Detienen a exagente de un grupo de élite antisecuestros de Venezuela por el rapto de una mujer en Copiapó

En un trabajo coordinado con el Ministerio Público, personal de la Brigada Investigadora de Robos de Copiapó de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de dos ciudadanos extranjeros, de nacionalidad venezolana, que serían responsables de un secuestro extorsivo, además de un robo con intimidación y violencia en contra de una mujer, ocurridos en la capital de la región nortina.

De acuerdo a la información policial, uno de los dos detenidos es un exintegrante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana, un grupo de élite antisecuestros de su país.

La indagatoria fue desarrollada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos y el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Atacama, con apoyo de los funcionarios de la PDI.

Los antecedentes del caso fueron dados a conocer este miércoles en la audiencia de formalización de la investigación por los hechos.

“Ambos involucrados abordaron a la mujer víctima en el interior de un local de comida rápida en Copiapó a quien agredieron, sustrajeron especies personales y la subieron a un vehículo para mantenerla secuestrada por alrededor de dos horas, mientras le pedían información de un tercero que había participado del robo de un auto de uno de los participantes del secuestro. La víctima fue luego liberada en el sector de las tomas de Andacollo en esta ciudad. Todos estos antecedentes fueron aportados al fiscal de la Unidad Sacfi para ser presentados en la respectiva audiencia”, detalló el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, subprefecto Patricio Arévalo.

Arévalo indicó que a partir de las diligencias ordenadas por el fiscal de turno en horas de la madrugada del martes se realizaron distintas entrevistas y el análisis del sitio del suceso, pudiendo con ello determinar la participación de dos ciudadanos venezolanos en los hechos denunciados.

Por su parte, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama, Sebastián Coya, señaló que los hechos indagados comenzaron con el robo de un vehículo a uno de los imputados, quien junto al segundo detenido y a otros sujetos aun no identificados quisieron “hacer justicia por sus propias manos” ubicando el auto sustraído en el local de comida rápida.

Allí interceptan a una mujer que acompañaba a la persona que se había apropiado del automóvil y que se dio a la fuga.

“A pesar de que existe certeza que la mujer no tenía relación alguna con el robo, la agredieron, le robaron sus pertenencias y la subieron a un vehículo en contra de su voluntad por aproximadamente dos horas, mientras de manera paralela era extorsionada para que entregara información del autor del robo del vehículo. Acción que llevó a los detenidos a cometer dos delitos que acarrean penas de crimen y cuyas investigaciones fueron formalizadas, tales como el secuestro extorsivo y el robo con violencia e intimidación”, precisó el fiscal.

Como parte de los antecedentes conocidos en la audiencia se indicó que uno de los imputados contaba en sus redes sociales con imágenes en que vestía el uniforme del Conas de Venezuela.

“Frente a ello, los alegatos referidos a que desconocía que la acción que estaba cometiendo involucraba un delito no tiene lógica, pues esta persona se dedicaba en su país de origen a prevenir precisamente este tipo de ilícitos”, argumentó el fiscal.

En la audiencia el Ministerio Público presentó distinta evidencia reunida en esta etapa inicial de la causa, entre ella las imágenes de las cámaras de seguridad del local en que fue interceptada la víctima y que evidenciaron la participación de los detenidos en los delitos indagados.

Junto con ello, se argumentaron las declaraciones de la mujer afectada e informes de la policía que sustentaron la solicitud de la Fiscalía de Atacama en relación con privar de libertad a los imputados.

En su resolución el Juez de turno indicó que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público corroboraron la participación de los detenidos y decretó su prisión preventiva por considerarlos un peligro para la seguridad de la sociedad.

Se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.