Fiscal Moya: "No dejaré pasar esta imputación gratuita, que viene impregnada de afanes personales con la finalidad de tomar venganza"

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Sobre los dichos del capitán (r) Osses, quien lo acusa de avisar a Carabineros que serían allanados por la Operación Huracán, el persecutor afirmó que ello "dice relación con una estrategia de la abogada Marisa Navarrete, cónyuge del fiscal regional Emiliano Arias".


El fiscal de Rancagua Sergio Moya está molesto. A través de terceros se enteró esta tarde de que en el Juzgado de Garantía de Temuco el excarabinero Leonardo Osses, formalizado por la Operación Huracán, declaró en estrado que el persecutor avisó a la policía uniformada que el Ministerio Público allanaría la Unidad Operativa de Inteligencia Especializada (UIOE) de Temuco. Esto habría permitido a los policías borrar evidencia del caso en que se investiga la implantación de evidencia para inculpar a comuneros mapuches de atentados en La Araucanía.

La abogada de Osses es Marisa Navarrete, pareja del suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Este último fue denunciado por Moya por presuntas irregularidades en la tramitación de causas. Esto valió que se iniciara una investigación penal contra Arias y la semana pasada, en el primer interrogatorio contra el persecutor, este contraatacó y entregó a las autoridades un correo electrónico que Moya envió en 2017 al entonces jefe de la UOIE, Patricio Marín, en que daba instrucciones sobre cómo realizar un informe de Inteligencia. Esta nueva denuncia de Arias, a su vez, derivó en un hecho inédito en la historia de la Reforma Procesal Penal: que se dictara la orden de allanar la casa de un fiscal. Esta residencia correspondió a la de Sergio Moya.

Esta pugna ha derivado en una de las mayores crisis en el Ministerio Público, en que el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió intervenir la Fiscalía Regional de O'Higgins.

Desde hace unos días Moya se encuentra de vacaciones. Pero al enterarse de los dichos de Osses, decidió explicar lo que -según su parecer- está ocurriendo.

El capitán (R) Osses declaró que usted les advirtió que la PDI allanaría la UIOE. ¿Eso es así?

Eso es absolutamente falso y absurdo. Prueba de ello es que cuando, por ejemplo, el mayor Patricio Marín declara ante el fiscal Carlo Palma (quien indaga la Operación Huracán), hace entrega de su celular, donde están todas las comunicaciones de WhatsApp y todos los correos electrónicos que intercambió conmigo. Por lo tanto, lo que plantea el capitán Osses, a quien yo vi solo una vez en Rancagua cuando le pedí una prueba empírica del funcionamiento de Antorcha, es absolutamente falso. No me cabe la menor duda de que esto dice relación con una estrategia de la abogada Marisa Navarrete, cónyuge del fiscal regional Emiliano Arias, quien hace una semana me denunció administrativamente por hechos relacionados con Huracán y ahora, una semana después, hace declarar a su imputado, manifestando afirmaciones falsas, carentes de fundamente, es francamente increíble. Además, si yo le hubiese recomendado a ellos borrar elementos de prueba o supuestamente les hubiera avisado de una incautación, la incautación que hizo la PDI a Carabineros, no habría sido tan exitosa como lo fue; en segundo lugar, no se habría generado resistencia por parte de Carabineros a la diligencia. Todos estos antecedentes fueron debidamente periciados y son el sustento de la investigación conocida como Huracán, donde yo incluso abrí una investigación de oficio por falsificación en contra de los miembros de la UIOE, por la arista que yo trabajaba con ellos, denominada Operación Andes.

¿Ese era su único vínculo con ellos, la Operación Andes?

Todo comienza el 5 de octubre de 2017, cuando me cita la Fiscalía Nacional a prestar una asesoría jurídico investigativa para ver los antecedentes recopilados en Huracán. Ahí yo conozco en profundidad la herramienta y como había pasado varios filtros de tribunales, de fiscalía, yo decido trabajar con ellos. Era una investigación por lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de 2012, que se denominó por ellos como Operación Andes, y que marca toda mi vinculación con este equipo investigativo por el lapso aproximadamente de tres meses. Tres meses, en los cuales en una sola ocasión vi al señor Osses, el día viernes 19 de enero de 2018, cuando les pedí una prueba de Antorcha, pues ya me merecía dudas, tras dos operativos frustrados.

El juez ordenó a la fiscalía recabar antecedentes que sustenten o desmientan lo que dijo Osses. ¿Usted está dispuesto a colaborar en eso?

Es que me parece ajustado a derecho lo que plantea el juez, porque ante una imputación de tal naturaleza es necesario esclarecerla. Yo ya estoy siendo investigado en Huracán, tengo dos sumarios administrativos en este caso, uno de ellos denunciado por Emiliano Arias, asesorado por su pareja, la abogada Marisa Navarrete, abogada del señor Osses. Por lo tanto, el juez tiene toda la razón en que se vaya a esclarecer lo dicho por el señor Osses y no me cabe la menor duda que quedará demostrado que es totalmente falso lo que manifiesta. Por lo demás, qué sentido tiene que lo diga 14 o 15 meses después de ocurridos los hechos, si no es favorecer una cuestión de carácter personal de su abogada que afecta a su cónyuge.

