Cuenta pública del CDE: organismo mantiene 19.400 juicios en tramitación por una cuantía equivalente al 4% del PIB

En el auditorio de la Contraloría General de la República, en calle Teatinos, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, rindió este jueves la cuenta pública anual del organismo, correspondiente a la gestión 2023.

“En nuestro comienzo los juicios totales de la defensa fiscal no sobrepasaban los 250, con un valor a la época de 9 millones de pesos. Hoy, tenemos más de 38 mil asuntos vigentes dentro de una proyección sostenida de aumento en la última década. De todos estos asuntos, 19.400 corresponden a juicios en actual tramitación, es decir, a causas en las cuales el consejo se encuentra interviniendo ante los tribunales de justicia. La cuantía total de estos procesos es de aproximadamente diez billones novecientos mil millones de pesos, lo que representa una suma equivalente al 4% del Producto Interno Bruto del país”, reportó Letelier en su presentación.

El presidente del CDE explicó que el 65% de esos juicio corresponde a causas relacionadas con materias civiles o contencioso administrativas, un 21% tienen relación con causas laborales y de cobranza, un 7% están relacionadas al ámbito penal, un 5% corresponden al ámbito de reclamaciones por expropiaciones y un 2% a otros juicios especiales.

Letelier recordó que debieron asumir la defensa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Presidente Gabriel Boric en el marco de los requerimientos ante el Tribunal Constitucional que impugnaban los decretos supremos que otorgaron el beneficio de indulto al exfrentista Jorge Mateluna y otros seis condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.

“Acreditamos en dichos procesos que los referidos decretos fueron actos plenamente constitucionales, perfectamente legales y que no poseían vicio de juridicidad alguno. Del mismo modo, hicimos valer nuestra defensa fiscal tradicional que pide a los tribunales una especial deferencia administrativa en el control al ejercicio de poderes discrecionales que la propia Constitución o la ley ha asignado a determinadas autoridades públicas”, sostuvo.

En el ámbito municipal, el Consejo interpuso, a la fecha, 21 querellas, entre las cuales puede destacarse las acciones que afectan a las municipalidades de Puerto Natales, Pirque, Algarrobo, Maipú, Coquimbo, Puerto Varas, Ñuñoa, Vitacura, San Fernando y Rancagua. Al día de hoy, el Consejo se encuentra participando en calidad de querellante en 203 casos vinculados a 13 municipalidades, por delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, entre otros.

Aludiendo el escándalo por los líos de platas en convenios, Letelier también expuso que el consejo ha debido involucrarse en el análisis de diversos antecedentes penales referidos a convenios de transferencia de recursos públicos.

“Respecto a este tema hemos presentado querella criminal en seis investigaciones y seguimos analizando el resto de asuntos a fin de determinar nuestra eventual intervención”, detalló.

Además, se han ejercido acciones civiles a fin de resguardar los montos otorgados a fundaciones y “se han interpuesto siete acciones de disolución de la personalidad jurídica y 13 acciones de restitución de fondos que, en general, han incorporado medidas prejudiciales precautorias de retención de bienes”.

“Gracias a la acción del consejo se han podido retener de las cuentas corrientes de aquellas instituciones un monto superior a los 1.000 millones de pesos”, resaltó el timonel del CDE.

Proyectando la labor de este año, el abogado hizo hincapié en “la necesidad de mejorar la efectividad del Consejo de Defensa del Estado en la recuperación de lo adeudado al Fisco por terceros y en la búsqueda de formas óptimas de aseguramiento de condenas judiciales probables”.

Al cierre de su discurso, Letelier hizo ver que en el CDE hay “preocupación por la excesiva duración que están alcanzando” los juicios penales en los que han debido intervenir.

“Este problema tiene desde luego múltiples causas. Algunas de ellas son la forma en que se está rindiendo la prueba en juicios de alta complejidad. La lectura completa de largos y copiosos documentos, el excesivo examen y contraexamen de testigos, el modo como se lleva a cabo la propia audiencia de juicio, los incidentes, recursos y suspensiones del procedimiento que se presentan están ralentizando de forma desmedida los procesos. A lo anterior se suman otros factores como el aumento de la judicialización, y la evidente carga de trabajo de todos los operadores del sistema”, comentó.