Estudio alerta escasa fiscalización en municipios: un 30% no realizó auditorías en el último año y tiene solo un funcionario en esa labor

Un estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh) y Chile Transparente reveló resultados significativos respecto a la escasa capacidad de fiscalización de las unidades de control de las municipalidades, cuyo rol en los municipios es garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y en los procesos administrativos. Estas unidades desempeñan un papel clave en la solución de las problemáticas ciudadanas.

Por eso es que los resultados de la investigación son especialmente preocupantes debido al creciente nivel de corrupción en los municipios. Actualmente, el Ministerio Público tiene abiertas 642 causas en todas las regiones del país relacionadas con delitos de malversación y fraude al Fisco, que involucran a alcaldes y funcionarios de gobiernos locales de todos los colores políticos, entre los que se cuentan el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (ex-RN), quien enfrenta un proceso por las Corporaciones Vita; la exalcadesa de Maipú Cathy Barriga (Ind.-UDI), que está con arresto domiciliario, y Daniel Jadue (PC), quien será formalizado por cohecho y fraude al Fisco.

El análisis mostró que estas unidades cuentan con un personal reducido, lo que ha llevado a una baja cantidad de auditorías realizadas entre octubre de 2022 y noviembre de 2023. Asimismo, se constató que pocas municipalidades cuentan con un presupuesto independiente para sus entidades fiscalizadoras.

El estudio se basó en una serie de solicitudes realizadas a través del portal de Transparencia a las 345 municipalidades de Chile, de las cuales 314 respondieron satisfactoriamente, representando el 91% del total.

Uno de los enfoques en el estudio fueron los recursos humanos en las unidades de control, donde se evidencia una importante debilidad en las unidades de control en cuanto a personal. Casi un tercio de ellas son unipersonales: un 29,9% de los municipios tiene solamente un funcionario a cargo de fiscalizar. Si bien el promedio nacional alcanza cerca de cuatro funcionarios, esa cifra contrasta con que el 44,9% de las unidades de control está compuesta como máximo por dos personas.

Asimismo, se llevó a cabo la caracterización de aquellas municipalidades con mayor y menor personal, subdividiéndolas por nivel de urbanidad y ruralidad.

En ese sentido, la comunas con alta urbanidad, entre ellas Las Condes, Recoleta o Santiago, promedian la mayor cantidad de funcionarios, con la menos diez. Donde aumenta la ruralidad, en tanto, el promedio de funcionarios baja, alcanzando a dos en promedio en comunas como Algarrobo o Nogales, coincidentemente involucradas hace poco en casos irregulares de uso de recursos municipales.

Uno de los problemas que vienen aparejados a la baja cantidad de personal en los municipios es la realización de auditorías que justamente evalúen a nivel administrativo el uso de los recursos municipales, una de las principales herramientas de las unidades de control para ejercer sus funciones de fiscalización.

En ese marco, el estudio develó que un 30% de las unidades de control de los 314 municipios que respondieron no realizó ninguna auditoría entre fines de 2022 y 2023.

En relación con el promedio de auditorías realizadas, esto varía en función de los grados de urbanidad y ruralidad de las comunas. En las primeras promedian entre cinco y seis, mientras que en las segundas la cifra es de dos en ambos años.

Finalmente, el estudio también abordó el factor presupuestario en las unidades de control en los municipios. Allí se identificó que el 66,9% de las unidades de control no cuenta con un presupuesto propio dentro del erario municipal. Es decir, apenas 78 municipalidades de las 314 que respondieron las consultas realizadas por Transparencia, dicen sí contar con estos recursos exclusivamente.

Además, se revela que las unidades de control tienden a no contar con vinculación con otros organismos públicos. Si bien el 63,1% dice tener vinculación externa, en el 90% de los casos esto es solo con la Contraloría General de la República (CGR) y sus contralorías regionales. Un reducido número -6,3%- menciona vínculos con otros organismos además de la CGR, como el Consejo para la Transparencia, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) o el Consejo de Defensa del Estado.

Las cifras de las que da cuenta el estudio, en todo caso, ya habían sido advertidas como fenómeno. Por ejemplo, el presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, afirmó a este medio que “los alcaldes han convertido a las corporaciones municipales en tierras de nadie, lo que ha dado lugar al aumento de la corrupción municipal”.

Ahora, el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa, explica a La Tercera que el diagnóstico aquí presentado es uno de los principales problemas de la fiscalización interna de los municipios. “Los datos muestran una debilidad de las estructuras de control. Uno de los principales problemas es el personal con pocas capacidades de controlar efectivamente la labor de los municipios y con una alta dependencia de las autoridades locales que imposibilitan una labor efectiva”, señala.