Fiscalía prepara formalización de segundo juez de Corte de Rancagua

"¿Nombre? Emilio Iván Elgueta Torres". Así se presentó el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua ante el tribunal que se encuentra bajo su jurisdicción, pero que ayer se transformó en el escenario donde se tramitó la formalización en su contra por presunta corrupción.

El fiscal de Alta Complejidad de O'Higgins, Sergio Moya, fue quien presentó los cargos en compañía del persecutor regional Sur (s), Cristián Galdames. Se imputaron delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito, en una audiencia inédita en la Reforma Procesal Penal, pues es la primera vez que un ministro de corte de Apelaciones es formalizado.

Sin embargo, no se trató de la última formalización a un juez de tribunal de alzada: para el 7 de junio, el ente persecutor pidió una segunda audiencia de levantamiento de cargos contra Elgueta. Para esa fecha, además, prepara la imputación de cargos de un segundo magistrado de esta envergadura: Marcelo Vásquez.

Este es uno de los tres magistrados que están suspendidos por presuntos actos irregulares en el tribunal de alzada de O'Higgins. El otro integrante del Poder Judicial bajo la lupa de la ministra instructora de la Corte Suprema Rosa María Maggi es Marcelo Albornoz.

Según señalaron distintas fuentes del caso, Moya espera el análisis del computador de Vásquez y sus movimientos bancarios, además del tráfico telefónico encargados a la PDI, para solicitar su formalización. Este ministro también es investigado por una eventual negociación incompatible, por las designaciones de su hija Karla Vásquez en distintos tribunales de la zona.

"En esta causa va a haber varias formalizaciones y varios imputados (...) Hemos reunido antecedentes para formalizar a más personas, oportunamente se comunicará al tribunal quien acompañará al señor Elgueta en la audiencia de formalización fijada para junio", dijo Moya.

Fuentes del caso señalaron que además de Vásquez, las otras personas formalizadas serían los abogados que hicieron traspasos de dinero a Elgueta, a quienes se les allanaron las oficinas a comienzos de este mes.

https://www.latercera.com/nacional/noticia/cde-pide-declaraciones-patrimonio-renta-e-ingresos-egresos-cuentas-bancarias-del-juez-elgueta-los-ultimos-cinco-anos/631552/

En esa hebra investigativa se estudia imputar el delito de cohecho. Según Moya, "hay ingresos sospechosos y por eso hemos formalizado por enriquecimiento ilícito. Pudimos hacer una vinculación de ciertos pagos a algunas resoluciones (de la Corte), lo que implicaría que algunos abogados puedan ser formalizados por cohecho".

Durante la formalización de Elgueta, la fiscalía dio cuenta de los supuestos pagos y movimientos de dinero en que el Ministerio Público ha centrado sus sospechas. Suman $ 28 millones y ocurrieron entre 2016 y 2018.

Frente al ministro, quien se mostró tranquilo, la fiscalía desglosó el detalle de este dinero para dar cuenta del modus operandi con el que Elgueta movía sus finanzas. Por ejemplo, se expusieron 17 depósitos en efectivo que se realizó el ministro, en distintas sucursales bancarias, por un total de $ 17.660.683.

En cuanto a las transferencias electrónicas, según el análisis de la fiscalía, Elgueta recibió 57 traspasos por cerca de $ 9 millones entre 2016 y 2017. En depósitos en cheques, habría recibido en sus cuatro cuentas bancarias casi $ 2 millones.

Junto a estos pagos, el Ministerio Público sustentó la imputación de enriquecimiento ilícito con los mensajes de WhatsApp y el tráfico de llamadas del juez.

Además, a Elgueta se le imputó haber tramitado la causa del doctor condenado por tráfico de medicamentos, Luis Arenas, a quien se le sindicó como su amigo.

La fiscalía también abordó otra situación: que Elgueta sostuvo 116 llamadas telefónicas, enero de 2018 y octubre de ese año, con el abogado Gabriel Henríquez, en plena tramitación de causas que litigaba este penalista en el tribunal integrado por el imputado.

La abogada del juez, Blanca Rebolledo, indicó que los antecedentes que presentó la fiscalía "son parte de una carpeta investigativa con datos espurios y viciados". Con esto, hizo alusión a la denuncia que Moya presentó contra su superior, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. "En los propios dichos del ente persecutor, se dijo que este expediente estuvo retenido, dando cuenta de una manipulación de información", dijo la abogada.

Tras la formalización, en que el Ministerio Público no pudo pedir medidas cautelares porque Elgueta tiene fuero, el magistrado se retiró del lugar en medio de gritos de manifestantes.

Otro de los capítulos de las investigaciones que hoy remecen Rancagua, es el que se vincula con la investigación por malversación al alcalde de la ciudad, Eduardo Soto. En estas pesquisas, el fiscal Moya encontró mensajes entre el edil y el ahora ministro del Interior, Andrés Chadwick, en 2017 cuando aún no era autoridad, para "ayudar" a Arias.

El caso generó distintas reacciones y ayer el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, indicó que "la circunstancia de aparecer una persona en un WhatsApp, enviándolo o contestándolo, en sí misma no tiene una significación inmediata, pero puede haber allí un indicio".