Dudas sobre el financiamiento complican la discusión del proyecto de salud mental del gobierno

Cuando asumió el gobierno del Presidente Gabriel Boric, las nuevas autoridades del Ministerio de Salud establecieron tres prioridades fundamentales: reducir las listas de espera, avanzar en la reforma al sistema de salud y abordar de manera concreta mejoras a la atención en salud mental. En este último ámbito, el Mandatario cumplió lo prometido el 18 de julio con el ingreso del proyecto de Ley Integral de Salud Mental, cuyo objetivo es mejorar la calidad y oportunidad de atención en la red de salud, promover la inclusión social y garantizar el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas.

En específico, el proyecto propone avanzar en la salud mental como política pública, estableciendo un Comité Interministerial para crear y ejecutar la Política Nacional de Salud Mental. Además, refuerza el rol de instituciones como la Superintendencia de Salud y las corporaciones de Asistencia Judicial para garantizar derechos y supervisar el cumplimiento de las normativas. También impulsa la inclusión social y el acceso a servicios de calidad cercanos a las comunidades, integrando cuidados de salud mental en toda la red sanitaria.

Así, el 8 de agosto recién pasado se inició la discusión de la propuesta en la Comisión de Salud del Senado y este mes los parlamentarios aprobaron la idea de legislar. Eso sí, acordaron pedir permiso a la Sala para estudiar en general y particular, a la vez, el proyecto.

Y aunque coinciden en que la iniciativa es necesaria, durante una de las últimas sesiones en las que se debatió el mensaje presidencial los senadores Javier Macaya (UDI) -presidente de la instancia- y los integrantes Ximena Órdenes (PPD) y Juan Luis Castro (PS) admitieron que este texto “no los satisfacía”, por lo que era necesario que “el Ejecutivo introduzca indicaciones que aterricen las declaraciones que se hacen para que no queden en solo buenas intenciones”.

“Es un proyecto de ley necesario, pero todavía le falta para ser un proyecto de ley que mejore el acceso a la salud mental en Chile”, señala a La Tercera el senador Castro. “Actualmente hay 35 mil pacientes en listas de espera para salud mental y un déficit de camas para tratar estos trastornos. Por lo tanto, un proyecto que llega sin el financiamiento especial, sino que sometido a las reglas del presupuesto anual, es difícil que logre cerrar las brechas de acceso”, agregó el legislador, develando la principal traba de la discusión.

El también senador Sergio Gahona (UDI) comparte el reparo: “Es una ley que fija principios y políticas relacionadas con la salud mental y todos sabemos las dificultades que enfrentamos en ese ámbito, por eso proyectos como estos son necesarios, pero no considera ningún presupuesto adicional a lo que ya hay”, expresó.

Quien ha liderado la coordinación desde el Ministerio de Salud para impulsar esta iniciativa -que también contó con la participación de los ministerios de Justicia, Interior, Educación, Desarrollo Social, Trabajo y Vivienda y Urbanismo- fue la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien además ha encabezado la discusión parlamentaria.

La autoridad explica que ya hay conversaciones en curso para enviar modificaciones al proyecto: “El Ejecutivo y los asesores parlamentarios de la Comisión de Salud se encuentran desarrollando trabajo legislativo en el marco del plazo para ingreso de indicaciones. En esta instancia, el Ejecutivo se ha manifestado disponible a escuchar y dialogar indicaciones ante las solicitudes explícitas de los parlamentarios”, apuntó Albagli.

También detalla que “sabemos que existen dudas y preocupaciones desde el Congreso y es algo normal dentro del debate legislativo. Como gobierno estamos disponibles para aclarar estas dudas, explicarlas y trabajarlas conjuntamente. Este proyecto de ley busca generar condiciones que realmente cambien el financiamiento y la respuesta en salud mental a nivel nacional, y no solo soluciones a corto plazo”.

Respecto al financiamiento, la subsecretaria cuenta que el informe financiero del proyecto de ley destina recursos para servicios de atención directa a personas en condiciones más vulnerables, priorizando a quienes requieren mayor apoyo. Además, se contempla el financiamiento de asistencia legal para personas con discapacidad mental o bajo hospitalización involuntaria, junto con el fortalecimiento de la fiscalización de los prestadores de salud, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de derechos en la atención de salud mental.

Para la discusión del proyecto, la comisión recibió al director del Instituto Iberoamericano de Reducción de Daños, el psicólogo y exdirector social del Hogar de Cristo, Pablo Egenau, quien aseguró que en Chile existirían 30 mil pacientes siquiátricos, de los cuales solo el 5% recibiría tratamiento.

En ese contexto, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) asegura que es una buena señal que se haya aprobado la idea de legislar, y destaca que “la iniciativa busca promover la salud mental como política de Estado, resguardar las necesidades de las personas con trastornos o enfermedades mentales, con o sin discapacidad psíquica o intelectual; el respeto a la dignidad y los derechos humanos, promoviendo la autonomía, inclusión social y avanzando en la desestigmatización”.

Mientras, la subsecretaria Albagli explica que para lograr los objetivos del proyecto se busca “implementar una nueva coordinación institucional destinada a asegurar acciones de todos los organismos del Estado en materia de salud mental, bajo el paradigma salud mental en todas las políticas”.

También afirma que la iniciativa “promueve y protege la salud mental, moderniza otros marcos normativos ya existentes, y resguarda que los servicios sanitarios que atienden a las personas tengan la organización en el territorio nacional que se recomienda internacionalmente y que sea lo más costo-efectiva posible”.