Fijan audiencia para formalizar a Karina Oliva: será el 20 de diciembre
El Séptimo Juzgado de Garantía también fijó para el mismo día la formalización de otros 11 imputados por presunto fraude de subvenciones en el marco de su campaña por la Gobernación Regional Metropolitana.
El Séptimo Juzgado de Garantía fijó para el miércoles 20 de diciembre la audiencia para formalizar a Karina Oliva y 11 imputados más por presunto fraude en el marco de su campaña por la Gobernación Regional Metropolitana.
Así, el juzgado respondió a la solicitud hecha por el fiscal regional Sur, Héctor Barros, quien junto al investigador Milibor Bugueño, elevó la petición a casi dos años de que el otrora fiscal nacional Jorge Abbott ordenara la apertura de una investigación de oficio en contra de Oliva.
La formalización también incluirá a la expareja de Karina Oliva y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez; a su exadministrador electoral Martín Miranda, y a otros ocho exdirigentes de la colectividad perteneciente al Frente Amplio y miembros que trabajaron para la campaña: Camila Ríos Puebla, Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez y Luis Romero Golzio.
Se suma al listado de 12 imputados la hija de Ramírez, Ailine Ramírez Amaro, de 27 años.
A todos se les encausará por el delito de fraude de subvenciones, ya que el Ministerio Público constató graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña de Oliva.
A Martín Miranda, además, se le imputará infracción a la Ley de Gasto Electoral, por haber presentado antecedentes falsos en su rol de administrador electoral.
En tanto, a Camila Ríos y José Robredo se les formalizará por apropiación indebida de dineros provenientes del erario fiscal.
Los investigadores determinaron que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente había desembolsado en función de la campaña.
Entre otros elementos, los análisis y pericias dan cuenta de que la ONG copió informes de un estudio que Oliva y el partido, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria, para así recibir fraudulentamente un reembolso por parte del Estado de $120 millones.
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