Seguirá el jueves: la maratónica formalización de Camila Polizzi y otros cuatro imputados en indagatoria por líos de platas

Minutos después de las 11.00 de este miércoles comenzó la formalización de la excandidata a alcaldesa de Concepción Camila Alondra Polizzi Fonseca (35) en el marco de la indagatoria que está llevando la fiscalía del Biobío por supuestas irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional a la Fundación En Ti.

La exmodelo pasó la noche en un cuartel de la PDI luego de que el martes fuera detenida junto a otras cuatro personas: su expareja Sebastián Polanco, el hermano de este, Diego Polanco; el exadministrador del Gobierno Regional (Gore) de Biobío, Rodrigo Martínez Fernández; y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Simón Acuña Medina.

El Ministerio Público imputa a Polizzi y a los hermanos Polanco por los delitos de estafa, falsificación de documento oficial, usurpación de identidad y lavado de activos. Martínez y Acuña son acusados por los mismos delitos, además de fraude al fisco.

Desde el inició se estimaba que la formalización se extendiera por varias horas, debido a que la carpeta investigativa de la fiscalía cuenta con 18 tomos. Cada uno de ellos tiene alrededor de 500 páginas, se indicó en la audiencia.

La fiscalía indaga la relación entre la excandidata y el Gore del Biobío. A fines de 2022, la modelo habría recibido por asignación directa $250 millones mediante la Fundación En Ti. Se presume que la exaspirante al municipio penquista “arrendó” esa entidad para obtener recursos desde la repartición regional para proyectos cuya ejecución están en entredicho.

Porque al justificar los gastos se presentaron boletas por compras de ropa interior, además de prendas adquiridas en prestigiosas marcas, cenas en restaurantes y comprobantes de delivery. Por ello, la investigación también pasó a ser conocida como el caso Lencería.

En la primera parte de la audiencia, los abogados defensores solicitaron que se les retirarán las esposas a los imputados. El juez Iohan León Espinoza aceptó la petición por considerar que eran imputados que “no son de alta peligrosidad”.

El inicio se vio interrumpido por una solicitud de una parte de los defensores que pidieron instalar un escritorio para poder desplegar su trabajo: debido a las dimensiones de la sala, quedaron sentados en una banca sin espacio para sus notebooks. Previamente, el abogado de Polizzi, Pablo Arduán, había solicitado cambiar de sala, pero dicha idea le fue negada.

Luego, el abogado privado de Rodrigo Martínez Fernández, Waldo Ortega, en un extenso argumento, pidió aplazar la formalización por 72 horas debido a que no tuvo acceso a la carpeta investigativa en un plazo adecuado. Expuso que pudo acceder a la investigación solo en las últimas horas. Esto, aseguró, porque previó que las fojas serían filtradas a la prensa y “no quería ser parte” de dicho acto. Además, señaló que como mandata la Constitución, su defendido tenía derecho a un debido proceso y en esas condiciones eso no era posible. “No estoy para hacer el ridículo”, dijo en parte de su exposición. Enseguida pidió que Martínez Fernández fuera puesto en libertad por ese plazo. A su solicitud se sumaron los otros defensores. La fiscalía rechazó la solicitud.

Finalmente, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el caso, pidió que el Gobierno Regional del Biobío dejara de ser querellante en el caso. Esto, debido a que el gobernador Rodrigo Díaz figura como imputado en investigaciones sobre convenios presuntamente irregulares. La solicitud fue acogida por el tribunal por lo que el Gore dejó de ser querellante en la causa.

Casi tres horas después de iniciada la audiencia, el Juzgado de Garantía de Concepción determinó que las aprehensiones fueron ajustadas a derecho pese a las alegaciones de los defensores. Tras un receso de 15 minutos, la fiscalía formalizó los cargos contra los imputados.

La fiscal regional Marcela Cartagena explicó cómo se gestó el presunto ardid con que Polizzi y los otros imputados habrían defraudado al Gobierno Regional. Según señaló, a mediados de 2022 Polizzi acudió al Gore con su Fundación Conce Solidario para postular a los fondos concursables para fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo, se le señaló que no contaba con el tiempo de antigüedad que se requería: por lo menos dos años.

Tanto Acuña como Martínez le sugirieron que buscara una fundación que sí tuviera la antigüedad y volviera a presentar su proyecto. Fue ahí cuando también se les recomendó utilizar una Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) para “tercerizar actividades a ejecutar de la fundación”. Luego de eso, dieron con la Fundación en Ti, que funcionaba desde 2017 y que se dedicaba a realizar actividades para niños.

Cartagena dijo que tanto Polizzi como Polanco se aprovecharon de la “notable discapacidad intelectual” del presidente de dicha fundación, Gerardo Silva Salinas. Simulando gastos y falsificando informes, dijo la fiscal, el perjuicio fiscal al Gobierno Regional del Biobío llegó $250.635.000.

Debido a la extensión de la jornada, que duró más de cinco horas, la defensa solicitó hacer un receso. Sin embargo, el juez propuso que la formalización se suspendiera hasta este jueves. Se retomará a las 10.00. Los detenidos quedaron a disposición de Gendarmería y todos deberán permanecer por separado, dijo el juez.