Robo de armamento del Ejército: fiscal afirma que las armas sustraídas fueron 82 y formalizado forzó puertas para sacarlas

Hoy fue formalizado el funcionario de civil del Ejército detenido ayer por su presunta implicancia en el robo de 78 armas desde una unidad de la institución castrense ubicada en la comuna de Santiago, hecho ocurrido durante la madrugada del lunes.

Se trata de un hombre, exmilitar de 70 años, que fue formalizado en calidad de autor por la fiscal Tania Sironvalle por los delitos de tráfico ilícito de armas y robo en lugar no habitado.

El hecho está siendo investigado por la Fiscalía Centro Norte, que encargó las diligencias al OS9 de Carabineros. Según las primeras versiones entregadas ayer, un funcionario del Instituto de Investigación y Control del Ejército (IDIC) recibió un llamado con la orden de hacer entrega de algunas armas. Luego, un grupo de delincuentes se hizo pasar por proveedores para retirar las armas cortas solicitadas del recinto. De acuerdo a esas primeras versiones entregadas por Carabineros, se trató de al menos 50 armas y no hubo uso de fuerza.

Sin embargo, hoy la fiscal Sironvalle entregó mayores luces del hecho y explicó que esa fue una versión entregada por el imputado. De acuerdo a la investigación, son 78 armas marca CZ de origen checo de seis modelos distintos, además de otras cuatro pertenecientes a un oficial del Ejército, las que estaban legalmente inscritas: una pistola y un revólver marca Taurus, una pistola Famae y otra FEG. El sujeto habría realizado “acciones de fuerza” en dos puertas de acceso donde estas se guardaban, activando incluso una alarma.

Luego, las habría acopiado, las guardó en cajas, las sacó al exterior y las cargó en distintos vehículos. Todo esto se realizó entre las 00.30 a las 3.30 de la madrugada del lunes. En el momento de los hechos había un funcionario militar de guardia.

La persecutora dijo que el imputado renunció a su derecho de guardar silencio. “Él reconoce haber señalado las conductas que yo describí, pero le da una explicación diversa a partir de haber sido objeto de un engaño”, dijo la persecutora.

“Esta es una investigación compleja, que está recién iniciándose, que va a implicar una serie de diligencias investigativas, muchas de ellas intrusivas de las que no puedo dar información, pero lo que sí puedo señalar es que la conducta que hoy se le imputó no es negligencia, es una conducta dolosa”, dijo Sironvalle.

El destino de las armas, que aún no son halladas, dijo la fiscal, “es materia de investigación”.

Estas armas no son fiscales, sino que armamento que ingresa al país y debe pasar por la fiscalización y registro del Ejército para su posterior distribución.

La persecutora pidió la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

El tribunal acogió la prisión preventiva para el formalizado, pero consideró que la medida cautelar se daba por un eventual peligro de fuga. En ese sentido, fijó una caución, o fianza, de un millón de pesos. Esto fue apelado por la fiscalía y se resolverá en la Corte de Apelaciones de Santiago este miércoles.

Por este hecho hay tres investigaciones: una del Ministerio Público, una de la Fiscalía Militar y otra interna del Ejército. El gobierno calificó el hecho como “muy grave”.