SWG Abogados, el estudio jurídico de Claudia Sarmiento, Elisa Walker y William García, representará a la exministra Maya Fernández ante la acusación constitucional que debe enfrentar en la Cámara de Diputados por la fallida adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende.
“Nuestro equipo efectuará las presentaciones correspondientes para aportar los antecedentes que en nuestra opinión jurídica desestiman los méritos del libelo”, señaló el estudio.
La nieta del fallecido exgobernante debió renunciar a la cartera de Defensa por el negocio que involucró también a su tía, la senadora Isabel Allende, al ser ambas parte de la sucesión familiar que iba a vender a Bienes Nacionales el inmueble, pese a estar impedidas constitucionalmente a celebrar contratos con el Estado.
En el Congreso, Fernández será representada por uno de los estudios favoritos del oficialismo, alejado de las esferas penales. Elisa Walker es DC y Sarmiento y García son socialistas.
Walker defendió a la exministra del Interior, Izkia Siches, en la acusación constitucional en su contra y Sarmiento a Giorgio Jackson en el frustrado libelo que intentó destituirlo. García, en tanto, fue el abogado del oficialismo en la fallida reclamación que hicieron los consejeros de izquierda ante la Corte Suprema en el proceso constitucional. El año pasado asumieron la representación de Comunes para revertir su disolución ante el Tricel.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra la exministra Fernández quedó conformada con una mayoría oficialista.
La arista penal
El caso comenzó a ser investigado penalmente ante una querella de la ONG Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el abogado Raimundo Palamara, excandidato constituyente por el Partido Republicano.
Siendo representadas por la abogada Paula Vial, la senadora Isabel Allende y Fernández, habían guardado silencio ante el fiscal Patricio Cooper, al ser citadas a prestar declaración como imputadas.
Fernández, sin embargo sí prestó declaración ante el fiscal, el martes 4 de marzo, en la antesala de que el Tribunal Constitucional revisara la admisibilidad de una presentación para inhabilitarla, que finalmente fue admitido a trámite. “No eludió ninguna pregunta”, dijo Cooper respecto a la diligencia que tuvo lugar en dependencias de la Fiscalía Nacional.
Cuando Fernández renunció a Defensa, el requerimiento de destitución que se presentó en su contra ante el TC fue retirado.
