Corte de Rancagua determina que el fiscal Palma debe mantener en secreto la información incautada en casa de Sergio Moya

La Corte de Apelaciones de Rancagua dictó orden de no innovar y ordenó al Ministerio Público mantener la reserva de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados en la causa abierta en contra del fiscal de O'Higgins Sergio Moya, por su eventual participación en la fallida Operación Huracán.

La resolución se da en el marco del recurso de protección que ingresó Moya en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por lo que califica como una "ejecución arbitraria de orden de entrada y registro a domicilio particular y, además, apartada de la ley".

El fiscal de Rancagua hace referencia a la orden de allanamiento que ordenó Palma el pasado 8 de mayo alrededor de las 5:30 de la mañana a su casa en la región de O'Higgins. Esta acción fue ejecutada por la PDI y duró alrededor de diez horas. Moya pide al tribunal de alzada que se declare "ilegal y arbitraria" la diligencia solicitada por Palma ya que se trata de un persecutor  "no habilitado legalmente para dirigir la investigación penal en mi contra" y por tratarse de un allanamiento que se extendió a "lugares y objetos no comprendidos por una orden dispuesta por un juez de Garantía, por abarcar bienes no relacionados con el objeto de la investigación, por ejecutarse de una forma arbitraria y abusiva y con vulneración a la dignidad de mi persona y familia".

En el allanamiento, la PDI incautó 12 celulares, un set de evidencias y los dos discos duros de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, quienes son investigados por una serie de delitos vinculados a actos de corrupción.

En fallo dividido, la Tercera Sala del tribunal de alzada de O'Higgins —integrada por los ministro Jorge Fernández Stevenson, Pedro Advis Moncada y la abogada integrante María Latife Anich— dio lugar en forma parcial a la solicitud de la defensa de Moya y ordenó al fiscal Palma "mantener el secreto de la información obtenida desde los dispositivos electrónicos incautados, mientras dure la tramitación del presente recurso y solo con la finalidad de asegurar lo que eventualmente pueda resolverse". La resolución fue adoptada con el voto en contra del ministro Advis.