Fiscal acusa que religiosos destruyeron evidencia de abusos sexuales

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, quien investiga los presuntos abusos sexuales que habría realizado el excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, así como los ilícitos de similares características imputados a la llamada "Cofradía de Rancagua", dio a conocer parte de los detalles que lo llevaron a citar como imputado de presunto encubrimiento en delitos sexuales contra menores a la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati.

En entrevista con el diario El País, el persecutor indicó tras las diligencias realizadas en estas causas, que incluyeron allanamientos a sedes eclesiásticas: "sabemos que religiosos destruyeron evidencia sobre abusos sexuales". Luego de estas actuaciones, el Ministerio Público pudo acceder a 90 investigaciones canónicas por abusos contra menores, realizadas desde 2007 a la fecha.

Dichas diligencias, además, permitieron a Arias pedir la detención de Muñoz, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Este último, por su cargo, era un hombre de confianza de Ezzati.

"Vamos a hacer un juicio histórico y espero que seamos capaces de establecer que si determinados obispos hubiesen cumplido con las debidas diligencias, se hubiese evitado una buena parte de los delitos de abusos sexuales contra menores cometidos por los religiosos chilenos", señaló Arias al periódico español. El persecutor, así, apuntó a las autoridades eclesiásticas que pudieron, eventualmente, haber omitido alguna denuncia.

"¿Quién es el responsable de una organización y de lo que ocurre en un territorio? El obispo. ¿Por quién pasan todas las denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? Por el obispo. Conocen los hechos durante todo el proceso", expresó el fiscal.

Con esto apunta, además, a una "cultura del encubrimiento dentro de la Iglesia Católica chilena, que ha posibilitado la comisión de delitos al interior de la organización", una situación que fue advertida por el Papa Francisco en su carta a los fieles enviada el 31 de mayo pasado, y que según Arias "abrió el camino para investigar".

Para Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del ex párroco del Bosque Fernando Karadima, las palabras de Arias no lo sorprenden, ya que se trata de antecedentes conocidos por las víctimas. Asimismo, destacó que el Ministerio Público se haya hecho parte de las investigaciones y "se haya puesto las pilas. Que ya no sea solo esta justicia paralela, de los que manejan el derecho canónico, sino que ahora sea el Estado chileno el que persiga hasta las últimas consecuencias a estos encubridores", dijo.

Mientras que la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, destacó que más allá de que la norma que obliga a una persona a denunciar un delito no incluye a sacerdotes, a su juicio, el no haber acudido a la justicia para poner en conocimiento los hechos "deja de manifiesto una infracción ética y que evidentemente involucraría o debiera involucrar responsabilidades de índole político de la Iglesia en este ámbito".