Dictan inédita condena: por primera vez tres gendarmes son sentenciados por tortura al interior de una cárcel
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago determinó que los funcionarios penitenciarios sometieron a torturas a un recluso de la cárcel Santiago Sur, luego de que fuera agredido -incluso- con un arma blanca que más tarde provocaría que le amputaran un dedo. La investigación del Ministerio Público permitió determinar que los gendarmes también falsificaron instrumento público al emitir un informe que no se ajustaba a los hechos que realmente ocurrieron.
Este jueves, el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable de los delitos de tortura y falsificación de instrumento pública a tres funcionarios de Gendarmería. La decisión del tribunal capitalino se convierte en la primera sentencia bajo estos delitos en contra de funcionarios de esta institución y con una víctima privada de libertad. Lo anterior, tras la adecuación del 2016 de la normativa a los estándares internacionales.
Los condenados son los funcionarios C.F.R.S, M.A.C.M y M.A.M.S, quienes fueron acusados por el Ministerio Público de agredir a un recluso de la Cárcel Santiago Sur, o más conocida como la ex Penitenciaría. El tribunal determinó que todos los elementos que estipula el Código Penal para condenar por el delito de tortura en este caso se habían cumplido, ya que los condenados agredieron a la víctima con golpes de pies y puños, le lanzaron gas pimienta directamente al rostro y que además fue herido con un arma blanca en una de sus manos, lo que finalmente le provocó la pérdida de una falange de uno de sus dedos.
Además de aquello, el tribunal determinó que el daño provocando en contra del imputado buscaba castigarlo por haber tenido un conflicto con uno de los funcionarios. Y es que según detalles del caso, el 13 de mayo del 2020, el recluso discutió con el gendarme a cargo de la zona en la que estaba recluido, lo que generó que este último solicitara ayuda del resto de sus colegas, con quienes finalmente lo agredieron en una zona sin cámaras de seguridad.
La gravedad de los hechos, según estipulo el tribunal permitió determinar que la acción de los gendarmes correspondía a tortura, y no al de lesiones. Según se detalló en el tribunal, y ante la activación del Protocolo de Estambul por parte de la fiscalía, se determinó que la víctima no sólo había sufrido lesiones físicas, sino también psicológicas.
La directora del INDH -quienes denunciaron el caso inicialmente-, Consuelo Contreras, indicó que “los hechos que se han conocido dan cuenta de una actuación abusiva por parte de tres agentes del Estado, quienes agredieron violentamente a una persona que se encontraba bajo su custodia. Esta es la primera condena por el delito de torturas dentro de una cárcel chilena, la tortura es una realidad y esto constituye un llamado de atención acerca de las condiciones en que las personas privadas de libertad deben cumplir sus castigos en nuestro país”.
Una investigación compleja
El fiscal del caso, Marcelo Leiva, señaló a La Tercera que este caso fue una compleja investigación, ya que los tres funcionarios de Gendarmería “fueron los únicos testigos presenciales de los hechos en que participaron y para ocultarlo y justificar la amputación de parte de los dedos de la víctima, elaboraron una versión alternativa que indicaba que la víctima los había intentado agredir con un tubo de PVC y que al forcejear con éste, ella misma se había autolesionado. Esta versión fue incorporada en un parte denuncia formal, el que fue enviado con varias semanas de demora a la fiscalía. Considerando ello, no fue posible recuperar las imágenes de videograbaciones de los distintos lugares donde ocurrieron los hechos, ni tampoco poder contar con el tubo de PVC indicado, para realizar pericias en el mismo”.
Pese a lo anterior, el persecutor sostiene que sí pudieron contar con la declaración de la propia víctima y de los internos, “quienes pese a estar privados de libertad y bajo el custodia de Gendarmería, lograron transmitir a familiares de la víctima lo sucedido, lo que permitió que mediante la injerencia tanto de la Defensoría Penal Pública Penitenciaria, como del Instituto de DD.HH, se pudieran recopilar diversos antecedentes probatorios, que en definitiva lograron acreditar los hechos por los cuales se acusó a estos miembros de Gendarmería de Chile.
Finalmente, Leiva destaca el apoyo del Servicio Médico Legal y del Colegio Médico, quienes permitieron a través pericias realizadas por sus funcionarios que los jueces llegaran al convencimiento de la forma en que ocurrieron los hechos.
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