Un grupo diverso de diputados presentó un nuevo proyecto que busca modificar la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, en busca de prohibir las carreras de perros en todo el territorio nacional y, además, estableciendo sanciones para los organizadores y participantes de esta actividad.

El texto ingresado durante la jornada de este martes, instaura modificaciones a la también conocida como Ley Cholito y agrega un artículo único que establece que se prohíba “toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en el territorio nacional”, agregando que “quienes organicen y participen de ellas, serán castigados con las penas de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 40 UTM, quedando además con la pena accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales”.

Además, para quienes las promuevan, faciliten o difundan por cualquier medio, serán castigados con multa de cinco a 20 UTM.

Los legisladores que firmaron la propuesta fueron Tomás Hirsch (AH), Ana María Gazmuri (AH), Andrés Celis (RN), Camila Musante (IND), Catalina Pérez (RD), Daniella Cicardini (PS), Vlado Mirosevic (PL) y Carolina Marzán (PPD).

Entre los fundamentos del proyecto, se menciona que “urge revisarla forma en que nos relacionamos con nuestro entorno y, en especial, con aquellos seres que, como nosotros, también pueden sentir dolor y sufrimiento. En el caso de los animales, existe una serie de prácticas y actividades que actualmente son organizadas por los humanos y que implican explotación y violencia en contra ellos”.

Al respecto, el diputado de Acción Humanista y autor del proyecto, Tomás Hirsch, aseguró que “hace un poco más de un año se votó un proyecto que presentamos para prohibir las carreras de perros. Esa iniciativa fue rechazada, pero por sólo dos votos”.

“Hemos vuelto a presentar este proyecto porque estamos convencidos que si queremos mirar al futuro como un país en el que se respeten los derechos de los animales, tenemos que entender que son seres sintientes y nuestros compañeros de ruta, porque actualmente con las carreras se les genera daño, dolor, sufrimiento y muerte”, agregó Hirsch.

A su vez, el diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, manifestó que “lamentablemente, aún en nuestro país existen personas que tienen perros galgos no por amor, sino que solamente con el afán de explotarlos, de maltratarlos, de disfrutar por aquello y, por lo mismo, mi llamado es a los diputados de distritos rurales a que no le tengan miedo a perder votos frente a lo que es la crueldad, la explotación y el maltrato animal”.

Celis hizo la comparación con otras actividades prohibidas y afirmó que “la apuesta en nuestro país está prohibida, salvo aquella autorizada por ley. Entonces, es claro y preciso, no a la crueldad, no a la explotación, no al maltrato animal y eso es lo que busca este proyecto de ley y espero que aquellos parlamentarios, en especial los de Chile Vamos, apoyen este proyecto y no miren la parte electoral”.

Desde las ONG de protección animal valoraron la propuesta legal. Francisca Ugalde de la fundación de Abogados por los Animales (APLA), aseguró que “este proyecto se enmarca en la necesidad que ha manifestado la ciudadanía de proteger los intereses y derechos de los animales no humanos, que se reconocen como seres sintientes y que tienen consciencia”.

“Buscamos prohibir todas las conductas relacionadas a las carreras de perros, donde se involucra el maltrato animal: desde la cría y reproducción indiscriminada, utilización de estupefacientes para aumentar el rendimiento durante las carreras, y lo relacionado a lo posterior: el abandono y muerte de estos animales cuando ya no los necesitan”, añadió Ugalde.

En tanto, Daniel Pacheco de la Fundación Galgo Libre, comentó que “creemos que este proyecto es una instancia muy importante para modificar la Ley de Tenencia Responsable para prohibir las carreras de perros y sancionarlas. Esperamos que el nivel de abuso, crueldad y explotación que sufren los perros en Chile puedan ser sancionadas. Es importante el apoyo de todos a este proyecto de Ley”.

La propuesta legal se da luego de que se cumpliera un año desde el rechazo de una iniciativa similar, pero que buscaba modificar la Ley de Protección Animal, donde se establecían la sanción del presidio menor en su grado mínimo -de 61 a 540 días- y una multa de hasta $ 1.500.000.