Suprema versus TC: Los rounds que han marcado la disputa jurisdiccional entre ambos tribunales

Si bien la discusión entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional está viviendo uno de sus capítulos más álgidos esta semana, tras el fallo en que la primera afirmaba que puede conocer recursos de protección respecto de sentencias del TC -y, por ende, se convertiría en última instancia-, las diferencias jurisdiccionales entre ambas instituciones se vienen arrastrando desde hace varios años.

Estos son algunos de los casos que han tensionado las relaciones entre ambos tribunales:

En 2016, las diferencias entre la Suprema y el TC comenzaron a hacerse públicas. En dicha ocasión el máximo tribunal había señalado que la "derogación constitucional" era una de sus atribuciones. Ante esto el TC hizo lo propio y dio a conocer su preocupación por dicha aseveración.

Ese mismo año, la Corte Suprema autorizó un matrimonio entre una chilena y un extranjero con decreto de expulsión en su contra, luego que se interpusiera un recurso de protección por este hecho. En esa ocasión, el máximo tribunal estimó que tenía la potestad para derogar tácitamente normativas previas a la Constitución instaurada en 1980 sin la necesidad de recurrir ante el TC. Por este motivo el Tribunal Constitucional indicó que esa atribución le pertenecía únicamente a ese organismo.

En junio de 2017, el ministro de la Corte Suprema Carlos Aránguiz -junto al abogado integrante Jean Pierre Matus- sostuvo, en una prevención de una sentencia, que había que eliminar un párrafo del dictamen.

¿El motivo? Según la argumentación, se citaba jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El motivo para dicha prevención es que el Tribunal Constitucional era "un tribunal político (en el estricto sentido de la palabra) y sus fallos no pueden constituir fuente de jurisprudencia para el tribunal máximo de la República, como es la Corte Suprema".

Esta aseveración gatilló una serie de reacciones desde el mundo constitucional. Algunos juristas estimaron que la prevención sugería que el TC no fallaba de acuerdo a derecho.

Ese mismo 2017, se desató una disyuntiva sobre si los funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DGAC) podían migrar sus fondos de pensiones dese el sistema de AFP hacia la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Esta discusión incluso desató una contienda de competencias entre el Poder Judicial y la Contraloría.

Aunque en esa ocasión la Corte Suprema falló a favor de los funcionarios de la DGAC, el TC señaló que dicha decisión no correspondía que fuera resuelta por el máximo tribunal. Algo que fue ratificado por el Senado, que resolvió finalmente la contienda de competencias a favor de la Contraloría.

Algunas de las disputas más noticiosas entre ambos tribunales han ocurrido este año. Durante la inauguración del año judicial, el propio presidente de la Corte Suprema esbozó una crítica por la demora en la tramitación de causas de derechos humanos que pasaban por el TC.

En dicha ocasión, el ministro Haroldo Brito solicitó revisar los límites de las potestades de ciertos organismos. Además añadió que, respecto a estas causas, han ocurrido "otros sucesos que han tensionado el actual diseño organizacional y normativo, lo que puede dificultar el ejercicio de potestades esenciales del Estado".

El año pasado se dio a conocer un fallo de la Corte Suprema en una causa que había sido impulsada por la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus). Dicha sentencia ordenaba a Entel, Movistar y Claro a devolver a la Subsecretaría de Telecomunicaciones el espectro de la banda 700 que habían conseguido en la respectiva licitación de 2013. Posteriormente dicha causa quedó radicada en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

Movistar y Claro presentaron un recurso de apelación ante la Suprema, que fue declarado inadmisible. Por su parte, Entel decidió presentar un recurso de inaplicabilidad ante el TC, el que suspendió el proceso en el TDLC antes de discutir el fondo del rechazo de la Suprema.

Es probablemente la causa -previa a la resolución del lunes- más mediática que ha enfrentado a ambos tribunales durante el último tiempo. En enero de este año la Primera Sala del Tribunal Constitucional había suspendido la investigación que lleva la Corte Marcial contra el excomandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo.

En dicha ocasión, habían afirmado que la indagatoria se encontraba paralizada en la arista "Empresas de Turismo" de la investigación de la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford.

No obstante, luego que la magistrada procesara y encarcelara a Oviedo, la defensa del exuniformado solicitó una aclaración al TC, el que señaló que toda la investigación se encontraba suspendida, y no solo la que decía relación con el cuaderno mencionado.

Finalmente, a comienzos de agosto, el pleno del Tribunal Constitucional, por 6 votos contra 4, rechazó el recurso de inaplicabilidad presentado por la defensa de Oviedo, dando pie para que Rutherford pudiese seguir investigando dicha causa.