Fiscal regional de Tarapacá reporta aumento de los delitos de mayor connotación social en la región: “Enfrentamos un grave problema”

La exigencia por mayor seguridad en la Región de Tarapacá se ha visibilizado en protestas de vecinos que se han venido desarrollando desde el año pasado. Crímenes como el secuestro, extorsión y homicidio de un comerciante ocurrido el 6 de enero o el ataque que sufrió un efectivo de Carabineros durante una fiscalización en la playa Cavancha han generado un amplio debate en la región.

Al respecto, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, que finaliza su sexto año de gestión, en su cuenta pública telemática anual este viernes, acusó una “permeabilidad” de la frontera y la existencia de una migración “masiva y totalmente descontrolada” que han modificado “inevitablemente la criminalidad que conocíamos, con el surgimiento de organizaciones y bandas criminales extremadamente violentas”.

“El surgimiento de estas bandas ha sido sostenido y así, día a día, van ocurriendo nuevos hechos que nos sorprenden primero, pero desgraciadamente pareciera que uno tiende a ir poco a poco acostumbrándose. Esto es lo que no debemos permitir, nuestra región no puede perder la condición de zona segura y atractiva para vivir”, advirtió.

El fiscal dijo que pese a la pandemia de coronavirus y “no obstante las restricciones impuestas por la autoridad con motivos sanitarios, como el cierre de fronteras y restricciones de movilidad durante algún tiempo, estas no han influido en el desplazamiento de personas en nuestra región y contrario a lo que uno podría pensar por este motivo, durante este periodo se han incrementado los delitos de mayor connotación social, agregándose nuevos fenómenos criminológicos de gravedad”.

Raúl Arancibia informó que “durante el año 2021 apreciamos un aumento significativo del delito de homicidio, tanto consumado como frustrado, utilizando en su mayoría armas de fuego, muchos de estos cometidos en zonas de marginalidad social”.

Asimismo, el jefe del Ministerio Público en Tarapacá sostuvo que “las características de nuestra región han favorecido la proliferación de fenómenos delictuales propios de zonas fronterizas. Así, a los habituales delitos de contrabando o tráfico de drogas se suman el aumento considerable del delito de trata y tráfico migrantes, el tráfico de armas y con ello el auge de delitos asociados al crimen organizado, lo que se ha transformado en un problema recurrente y que se agrava por la permeabilidad de nuestras fronteras, favoreciendo el masivo aumento de la migración irregular”.

“Creo firmemente que todo esto se puede remediar y todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero solo será posible cuando todos sinceremos y reconozcamos que enfrentamos un grave problema, que requiere de una política de Estado que vaya más allá del gobierno de turno”, agregó.

En su cuenta pública, el fiscal indicó que en 2021 se recibieron un poco más de 32 mil denuncias, un 8% menos que el periodo anterior. La disminución se debió principalmente a la caída de los delitos contra la salud pública (-50%) y del ingreso ilegal de extranjeros (-74%), que en abril dejó de ser considerado delito. También hubo baja en los delitos de robo por sorpresa (27%), robo en lugar no habitado (20%) y los delitos económicos (16%).

Aumentaron los delitos violentos, como los homicidios (183%), el tráfico de drogas (42%), tráfico de migrantes (501%), porte de arma cortante (124%) y los robos con violencia e intimidación (18%).

En materia del combate al tráfico de drogas, el fiscal destacó que junto a la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Armada, se desarticularon 45 bandas criminales, con cerca de 200 detenidos que ingresaban droga y la comercializaban en distintos puntos del país, incautando en total más de 10 toneladas de marihuana, clorhidrato y pasta base de cocaína.

Asimismo, el fiscal regional destacó el trabajo para disminuir los retrasos en las causas, logrando más de 5 mil sentencias definitivas condenatorias y casi 47 mil audiencias en los tribunales, de las cuales 6.800 correspondieron a controles de detención y la formalización de más de 6.200 imputados. El persecutor indicó además que se realizaron 552 juicios orales, obteniendo el año pasado tres condenas a presidio perpetuo por delitos graves como un robo con homicidio, un femicidio y un robo con violación.