Exalcalde de Algarrobo (UDI) ficha a abogado de Daniel Jadue y de administrador electoral de Karina Oliva
José Luis Yáñez fue formalizado por malversación de caudales públicos y cohecho, y se le apunta por la sustracción de más de mil millones de pesos desde las arcas municipales. Recientemente el Juzgado de Garantía de San Antonio fijó medidas precautorias sobre varios bienes.
Luego de pasar 32 horas prófugo, la noche del miércoles 22 de noviembre efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron al exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez (UDI), sindicado como protagonista de un millonario desfalco que afecta a dicha comuna de la Región de Valparaíso.
Desde ahí, y luego de ser formalizado por la fiscal Claudia Perivancich por delitos de malversación de caudales públicos y cohecho, el otrora jefe comunal ha permanecido en prisión preventiva, aunque recientemente fichó un nuevo abogado con miras a recuperar su libertad.
Como pudo constatar La Tercera, se trata del penalista Ramón Sepúlveda, reconocido por la representación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y por la de tres implicados en el caso de Karina Oliva. Entre ellos, defiende al exadministrador electoral de la otrora candidata a gobernadora regional, Martín Miranda.
La estrategia, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, incluye, en primer lugar, que a Yáñez se le reemplace la medida cautelar de prisión preventiva por una menos gravosa, aunque el camino lo tienen cuesta arriba. Esto, como ha insistido el Ministerio Público, porque su libertad constituiría un riesgo para la seguridad de la población.
Medidas sobre sus bienes
De acuerdo con antecedentes contenidos en la carpeta del caso, el pasado lunes 18 de diciembre el Juzgado de Garantía de San Antonio dispuso medidas cautelares precautorias de prohibición de celebrar actos o contratos sobre los bienes que están a nombre de José Luis Yáñez.
Esto, como se lee en la resolución, en atención a los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el perjuicio patrimonial que se ha podido acreditar -que supera los mil millones de pesos-, la prueba reunida “y entendiendo que se ha rebasado el humo del buen derecho, desbordando la evidencia expuesta la suficiencia para cautelar el resultado del proceso y el perjuicio sufrido por la víctima”.
Se ofició, por lo mismo, al Registro Civil para que realice las anotaciones correspondientes respecto de un vehículo Peugeot 3008 año 2022 que está a nombre de Yáñez, y en razón de un Chery Tiggo 3 año 2023 que está a nombre de Belén Carrasco Serrano, mujer con la que Yáñez mantuvo una relación amorosa.
Además, se determinó oficiar al Conservador de Bienes Raíces de Concón para que formalice prohibiciones de enajenar un departamento que el exjefe comunal mantiene en esa comunal, al igual que una bodega.
En el mismo sentido, se ofició al Conservador de Bienes Raíces de Quilpué para que tampoco se puedan celebrar actos sobre la parcela que Yáñez mantiene a su nombre en esa ciudad.
El caso
José Luis Yáñez fue detenido en el camino antiguo a Cartagena, comuna de San Antonio. Y como ya ha quedado en evidencia, la Fiscalía lo investiga por transferencias fraudulentas que habría realizado la tesorera municipal, Belén Carrasco, y que llegarían a los $ 1.069.383.196.
Según la fiscal a cargo, el exalcalde fue quien habría facilitado esa situación, en primer lugar, realizando una reestructuración al interior del municipio, designando a Carrasco a cargo de la tesorería.
Por lo demás, se ha podido establecer que Yáñez y Carrasco mantuvieron una relación de pareja en el mismo período en que se realizaron las transferencias fraudulentas. Vale decir, entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.
Como ha expuesto la persecutora, el exjefe comunal “consintió las reiteradas sustracciones de fondos” y también “hizo caso omiso” a la observación de la Contraloría Regional de Valparaíso en ese sentido. Todo esto, pese a que su obligación constitucional es “custodiar y salvaguardar los recursos públicos del municipio”.
En el marco de la indagatoria, Carrasco -que tiene siete meses de embarazo- fue formalizada por el delito de malversación de caudales públicos y también quedó en prisión preventiva.
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