Fiscal general de Venezuela acusa a “agentes de Inteligencia” de Chile por crimen de teniente (R) Ojeda

Hasta el jueves 30 de mayo era todo risas y cordialidad en la Fiscalía Nacional, cuando los fiscales enviados por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, participaban de una reunión con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX) de la Fiscalía Nacional de Chile, Juan Pablo Glasinovic.

Se acordó colaboración, hubo foto de rigor y un “estamos en contacto”, incluso, luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, le diera un “portazo” a los fiscales venezolanos en sus pretensiones de compartirles información reservada de la investigación por el secuestro con homicidio del teniente (R) Ronald Ojeda.

Pues bien. Esa cordialidad no alcanzó a durar ni una semana, cuando durante la jornada de este miércoles 5 de junio, el fiscal general de Venezuela lanzó un verdadero misil hacia las autoridades chilenas, rompiendo todo tipo de protocolo y formalidad diplomática.

“Consideramos que el homicidio de Ojeda se trata de una operación de falsa bandera. Una operación que tenía como objetivo enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela, justo cuando ocurría un importantísimo acercamiento. Qué casualidad”, planteó en una conferencia de prensa, asegurando que en esa supuesta operación “pueden haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”.

En esa línea, afirmó que “efectivamente el móvil es político, pero no es el que se ha estado barajando en los medios chilenos y que la fiscalía chilena no ha querido desmentir ni corroborar”.

“Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países”, aseguró el fiscal.

Williams se refería también a la solicitud de colaboración de la Fiscalía, como también del gobierno chileno, para extraditar, en caso de ser detenidos, a dos de los sospechosos del crimen.

Se presume que Walter Rodríguez y Michael Villegas, dos de los sindicados como responsables del crimen, de nacionalidad venezolana, escaparon a su país de origen, tras el homicidio. Por eso Chile solicitó apoyo al gobierno de Caracas para su ubicación. El fiscal Héctor Barros, coordinador en la Región Metropolitana del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, sostuvo que el crimen “se organizó desde Venezuela”.

El Ministerio Público venezolano aportó información: entregó las fichas de antecedentes de Ojeda, como también de Rodríguez y Villegas, pero nada más. Hasta territorio nacional no llegó ninguna pista sobre la ubicación de los sospechosos, ni menos indicios de una eventual extradición. De eso no se habló ni antes y, al parecer, no se hablará nunca.

Así se desprende de las declaración del fiscal Williams, quien aseguró que “de ser detenidos en Venezuela, serán juzgados acá con base en las evidencias recabadas por la Fiscalía de Chile; que no entregó nada”.

Esto último es tal cual señaló el fiscal venezolano: ni el fiscal Valencia, ni el fiscal Barros compartieron información del caso con los investigadores foráneos, básicamente porque la investigación es reservada. Incluso, en una audiencia realizada el 4 de junio en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, se renovó el secreto por 90 días más.

El abogado querellante por parte de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, se refirió al cuestionamiento del fiscal Williams a la indagatoria nacional y sostuvo que “de los antecedentes que conocemos de la investigación que sigue siendo reservada, no contamos con antecedente alguno que diga que esta es una operación de inteligencia tramada en Chile o por terceras agencias. Es una declaración que lamentamos que, por una parte sostienen que deben seguir colaborando, pero por otra reclaman que Chile no quiere entregar la información”.

Por la tarde, el canciller Alberto van Klaveren se refirió a las declaraciones realizadas por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, las que calificó como “inaceptables” e “incomprensibles”.

“Las declaraciones del fiscal general venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden”, afirmó Van Klaveren. Y añadió que “estas declaraciones son incomprensibles, ya que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena. Esa es la colaboración que estamos exigiendo y es lo mínimo que podemos demandarles”.

Respecto de la negativa de Venezuela a una eventual extradición de los sospechosos del crimen de Ojeda, con el fin de juzgarlos en los tribunales chilenos, el canciller indicó que “lo de la limitación respecto a la extradición no es nuevo, pero existe otro mecanismo establecido que permitiría juzgar en Chile a estos criminales”.

Sin embargo, el secretario de Estado destacó que “lo central en este minuto es que estos delincuentes, quienes, tal como dijo el fiscal (nacional, Ángel) Valencia, se encuentran en territorio venezolano, sean detenidos. Con eso podemos empezar a acordar cursos de acción”.

Asimismo, el jefe de la diplomacia chilena aseguró que desde el gobierno no pretenden romper relaciones diplomáticas con Venezuela, sino que, por el contrario, obtener colaboración de sus autoridades. “No es nuestra política favorecer el rompimiento de relaciones diplomáticas; lo que nos interesa es obtener colaboración, la que sería más difícil si no tenemos representación en Venezuela”, destacó.

Sin embargo, destacó que “los cursos de acción diplomáticos siempre están en evaluación y agotaremos todas las instancias para aclarar este horrible crimen”.

También se refirió al tema el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien, en entrevista con 24 Horas, señaló que “en Chile somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de la autonomía del Ministerio Público y de la independencia del Poder Judicial. En Chile no se especula sobre casos judiciales. Lo que corresponde es que las instituciones actúen y quienes participamos del debate público solo tenemos opinión una vez que los antecedentes se entregan públicamente luego del resultado de una investigación. Este es un país que respeta sus instituciones y que no está acostumbrado a la especulación judicial”.

Cordero también cuestionó la visita de los fiscales venezolanos a Chile para conocer la causa que se mantiene como reservada, a propósito de que Tarek William Saab criticó a la Fiscalía Nacional por negarles acceso a la carpeta. “Las colaboraciones en las investigaciones criminales en el mundo, en América Latina, en los países de Iberoamérica, están regladas. Tienen canales institucionales a través de los cuales se realicen. Y no se formulan mediante visitas turísticas”, sostuvo.

Luego, el titular de Justicia cerró diciendo que “relaciones informales para efectos de investigación no corresponden. Esto está expresamente regulado. El Estado de Chile, el Ministerio Público, lo ha requerido a través de la instancia que corresponde, que es la Cancillería. Relaciones informales en investigaciones penales no existen. Para eso existen las colaboraciones institucionales”.b

El fiscal nacional, Ángel Valencia, quien estaba en el Congreso cuando ocurrieron los dichos de su par venezolano, aseguró que “se enteró por la prensa” de esta hipótesis y sostuvo que “solo quisiera hacer presente que llevar adelante una investigación en Venezuela por hechos que habían ocurrido en Chile, es un asunto que es propiamente de competencia de las autoridades venezolanas, no es un asunto de competencia chilena”.

Junto con esto, agregó: “Lo que esperamos, tal como en otras oportunidades, es que si la Fiscalía General de Venezuela ha podido recabar antecedentes que permitan esclarecer estos hechos que han ocurrido en Chile, por la vía de los conductos formales, estos nos sean remitidos para los efectos de poder enriquecer la investigación que hemos estado llevando adelante en nuestro país”.