mujer fue notificada de la Resolución de expulsión en dependencias del Departamento de Policía Internacional de la PDI, y detenida.

En este sentido, según se indica en el documento, la normativa interna vigente en Chile que regula la expulsión de inmigrantes “se encuentra en tensión con la normativa internacional”. Además, sostiene, se le decretó orden de expulsión, “sin haber sido sometido a un juicio administrativo previo, y privándolo del derecho de una defensa oportuna y letrada, además, de la posibilidad de rendir y controvertir pruebas”.

La eventual expulsión de la ciudadana venezolana y su regreso a Venezuela, expone el recurso de protección, “pone en peligro su integridad y por ende la de su familia, quienes actualmente dependen económicamente de sus remuneraciones que recibe en nuestro país por su oficio de costurera, teniendo presente que la actual situación de Venezuela no permite obtener un trabajo seguro”.

Este hecho ocurre cuando esta misma mañana, el gobierno llevó a cabo un operativo de expulsión de 56 ciudadanos extranjeros desde el Aeropuerto Internacional de Santiago hacia Caracas, Venezuela. Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado defendió la acción, asegurando que el procedimiento “se está ajustando a derecho”.

“El proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales y además se hace, en este caso, en concordancia con las autoridades de Venezuela; siguiendo los protocolos, siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la ONU”, sostuvo el ministro, agregando que “desde ayer hemos escuchado algunos mitos con respecto a que estas serían expulsiones ilegales, que no se ajustan a derecho, o que no respetarían tratados internacionales. Nada más lejano de la realidad”.

“No estamos hablando de presunciones. Hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas a tráfico de menores (...), tráfico de droga, hay personas condenadas también por robo con violencia”, agregó Delgado.

“Por otro lado, hay personas que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile, sin haber hecho nada en prácticamente un año, un año y medio”, indicó la autoridad. “Tenemos que confiar en estos procesos, porque son procesos que se han ajustado a derecho”.