“Es imprescindible autorizar el uso de armas no letales a inspectores municipales”: alcaldes insisten por pistolas taser

Las peticiones que claman por más atribuciones para los inspectores municipales ante la crisis de seguridad no son nuevas ni de un sólo sector. De hecho, de tanto en tanto surgen nuevas iniciativas o puestas en escena para presionar por esto, tal como ocurrió este martes cuando tres alcaldes de la Región Metropolitana llegaron hasta el frontis de La Moneda para promover la autorización del uso de armas no letales para los agentes de seguridad municipales. La iniciativa, luego, fue respaldada por otros dos ediles a través de un texto conjunto y busca ejercer presión sobre el Ejecutivo y el Congreso para que apoyen esta medida.

“Hacemos un llamado urgente al gobierno y al Legislador: es imprescindible autorizar el uso de armas no letales por parte de los inspectores municipales. Esta medida debe estar acompañada de programas de capacitación rigurosos, que aseguren el manejo responsable y profesional de estas herramientas”, señala el documento firmado por los alcaldes Cristóbal Labra (San Joaquín - Ind.), Joel Olmos (La Cisterna - AH), Matías Toledo (Puente Alto - Ind.), Christopher White (San Bernardo - PS) y Mauro Tamayo (Cerro Navia - Ind.).

La presión de los ediles se concreta en respuesta a los recientes hechos de violencia registrados durante el fin de semana. Entre ellos, el ataque con arma blanca a una funcionaria de Carabineros durante un operativo en Puente Alto y una balacera en Peñaflor que cobró la vida de un menor de 11 años.

Uno de los alcaldes que primero se refirió al tema fue Toledo, quien expresó en Twitter: “Necesitamos que la seguridad municipal pueda utilizar armas traumáticas en casos donde su vida corra peligro”, enfatizó. Además, instó a reflexionar sobre el rol de las municipalidades en materia de seguridad: “¿Queremos que los municipios tengan equipos de seguridad o simplemente de mediación familiar?”.

En esa línea, el grupo de alcaldes acudió este martes a Palacio y pidió que se considere incluir pistolas taser. White, por ejemplo, reafirmó la necesidad de estas herramientas para enfrentar situaciones de violencia intrafamiliar, un problema frecuente en sus comunas. “Nos hemos puesto de acuerdo distintos alcaldes para solicitar al gobierno y al Parlamento que, así como se discute el uso de pistolas taser para Carabineros, estas también puedan ser consideradas para nuestros funcionarios de seguridad pública”, señaló.

Por su parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, subrayó que estas herramientas solo se usarían en contextos excepcionales. “No estamos diciendo que los funcionarios las usen indiscriminadamente, sino exclusivamente para protegerse en contextos de agresión. Hacemos un llamado al gobierno para que incorpore estos elementos de protección personal, garantizando así mayor seguridad tanto para nuestros funcionarios como para la comunidad”, indicó.

Por su parte, desde Cerro Navia, Tamayo refuerza que “es fundamental dotar tanto a Carabineros como a exuniformados de las fuerzas de orden, que hoy cumplen labores en la seguridad municipal, con implementos no letales, como dispositivos eléctricos de inmovilización temporal, u otros, que permitan controlar efectivamente a los delincuentes sin arriesgar su integridad”, asegurando al mismo tiempo una preparación y normativa para el uso de estos elementos.

En su carta los alcaldes también enfatizaron en la necesidad de avanzar en la ley de seguridad municipal, que busca otorgar mayor respaldo legal a los guardias municipales en caso de agresión. “Es fundamental contar con las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna y eficaz”, dice el comunicado. Y agrega que, no obstante ello, “el marco normativo que fortalece la seguridad municipal se sigue discutiendo en el Senado, sin prisa”.

Esta puesta en escena se dio en medio de algo que había confirmado este lunes el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán: el protocolo elaborado por Carabineros para el uso de dispositivos eléctricos de inmovilización temporal, conocidos como pistolas taser, se encuentra en revisión. Según explicó, “en febrero vamos a tener el protocolo completamente concordado y en marzo se inicia la implementación de su uso”.

La medida comenzará con un plan piloto que incluirá 30 dispositivos destinados exclusivamente a unidades territoriales y algunas especializadas, quedando excluidas las de orden público. Durán destacó que “este piloto permitirá establecer progresivamente las condiciones para su masificación en Carabineros”, y subrayó que las pistolas solo se utilizarán en circunstancias específicas, como situaciones de riesgo para la integridad física de las policías o de terceros.

El anuncio tuvo lugar tras el reclamo público del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien criticó la tardanza en la implementación de estas herramientas. Orrego aseguró que, de haberse autorizado antes, se podría haber evitado el reciente ataque en Puente Alto a la funcionaria de Carabineros. Asimismo, cuestionó que, a más de un año y medio de haberse propuesto esta medida, aún no esté operativa, especialmente “cuando en 115 países del mundo ya se utilizan”.

Ante estas declaraciones, Durán respondió con sorpresa, argumentando que el gobernador ya estaba al tanto del estado de avance del protocolo. “Nos parece que el gobernador está confundido o intenta hacer un punto político que no compartimos”, afirmó.

Cabe recordar que, en julio del año pasado, el Gobierno Regional liderado por Orrego destinó por su cuenta más de $ 200 millones a la compra de pistolas taser y a un plan para su implementación buscando presionar por la medida.