El crítico informe UDP sobre derechos humanos en La Araucanía

Cinco son las recomendaciones que contiene el capítulo sobre Pueblos Originarios del Informe de DD.HH. de la U. Diego Portales, que se dará a conocer esta semana. En el documento -que aborda los principales avances y retrocesos en esta materia durante el periodo que se revisó (junio de 2019 a agosto de 2020)- plantea como primer punto la implementación de escaños reservados para la convención constitucional, “que permita la representación de todos los pueblos indígenas en el proceso, en un número adecuado conforme el Censo 2017”, y sugiere que dichos cupos deben añadirse, no restarse de los miembros de la convención.

Como segundo punto, el documento plantea “revisar la política de seguridad pública llevada adelante por el gobierno con miras a garantizar la no discriminación y la igualdad ante la ley”, a lo que se suma “llevar a cabo medidas urgentes para cambiar los protocolos sobre actuaciones de Carabineros en territorios indígenas, modificándolos para su adecuación a los estándares de derechos humanos”.

En el cuarto lugar, el informe de DD.HH. propone “realizar acciones urgentes y concretas para terminar los abusos policiales que se han reportado contra comunidades indígenas, en especial respecto de los niños y niñas mapuches”, y llama a “abstenerse de utilizar la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y revisar el proyecto de ley, actualmente en trámite, para su adecuación a lo señalado por organismos internacionales de derechos humanos”.

Dichas recomendaciones cierran las 25 páginas en las que se analiza la situación en La Araucanía y se pone especial énfasis en el recrudecimiento de la violencia durante el período investigado, aun cuando plantea que “la complejidad de la relación entre los pueblos indígenas con el Estado chileno es muy profunda, tal como hemos constatado en informes anteriores, y ha estado marcada por la desconfianza por el incumplimiento de los acuerdos y promesas y la falta de entendimiento mutuo”.

Una de las principales conclusiones del estudio sostiene que “las fuerzas policiales no son capaces de enfrentar el conflicto de manera eficiente y adecuada, mostrando un trato discriminatorio respecto de los diversos actos de protesta con un fuerte énfasis en la represión de la protesta social mapuche, actuando con fuerza desmedida y no proporcional, contando, además, con el respaldo del gobierno”.

En ese sentido, sostiene el informe de la UDP, el Ejecutivo ha enfocado su gestión en la zona en una “agenda de seguridad pública” y ha dejado de lado el diálogo con las comunidades mapuches para iniciar un camino de reparación y convivencia con el Estado. Eso sí, destacan, “solo respecto del acuerdo con el machi Celestino Córdova se puede señalar que, tras una larga huelga de hambre y producto de la presión de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se pudo lograr un acuerdo satisfactorio respetuoso de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

El capítulo sobre pueblos originarios advierte que el ambiente en la zona podría empeorar y cuestiona el actuar de La Moneda en ese sentido.

El empeño del gobierno por militarizar la zona, enfrentando el conflicto con una política basada solo en la seguridad pública y la creación de nuevas leyes penales, y no desde la mirada de un diálogo político intercultural, no permite avizorar una salida próxima al conflicto.

Informe UDP

Para la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, el problema es que los gobiernos han fallado en intentar resolver un problema que es político y de antigua data, con un enfoque basado en la respuesta penal y seguridad pública. Esto ha radicalizado la protesta, a juicio de la abogada, e impedido el diálogo.

Sin embargo, dice la académica, la posibilidad de incluir la demanda del pueblo mapuche y los pueblos originarios en el proceso constituyente es una oportunidad para cerrar heridas. “Es necesario incluir al pueblo mapuche en la discusión de este proceso constituyente. Por ejemplo, el lonko mapuche no se sumó al estallido, el mundo mapuche miró desde lejos, porque su tema sigue siendo el reconocimiento de sus demandas como pueblos originarios, su posibilidad de participación en los procesos políticos y en el control del territorio y recursos naturales”, dice, y advierte que es imperativo comenzar a solucionar el conflicto, pues también se puede dar un estallido en la región.

Otro de los temas que aborda el informe es la aparición de actos de carácter racista en la zona. En ese punto, plantea que el Estado debe poner freno a ese tipo de comportamientos.