Empieza preparación de juicio por caso SQM y exgerente solicita cambiar domicilio para votar

La investigación por platas políticas más grande que registra la fiscalía, el lunes inició su primer día de preparación de juicio oral (APJO), tras cinco años desde su apertura.

El caso comenzó a partir de una declaración entregada en el marco del caso Penta por la cuñada del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, quien reconoció haber emitido a SQM una boleta en julio 2009 y que tenía como objetivo destinar fondos a campañas políticas.

Esto abrió la puerta para que se comenzara a investigar a la minera no metálica. La fiscalía detectó centenares de personas que declararon haber emitido boletas ideológicamente falsas a la empresa y que el dinero iba a parar a campañas políticas de partidos de derecha e izquierda.

La mayoría de los casos se cerraron, y hoy hay solo ocho personas ad portas de juicio. Uno de ellos es el exgerente general Patricio Contesse, para quien piden siete años por soborno y delitos tributarios.

También está acusado el exsenador UDI Pablo Longueira, por cohecho ligado a la ley de royalty minero. La fiscalía le pide 818 días.

A él se suman Marco Enríquez-Ominami y su exasesor Cristián Wagner. Para ambos el Ministerio Público pidió cuatro años por delitos tributarios.

El magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Leonardo Valdivieso, estableció el lunes el horario de funcionamiento, forma de desarrollo y tiempo de intervención de la audiencia, que se estima podría extender por seis meses.

La instancia se realizará a través de Zoom de lunes a jueves, entre 9.00 y 14.30 horas, con receso de 20 minutos a las 11.00, y cada abogado podrá intervenir por 10 minutos cuando deba exponer. La idea de establecer estas reglas es por un tema de economía procesal, es decir, que el proceso no se extienda más de lo necesario.

Asimismo, el tribunal determinó dejar sin efecto las medidas cautelares de Enríquez-Ominami, quien está con firma quincenal desde el 19 de octubre de 2016, y de Wagner. Esto, mientras se mantenga el estado de excepción. La razón que tuvo en cuenta el juez fue el “tiempo excesivo que lleva firmando”, dijo el abogado de ME-O, Octavio Sufán.

En el caso de Contesse, el magistrado modificó su domicilio donde debe cumplir su arresto domiciliario nocturno, luego de que su abogado, Samuel Donoso, explicara que debía viajar a Santiago a hacerse unos exámenes médicos y para votar en el plebiscito.

Sobre este punto, la fiscalía se opuso señalando que está acusado por un delito que merece pena aflictiva, por lo tanto, queda suspendido su derecho a sufragio. Sin embargo, el juez aceptó su petición de cambiar su domicilio, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

“En esta jornada se definieron una serie de reglas que están dirigidas a orientar la forma en cómo se va a llevar adelante el debate, la manera en que intervendrá cada uno de los acusados y acusadores en el juicio para el objeto esencial de esa audiencia que es examinar la prueba que en definitiva va a ser rendida en el juicio oral”, dijo la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

En tanto, Joanna Heskia, abogada de Longueira, señaló que “agradecemos la disposición del tribunal de buscar acuerdos para hacer más dinámica una audiencia que va a durar varios meses. Siempre buscaremos aquello que nos permita un juicio pronto y esperamos se pueda separar la causa de Pablo Longueira al final de la preparación del juicio, ya que la gran parte de los hechos no tienen nada que ver con él”.

El abogado Jorge Villalobos, defensor de la secretaria UDI Marisol Caviedes y de la exasesora de Longueira, Carmen Luz Valdivieso (ambas acusadas por delitos tributarios), dijo que “son criterios que todos hemos ido acordando para evitar que la audiencia se alargue más de la cuenta”. Agregó que el proceso podía durar entre tres y seis meses.