Corte ordena detener a los 23 imputados por narcotráfico que accedieron a libertad por millonaria fianza

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió una solicitud del Ministerio Público, dictando orden de no innovar e instruyendo al Juzgado de Garantía de Ovalle despachar las órdenes de detención de 23 sujetos imputados como autores de los delitos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Cinco de ellos serían los líderes de una organización dedicada al cultivo y la distribución de drogas.

Se les detuvo a raíz de la incautación de más de 1.600 kilos de marihuana. Luego de ese primer golpe hace unos meses, se intervinieron 28 domicilios en Ovalle, incautando armas, municiones, vehículos, más de $283 millones de pesos y 4.500 dólares de dinero en efectivo, además de 111 kilos de droga procesada. Entre las compras de la banda hay caballos fina sangre para carreras a la chilena y costosa maquinaria pesada para arrendar en la minería.

Todos fueron imputados por tráfico, todos por asociación ilícita para traficar, todos por lavado de activos y todos por asociación para el lavado. A cuatro de los 23 también se les imputó delitos de la ley de control de armas.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Rodrigo Álvarez Mercado, Roxana Camus Argaluza y la abogada (i) Carolina Salas Salazar– dictó la orden de no innovar mientras el recurso de apelación interpuesto por el ente persecutor se encuentre pendiente de resolución.

“Se concede la orden de no innovar solicitada, en cuanto se dispone que no se podrá dejar a los imputados de autos en libertad, mientras se encuentre pendiente la tramitación del presente recurso, debiendo despacharse la respectiva orden de detención en caso que se haya decretado su libertad, a objeto que ingresen a cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, debiendo el tribunal despachar las órdenes y oficios que correspondan a objeto de dar cumplimiento a esta resolución. Comuníquese lo anterior, por la vía más expedita”, señaló el tribunal de alzada en su resolución.

Los imputados fueron detenidos en un despliegue ejecutado bajo el rótulo de Operación Diamante Verde, desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Coquimbo el 26 de agosto.

En la audiencia de formalización de la investigación, realizada el jueves 29 de agosto recién pasado, el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó la prisión preventiva de los 23 imputados por peligro de fuga y fijó una caución (fianza) de $2.000.000 a cada uno.

“En cuanto al tráfico está claro que concurre, hay plantaciones, cultivos, varios de los verbos rectores que tipifican el clásico ilícito de drogas, pero en cuanto a los otros delitos no se han presentado antecedentes suficientes”, argumentó el magistrado.

Si bien la Fiscalía de Coquimbo solicitó la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, el juez Luis Muñoz Caamaño rechazó dicha causal y fijó solo la de peligro de fuga, por lo que los imputados pudieron acceder a su libertada pagando la caución. Además, rechazó la apelación verbal en audiencia.

El Ministerio Público presentó un recurso de apelación y un recurso de hecho ante decisión del Juzgado de Garantía de Ovalle.

“Estas personas son peligrosas y la prisión preventiva está precisamente para sacar de circulación a personas peligrosas”, comentó la ministra del Interior, Carolina Tohá, consultada este lunes por lo ocurrido.

El 8, 9 y 10 de abril de 2024, en la localidad de Mantos de Hornillos, en Ovalle, la PDI incautó 1.663 kilos de marihuana. Se intervinieron varios predios con un centenar de detectives provenientes de diversas unidades del país.

Al establecer la identidad y domicilios de los integrantes de esta estructura criminal dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de cannabis, a gran escala, abasteciendo a diversas regiones de Chile, se puso en marcha la Operación Diamante Verde.

La investigación siguió en desarrollo y se reunió la evidencia para identificar a los participantes de la banda, que cumplían diversos roles dentro de esta organización. Así se planificó la intervención de 28 domicilios de la zona urbana y rural de Ovalle. Los policías incautaron armas, municiones, una veintena de vehículos incluyendo automóviles de alta gama, más de $283 millones de pesos y 4.500 dólares de dinero en efectivo, además de 111 kilos de droga procesada que mantenían oculta incluso bajo tierra.

Ante la libertad de los imputados, el Ministerio Público presentó una apelación por escrito ante el Juzgado de Garantía de Ovalle y un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de La Serena reclamando por la situación.

“No estamos conformes, estamos hablando de un delito grave”, recalcó el fiscal Eduardo Yáñez.