El día después de los presos

Primero fue una intuición. Luego, las cifras confirmaron la necesidad de profundizar en el fenómeno: en los 11 meses que van del año, 18.682 condenados dejaron las cárceles luego de cumplir sus sanciones o recibir algún beneficio. Un promedio de 56 presos que cada 24 horas dejan sus celdas para emprender una nueva vida en libertad. Y aunque la cifra era conocida en Gendarmería, con los datos en la mano una interrogante se instaló en el mando de la institución. “¿A qué comunas llegan los internos que ya cumplieron sus condenas?”.

Aunque parece una pregunta simple de responder, en Gendarmería nunca hubo certeza sobre este punto. Hasta hoy.

Fue a través de un estudio encargado por la institución carcelaria al Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), que el big data por primera vez se abrió paso entre las caletas y los patios de los penales más complejos del país. El objetivo del análisis era crear perfiles de los reclusos y sus redes criminales, analizar el nivel de peligrosidad de los internos que dejaron las cárceles o lo harán prontamente y, lo más relevante, hacer un mapa para georreferenciar dónde registran sus viviendas una vez que cumplen sus penas, para trabajar en conjunto con municipios en planes de reinserción laboral.

El análisis de los grandes volúmenes de datos que mantenía almacenado Gendarmería desde hace 15 años hasta la fecha permitió a la casa de estudios estimar que tres de cada cuatro reclusos (75%) que cumplen condena entregó información real sobre su lugar de residencia, el mismo donde, una vez cumplida su pena, se trasladará para vivir.

Lejos de estigmatizar a las comunas y sectores, el director nacional de Gendarmería, Christian Alveal, se apresura en aclarar que el trabajo analítico busca entregar antecedentes concretos a los alcaldes para “informar cuántos internos saldrán de las cárceles en un período determinado y, así, entre otras cosas, ampliar la oferta laboral de quienes buscan reinsertarse”.

La implementación de nuevas herramientas significó una transformación digital para analizar el comportamiento de todos los internos que están recluidos en las 83 cárceles que controla Gendarmería a nivel nacional. Sobre todo los que están prontos a dejar los recintos carcelarios. La razón de fondo son los altos niveles de reincidencia, como mostró un estudio de 2019 elaborado por la institución carcelaria, que evidenció que un 42,9% de quienes cumplen su pena vuelve a la cárcel dentro de los primeros tres años de libertad.

Para el estudio se consideraron variables como el comportamiento que tuvo el condenado dentro de la cárcel, su nivel de peligrosidad, sumado a los planes de intervención en materia de adicciones (drogas, alcohol, entre otros), las cuales fueron cruzadas con los niveles de educación de cada sector. El resultado del cruce dio forma a un mapa de georreferenciación que muestra las zonas donde se concentran los convictos que dejan las cárceles, la vulnerabilidad que existe en el sector donde residen, comparado con el nivel de escolaridad del sector, y su nivel de “dificultad de reinserción”. El fin del cruce, refuerza Alveal, “es que los municipios se hagan parte de la reinserción. No porque un municipio no tenga una cárcel dentro de su comuna no tienen vínculos directos con los internos que están saliendo de las cárceles”.

El estudio de la UAI entregó herramientas para que Gendarmería continúe realizando estos mapeos. “El análisis cartográfico muestra un alto grado de correspondencia entre patrones de densidad de residencias de usuarios del sistema penal y de segregación socioeconómica. Esto es particularmente notorio en el Gran Santiago, donde este fenómeno cubre comunas casi completas, lo que muestra una geografía de reproducción criminal y sugiere altas dificultades de reinserción”, detalla una de las conclusiones del informe. De ahí, dicen en Gendarmería, surge la relevancia de anticiparse a los egresos de reclusos con alto compromiso delictual y apoyar a quienes cumplieron con programas de capacitación, estudio o trabajo dentro de los penales.

