Cristofer, Krishna y Jacson: las "nuevas" víctimas del Estado

El próximo 23 de agosto debió cumplir 4 años. A sus dos meses de vida, la justicia lo alejó de su madre, quien registraba intentos de suicidio. La ONG Proyecta Castro, en Chiloé, asumió su cuidado y lo derivó a una familia de acogida. A partir del 18 de diciembre de 2013 llegó a la casa de Oritia Chiguay, en la Población Camilo Henríquez, siempre en la isla grande. Allí transcurrió el resto de su vida. La mujer poseía amplia experiencia como cuidadora. Antes de participar del Programa FAE (Familia de Acogida Especializada), había cumplido el mismo rol para el Hogar de Cristo.

Es 4 de mayo de 2014. Junto a Cristofer eran cuidados otros cuatro menores. Oritia se encontraba con su esposo e hija. Cerca de las 15.00, la cuidadora preparó la mamadera y subió hasta el segundo piso de la casa para darle leche al niño. Él quedó acostado en una cama con la mamadera en la boca. Tras ello, la mujer bajó a preparar empanadas.

Durante las tres horas siguientes nadie se preguntó por él. Recién a las 18.30 el esposo de Oritia subió y entró al cuarto donde se encontraba. Cristofer tenía los labios morados y estaba vomitado. No daba señales. Cerca de las 19.00 fue ingresado al Hospital de Castro. Cristofer murió a los ocho meses. El Servicio Médico Legal (SML) indicó que falleció producto de una asfixia por aspiración de contenido gástrico. Tenía ocho meses.

El lunes 18 de junio Oritia Chiguay fue formalizada por cuasidelito de homicidio. "Con estos antecedentes, podemos determinar que efectivamente existió negligencia en el cuidado de este niño, al no ser observado durante por lo menos tres horas desde que se le había dado la leche y el tiempo en que permaneció sin supervisión alguna", señaló el fiscal Patricio Poblete, a cargo del caso.

La muerte de Cristofer es uno de los casos que investiga el equipo del Ministerio Público liderado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, respecto del fallecimiento de menores a cargo del Estado. Junto a ellos trabaja un equipo de tarea y la Brigada de Homicidio de la PDI.

De acuerdo con el fiscal Emilfork, las investigaciones que desarrollan por muerte de niños, niñas y adolescentes a cargo del Estado han requerido "abarcar un período de tiempo bastante amplio y con una expresión geográfica importante".

"Continuamos a paso firme avanzando en el esclarecimiento de las circunstancias en que fallecieron distintos menores, por hechos ocurridos al interior de centros del Sename o en organismos colaboradores", añadió Emilfork.

Krishna hoy debería tener 19 años. En 2008, el Tribunal de Familia de Quintero decidió retirar la tuición a su familia y asignarla al Pequeño Cotolengo de la localidad, organismo colaborador del Sename.

La niña tenía capacidades diferentes. La mayor autonomía la lograba al dar algunos pasos, pero para todo lo demás era dependiente del personal del recinto. Sin embargo, lo más complejo era su constipación crónica. Debía ser asistida constantemente. A cargo de esas labores estaba Amanda Araneda, directora del área de salud de la residencia.

La madrugada del 7 de mayo de 2013, Krishna fue ingresada en estado de gravedad al Hospital de Quintero. Sufría vómitos que aparentaban ser deposiciones. Dadas sus malas condiciones, fue derivada al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. Allí le extirparon cerca de tres kilos de materia de desecho. Falleció al día siguiente. Tenía 13 años.

Según logró acreditar la investigación, liderada por la fiscal Macarena Gallardo, la menor estuvo entre la segunda quincena de abril y el día de su internación sin que se le retiraran las fecas. Los exámenes calcularon entre 15 y 20 días. Pese a la gravedad del hecho, en un primer momento su muerte no se investigó.

"El Pequeño Cotolengo tenía, dentro de sus responsabilidades, que controlar las deposiciones de los niños con esa patología", indicó Gallardo. Se formalizó a Amanda Araneda por cuasidelito de homicidio.

El 19 de junio, Jacson tenía que cumplir 4 años. Desde su nacimiento, en el Hospital El Loa de Calama, fue alejado de su madre, Yaney Quispe, quien padecía consumo problemático de pasta base. El padre se encontraba en prisión. Ambos poseen antecedentes por tráfico de drogas.

El niño permaneció durante un mes en el centro asistencial, para luego ser entregada su tuición, junto a la de su hermano de 2 años, al hermano de su madre. El cumplimiento de esta medida debía ser monitoreado por personal de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de Calama, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Pese a la prohibición, el 1 de septiembre de 2014 Yaney se encontraba en su casa junto a sus dos hijos. En horas de la tarde llegó hasta el hospital con ambos niños golpeados. El lactante tenía maltrato en cabeza y abdomen. Su hermano presentaba golpes en la cabeza, frente y nalgas. Jacson falleció a causa de un traumatismo encefálico craneano grave. Tenía dos meses de vida.

En su declaración, la mujer señaló que el niño se había caído. Luego, que su hermano le habría pegado con un secador de pelo.

La primera investigación sobre los hechos la responsabilizó por cuasidelito de homicidio. Al poco tiempo, la fiscalía ordenó no perseverar por falta de pruebas en su contra.

Hoy, a casi cuatro años de los hechos, el equipo liderado por Emilfork retomó la investigación y formalizó a Quispe por parricidio. "Podemos afirmar que la mujer agredió al niño con un objeto contundente dos o tres horas antes de ingresar al hospital", señaló el fiscal Patricio Poblete. Sin embargo, el caso aún no culmina. Poblete advierte que se persigue a quienes eran responsables de resguardar al menor. "Continuamos adelante, respecto del rol del Sename, por no haber fiscalizado al niño durante las tres semanas anteriores a su muerte", indicó el persecutor.

Por ahora, las indagatorias continúan. Para lamento de una sociedad que deberá acostumbrarse a seguir conociendo este tipo de casos. Porque las historias de Cristofer, Krishna y Jacson no serán las últimos que reingresen a un tribunal.