Dos meses desde el estallido: la violencia comienza a ceder

Un total de 2.537 eventos de violencia graves, 1.362 civiles lesionados, 3.042 policías y efectivos de las Fuerzas Armadas heridos, 25 estaciones de Metro incendiadas, cuatro informes internacionales sobre la situación de los derechos humanos en el país, un cambio de gabinete, una marcha de 1,2 millones de personas en Santiago, ocho días con toque de queda en la capital, un exministro de Estado acusado constitucionalmente y un acuerdo político para que los chilenos decidan si quieren cambiar la Constitución.

Estos son algunos de los hitos ocurridos en el país desde el pasado 18 de octubre, fecha en que comenzó el estallido social gatillado por un alza de $ 30 en el Metro y que hoy alcanza los dos meses. Desde ese viernes hasta la fecha han ocurrido cerca de 2.500 eventos graves -que incluyen saqueos, incendios, destrucción de propiedad privada y pública, entre otros-, los cuales, con el pasar de las semanas, han registrado una tendencia a la baja (ver infografía). Si el día uno de la crisis hubo 92 eventos graves, cuyo peak fue el 21 de octubre, cuando se registraron 350, la cifra en los últimos dos días ha llegado a dos.

Uno de los últimos eventos de estas características ocurrió hace cinco días en la comuna de Santiago. Alrededor de las 17.45, un grupo de manifestantes atacó a un funcionario de Carabineros hasta que este perdió el conocimiento. Según la querella que presentó el Ministerio del Interior por el delito de homicidio frustrado, un encapuchado "golpeó de forma muy violenta a un carabinero que se encontraba en el suelo, propinándole diversas patadas en su rostro y su dorso, en compañía de otros sujetos, a tal punto de dejarlo inconsciente por unos momentos".

Otro de estos eventos ocurrió durante la jornada de este martes. Carabineros detuvo a seis personas que participaron de una manifestación organizada por el movimiento No+Tag. La protesta se inició en Pudahuel y terminó cerca del Parque Arauco, lugar en donde bloquearon el tránsito. En ese momento, la policía uniformada los detuvo y los manifestantes serán investigados bajo la figura de Ley de Seguridad del Estado.

El intendente de Santiago, Felipe Guevara, comentó que "hay varias cosas sorprendentes, la virulencia de algunos actos, por ejemplo, el atacar a bomberos, iglesias, hospitales, como lo que pasó en Antofagasta. En cualquier pugna social hay ciertos principios, los hospitales e iglesias no se atacan. Son cosas que no habían pasado antes en Chile". La autoridad regional se refiere al ataque que sufrió una unidad de medicina nuclear en Antofagasta, cuyos equipos, para evaluar pacientes con cáncer, fueron destruidos por una turba.

El intendente, además, destacó que con el paso de las semanas la violencia ha ido disminuyendo sostenidamente. "Tenemos, desde luego, menos violencia, es una tendencia que se viene marcando hace rato, hemos tenido mucha gente en la calle, por ejemplo, el viernes con Los Bunkers tuvimos 22 mil personas, pero sin violencia", dijo Guevara.

Otra de las instituciones que han sido golpeadas por estos hechos ha sido el Poder Judicial. Según la Corporación Administrativa del organismo, 97 tribunales y dependencias judiciales han registrado daños y, de acuerdo a los primeros cálculos, la reparación de esta infraestructura implicaría más de $ 3 mil millones.

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, asegura que "la respuesta del Poder Judicial ha sido muy buena frente a las situaciones que se han producido en esta crisis". Cisternas destacó la labor que han realizado los jueces de garantía. "Ellos son la primera línea, han logrado despachar todo en plazos muy oportunos e incluso se han constituido en lugares para cumplir con su función de amparar las garantías que les corresponde tutelar", afirmó el magistrado.

En estos dos meses, el INDH ha sido otra de las instituciones que han obtenido protagonismo. Sus funcionarios, uniformados con chaquetas de color amarillo, se han desplegado por el país observando las eventuales vulneraciones de derechos cometidas por personal uniformado. "Hemos estado día y noche en comisarías, verificando las condiciones en que se encuentran las personas detenidas y velando para que se respeten sus derechos", asegura el director del organismo, Sergio Micco.

La institución, dice el directivo, ha "estado monitoreando lo que pasa en la calle para que se respete el derecho de manifestarse en paz y que se respeten los protocolos de uso de la fuerza pública". En estos dos meses el INDH suma casi 800 acciones judiciales.

En estas semanas de crisis social también se instaló el debate sobre los elementos que ocupa Carabineros para el control del orden público. Así fue que se criticó el uso de la escopeta antidisturbios, que según las denuncias sería la responsable de que más de 300 personas resultaran con lesiones oculares. En este sentido, el último informe del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU criticó la labor de Carabineros en el manejo del orden público y control de protestas.

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