Fernando Paredes es alcalde de Natales, en la Región de Magallanes, y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. A casi 1.935 kilómetros de distancia, el jefe comunal asegura que la información que espera proporcionar Gendarmería impactará directamente en los niveles de delincuencia de las comunas. Principalmente, dice, porque “cerrar el ciclo no es solo que alguien salga de la cárcel. Cerrar el ciclo es ayudarlos a buscar oportunidades laborales una vez que están afuera de la cárcel. Es bueno que sean los municipios los que cierren este ciclo con esta información”. Para Paredes, el acceso a los antecedentes son valiosos, ya que permiten focalizar los esfuerzos, incentivar contrataciones y, asimismo, estar preparados ante un aumento en la demanda de programas sociales.

Aunque es considerada información valiosa, estos antecedentes recopilados por Gendarmería tienen un alto nivel de sensibilidad y abren una nueva interrogante: ¿Qué pasa con los datos? Para Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, la protección de la información de los convictos que dejan las cárceles debe ser resguardada y su entrega a otros organismos debe estar claramente delimitada para evitar una divulgación innecesaria de estos antecedentes.

“Los datos que se les entregue a los municipios deben acotarse solamente para planes de reinserción y que no se vaya con esta información a estigmatizar o tratar de aislar o, incluso, perseguir para sacar de la comuna a las personas que ya hayan cumplido sus penas en la cárcel. Cumplir prisión tiene, lamentablemente, un estigma muy fuerte para las personas que han vivido esa situación, pero una persona que ya cumplió, claramente es un nuevo empezar”, asegura Precht.

Una de las áreas estratégicas que también abordó el estudio analítico fueron las redes criminales que tejen los reclusos condenados por delitos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico dentro de las cárceles. Tal es la relevancia de la información que, incluso, las conclusiones fueron exhibidas a la Fiscalía Nacional, Carabineros y la PDI, a fin de entregar insumos futuros en materia de prevención del delito y la seguridad pública.

Uno de los objetivos del estudio elaborado por la UAI era justamente generar evidencia para tomar decisiones respecto de la reinserción de convictos en sus comunas de residencia y, asimismo, generar una “caracterización de organizaciones que operan dentro y fuera de los recintos penitenciarios”.

De esta manera, detalla el informe, se analizaron mapas de relaciones que bordearon los 130 mil datos, que una vez depurados evidenciaron que, por ejemplo, 5.718 condenados tenían redes directas con otros presos en una o más causas judiciales. En palabras simples, vínculos dentro de la cárcel con sus compañeros de delitos.

Otro antecedente que cobró especial relevancia para los investigadores fueron las visitas en común que reciben los internos que cumplen condenas. En este ítem se detectaron 167.791 visitas en común para un universo de 24.749 reclusos.

El estudio realizado por la UAI no es el único cambio digital que implementó Gendarmería. En septiembre de 2018, la institución comenzó a elaborar softwares propios en distintas áreas. Uno de ellos permite medir los niveles de riesgo de cada una de las 83 cárceles del país y definir el momento para realizar allanamientos estratégicos. La segunda herramienta se creó en 2019 y modificó el antiguo sistema manual de sanciones y faltas para reclusos. Hoy, el nuevo sistema evita la discrecionalidad de los jefes de unidades penales para aplicar sanciones a los internos, ya que, tras cargar los datos requeridos, es el propio sistema el que recomienda una amonestación, con lo que se evita que estas sanciones sean revertidas por los tribunales. Solo este año se iniciaron 14.454 procesos sancionatorios en contra de reclusos que cometieron infracciones que van desde un motín a un intento de fuga.

Un tercer software, que se implementará desde este mes, modifica los antiguos criterios para calificar la conducta de los reclusos. De esta manera, ya no basta con que un interno no cometa una falta, sino que, a partir de ahora, por ejemplo se medirá su intención de integrarse a un programa de intervención especializada en tratamiento de drogas o alcohol, además de su rol activo en actividades laborales y de educación.