Fiscalía formaliza a funcionarios de Vialidad de Arica y a ejecutivos de constructora por delitos de “corrupción pública”

El jueves la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica y Parinacota, junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de esa región, allanaron las dependencias del Edificio Alborada, sede de la Dirección Regional de Vialidad, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Tras esas diligencias, este viernes se dio a conocer que diez personas están siendo investigadas por delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos.

En concreto, cinco de los imputados ejercían como funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad de Arica, además se detuvo a ejecutivos y trabajadores de una empresa constructora que se adjudicó distintas obras.

Según preciaron desde Fiscalía, a los imputados se les acusa de diversos delitos de corrupción pública, puesto que habrían recibido pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras en Arica, además de adjudicarse algunas mediante “una empresa de fachada”.

La investigación del caso inició hace diez meses y estableció que los individuos, en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos, y de otros roles al interior de la unidad de Vialidad, habrían favorecido a las constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, recibiendo pagos por ello.

Según precisaron desde el Ministerio Público, “uno de los hechos investigados corresponde a los trabajos de mejoramiento de la calle Guillermo Sánchez, ejecutados por la constructora F.V. En este contexto, se estableció que la fiscalizadora de Vialidad de iniciales L.M.H., y su cónyuge C.D.H., conformaron la sociedad DELMEDH SPA, adjudicándose una obra menor de este proyecto, cobrando la suma de $49.739.148 pesos”.

Sin embargo, los imputados habrían subcontratado a una tercera empresa, la que finalmente ejecutó los trabajos y que cobró la suma de $32.130.001. De esta forma, la pareja se quedó con la diferencia de ambos montos, equivalente a $17.609.147. Todo ello fue aprobado por un funcionario fiscalizador general del contrato y amigo de ambos.

Además, desde Fiscalía explicaron que los imputados más tarde repitieron la misma acción, esta vez en el marco de los trabajos de reparación y remodelación de la ruta A-27 de acceso al Valle de Azapa.

En ese caso, la firma DELMEDH SPA, se adjudicó una obra menor de modificación de cámaras de alcantarillado, por un monto de $86.632.000. Sin embargo, el trabajo fue realizado por una tercera firma que solo cobró $35.500.000.

Respecto a los otros funcionarios públicos, la Fiscalía estableció que recibieron distintos pagos por parte de las constructoras, “para favorecerlas y manipular los reportes de inspección y cumplimiento de los contratos”.

Mientras, los ejecutivos y trabajadores de la empresa San Felipe “realizaron distintas maniobras para concretar estos traspasos, entre ellos la transferencia de dinero a la cuenta corriente de la cónyuge de uno de los inspectores, a fin de disimular su origen ilícito”.