Defensoría de la Niñez arremete contra directora de centro colaborador del Sename y la acusa de encubrir delitos sexuales contra menores de edad

Una querella por los delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil presentó la Defensoría de la Niñez contra la directora de una residencia colaboradora del Sename ubicada en la comuna de Hualpén, Región del Biobío, y contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de una serie de delitos sexuales cometidos en contra dos niños de 8 y 6 años.

Los menores de edad, según se señala en la acción judicial, fueron separados de su familias y entregados a este centro en septiembre de 2014 y permanecieron ahí hasta mayo de 2019.

La acción judicial apunta a Evelyn Oñate Camaño, a cargo de Nido, residencia colaboradora del Sename, como presunta encubridora de los ilícitos perpetrados en contra de estos niños. Según el documento, ella habría sido la encargada de llevar a los pequeños a habitaciones separadas del recinto, donde eran abusados sexualmente por hombres y mujeres adultos. La querella también acusa a Oñate de cometer actos de connotación sexual en contra de los menores de edad.

Los adultos que llegaban al lugar, según recalca la acción judicial, tras cometer los ilícitos efectuaban un pago a la directora. Ella los identificaba como “donantes”.

Asimismo, en la querella se solicita clausurar temporalmente la residencia como medida cautelar “considerando la gravedad de los hechos descritos en la presenta querella y la existencia de estos en un periodo de tiempo extenso”.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, señaló a La Tercera que “la gravedad de los hechos, que además se habrían mantenido en el tiempo, amerita no solo la acción en el ámbito penal que establezca las responsabilidades de todos quienes han participado de la comisión de estos delitos y proteja efectivamente a las víctimas sino que, como hemos solicitado, debe involucrar el término de la intervención de dicho organismo colaborador que no ha sido capaz de proteger efectivamente a los niños y niñas que tenía a su cuidado y acciones que expliquen determinen la responsabilidad administrativa y eventualmente penal de quienes, desde Sename, debieron impedir la ocurrencia de estos gravísimos e inaceptables hechos”.