¿Esto le hace daño al sistema procesal, a la fiscalía?

Yo a estas alturas, cuando veo que sea hace una utilización del proceso, incluso de la situación de imputado por parte de la abogada Navarrete, para favorecer a su cónyuge Arias, incluso aportando antecedentes que son bastante cuestionables y que motivaron el allanamiento de mi domicilio, ciertamente uno se cuestiona hasta qué punto puede llegar una persona empleando a su representando y al sistema procesal, para lavarle la imagen a miembros de su familia.

¿No le dan ganas de irse del Ministerio Público con todas estas acusaciones cruzadas que han salido estos últimos días?

En ningún caso. Todo lo contrario: yo he sido fiscal por casi 19 años, 10 años en La Araucanía. He estado en causas muy complejas, pero el nivel de manipulación de personas, información, tribunales y carpetas investigativas que ha hecho uso la abogada Navarrete para favorecer a su pareja Arias, ya me parece algo fuera de serie.

¿Se refiere a la entrega que ella hizo de este correo que usted le mando a Patricio Marín?

Sí, porque por lo que a mí se me ha informado, esa casilla de correo y el celular de Marín ya estaban en la investigación, quien en enero o febrero de 2018 tenía como abogada a la señora Navarrete, y es Emiliano Arias quien también lo da a conocer como si fuera de fuente anónima, cuestión que también me parece absurda, pues menoscaba o mira en menos la inteligencia de las personas.

¿Interpondrá algún recurso, reclamo, después de esta declaración?

Yo me he enterado por trascendidos de esta declaración. Mi abogado pidió copia de la carpeta y seguramente pedirá copia de las actuaciones procesales en el tribunal de Garantía de Temuco. Luego de eso vamos adoptar decisiones en conjunto, pero ciertamente no dejaré pasar esta imputación gratuita, que viene impregnada de afanes personales con la finalidad de tomar venganza de hechos que denuncié en mi calidad de funcionario público, que yo pensé que podría traer consecuencias, pero jamás que se manipulara a personas, investigaciones y tribunales para este tipo de represalias.

¿El fiscal Palma fue manipulado también?

Eso no lo sé, no tengo ninguna información, ni para confirmarlo, ni para descartarlo.

Sobre el allanamiento a su casa, se habló mucho de los celulares, de unas cadenas de custodia por el caso del ministro de corte Emilio Elgueta. ¿Usted descarta cualquier tipo de irregularidad en lo que se encontró ahí?

Ese tema está absolutamente esclarecido según mi parecer. Personal de la Bridec de Rancagua me hace entrega a mí de una serie de especies con cadena de custodia debidamente rotuladas, selladas, en las cuales yo llamé personalmente señalando que las recibía para el traslado, el traslado a la Región Metropolitana con un oficio. En ningún caso se alteró la cadena de custodia y por lo demás no tiene nada excepcional que un fiscal traslade evidencia, el traslado de evidencia no se puede hacer ni enviarla por bus o por Chilexpress o por un algún otro tipo de encomienda, y si usted consulta muchos fiscales de regiones viajan con evidencia a la Región Metropolitana, la transportan por mano porque es la forma más eficiente, más rápida y más segura de evitar que se rompa la cadena de custodia. Por lo tanto esa cuestión no fue más que una exageración del abogado de Emiliano Arias.

El tema que también deslizó la defensa de Arias, la supuesta manipulación a la declaración a la expresidenta Bachelet en el caso Caval. ¿Usted ratifica que no hay nada irregular?

No, nada irregular. Lo único que le molestó al fiscal Arias es que no fuera él quien tomara la declaración y fuera un fiscal adjunto como lo fui yo.

¿Pensó que con su denuncia del 19 de abril que iba a quedar este nivel de escándalo y de los cuestionamientos que se le han hecho a la fiscalía?

No lo pensé, pero si ustedes revisan las circunstancias e incidentes que se han generado, en un 80 % han sido generados por Emiliano Arias orientado por su defensa, el señor Juan Andrés, y su abogada Marisa Navarrete.

¿Le da lástima para el Ministerio Público esta situación?

Por supuesto, porque lo que yo hice fue denunciar conductas irregulares de un superior jerárquico, eso no es fácil pero el estilo del fiscal Arias en este sentido ya es reconocido de manera pública y en cierta medida tampoco me sorprende.

¿Y que le hayan quitado las causas que llevaba usted?

No, eso me parece que son medidas adecuadas porque el hecho de que salgan de la región, sean conocidas por fiscales regionales, tanto el caso Iglesias como el caso Teatro de Rancagua, como el caso ministro de corte, sufrieron acá diversas circunstancias anómalas producto precisamente del afán de protagonismo del fiscal Arias y es bueno que estén en otras manos. Yo por mi parte hice mi trabajo inicial, establecí las bases de las imputaciones de los hechos a investigar y serán otros fiscales quienes continúen y en ese sentido las causas son de la fiscalía no de los fiscales, y no pueden ser empleadas para el provecho personal de la imagen de un fiscal en particular, como es lo que ha pretendido el fiscal Arias.

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