Fiscalización a buses interurbanos baja y 24% de flota no cuenta con revisión técnica

Un total de 70 millones de pasajeros viajan en buses interurbanos en el país cada año. La situación del parque de vehículos de este tipo ha sido puesta en debate tras accidentes como el protagonizado por una máquina de la empresa Línea Azul -hoy suspendida- en el que fallecieron seis personas, el 29 de julio pasado.

Según antecedentes del Ministerio de Transportes, el Registro Nacional de Servicios de Pasajeros consigna 5.265 buses interurbanos a nivel nacional, los que son sometidos a inspecciones técnicas y de documentación a cargo del Programa de Fiscalización de dicha cartera.

Un balance entregado por el ministerio muestra que el primer semestre de este año se realizó la menor cantidad de controles a la flota desde 2013, con 20.864 fiscalizaciones, las que arrojaron la aplicación de 4.516 infracciones. La cifra es 23% menor a la registrada el primer semestre de 2018, cuando se llevaron a cabo 27.132 controles que terminaron en 4.968 sanciones.

La jefa del Programa de Fiscalización del ministerio, Paula Flores, explica que se realizan controles "a un 75% del parque al menos 14 veces en el año, lo que, traducido a cifras mensuales, implica que cada bus es controlado al menos una vez al mes". Los aspectos que analizan los inspectores incluyen el estado de los neumáticos, del parabrisas y de las luces, además del funcionamiento del dispositivo de control de velocidad, los cinturones de seguridad y el estado de los asientos, entre otros puntos. Las sanciones más comunes detectadas el primer semestre de este año fueron la presencia de parabrisas que impiden correcta visibilidad, y dispositivos de control de velocidad desconectados.

Flores advirtió que con el tiempo los controles "se han ido focalizando más y centrando en los aspectos, buses o lugares que más denuncia la ciudadanía con relación a estos servicios, lo que finalmente ha llevado a que las fiscalizaciones se vuelvan más efectivas". Agregó que en lo que va de este año se han efectuado 27 retiros de máquinas por incumplimientos, la cifra más alta desde 2013.

En tanto, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, durante una presentación realizada ante la Comisión de Transportes del Senado el 7 de agosto pasado, dio a conocer antecedentes relacionados con las revisiones técnicas de una flota que asciende a 5.265 buses interurbanos. De ellos, hay 1.309 máquinas que presentan su revisión técnica vencida.

Al respecto, la jefa de fiscalización precisó que "estimamos que la mayor parte de ellos ya fue retirado o no está transitando".

Consultada la Federación Gremial de Buses (Fenabus), la entidad plantea que más allá de la cantidad de controles se debería avanzar en la eficiencia de los mismos. "Por ejemplo, se podrían realizar controles y revisiones en los propios talleres, donde los fiscalizadores pudiesen hacer una revisión exhaustiva y las máquinas que tuvieran fallas no pudieran salir hasta superarlas", señalan.

Desde el gremio añaden que la autoridad debería implementar "sanciones más estrictas" y la industria "trabajar en la profesionalización de la conducción".

La diputada Loreto Carvajal (PPD), quien encabeza la comisión investigadora sobre fiscalización y certificación a los buses interurbanos constituida la semana pasada, denuncia que "la fiscalización al sector es deficiente, lo que lleva a accidentes fatales como los que se han producido históricamente por el mal estado de las máquinas".

Carlos Melo, exsubsecretario de Transportes, afirma que la unidad de fiscalización cuenta con el mismo número de funcionarios (449 personas en terreno) y similar presupuesto desde 2015 ($ 8.636 millones), para controlar cada vez más áreas que incluyen la evasión del Transantiago, los servicios rurales, el transporte escolar y las pistas priorizadas para transporte público, entre otros.

Por ello, "los controles son los adecuados de acuerdo a los equipos que tienen", argumenta.

Francisco Chahuán, senador RN y presidente de la comisión de Transportes de la Cámara Alta, considera que se debe pasar de tener un programa de fiscalización "a una unidad con más recursos y personal adecuado para esta enorme tarea".

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