Generales entregan respuesta a Contraloría para rebatir sumario

En la víspera del 11 de septiembre pasado, cuando el cuerpo de Carabineros se preparaba para enfrentar una nueva conmemoración del “11”, siete de sus generales comenzaron a ser notificados por Contraloría de que se había decidido levantar cargos en su contra por una serie de presuntas irregularidades -muchas de ellas relacionadas con la responsabilidad de mando- vinculadas a actuaciones de orden público en el marco de la crisis social.

En específico, la acción se dirigió hacia los generales Jorge Valenzuela, director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales; Mauricio Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; Enrique Bassaletti, jefe de la Zona Santiago Este; Enrique Monrás, jefe de la Zona Santiago Oeste; Hugo Zenteno, jefe de Zona de Valparaíso; Jean Camus, director de Logística; y Jorge Ávila, ya en retiro y exjefe de Fuerzas Especiales. De estos, Valenzuela este viernes fue llamado a dejar la institución al conformarse el nuevo alto mando.

La acción del ente contralor, dirigido por Jorge Bermúdez, recibió cuestionamientos tanto del gobierno como de los propios carabineros. Los generales sumariados, de hecho, optaron por judicializar el tema acusando a Contraloría de actuar fuera de sus atribuciones. Los recursos se deberían resolver en los próximos días en la Corte Suprema.

En paralelo a esta ofensiva judicial, los oficiales y sus defensas -coordinadas por el abogado Jorge Martínez- prepararon sus argumentos para responder a los cargos levantados en su contra. Estas presentaciones se realizaron este viernes, de manera reservada, en el edificio de Contraloría.

La cita se concretó a las 16.00 horas. Por el lado de los investigados estuvo Martínez y funcionarios de Carabineros. Y quien recibió los antecedentes fue el fiscal de Contraloría a cargo del sumario, Carlos Soto, el que dejó constancia que se entregó la respuesta, mediante la entrega de siete actas firmadas, una por cada general. Cada escrito de las defensas tiene cerca de 170 páginas.

Quienes conocieron las réplicas de los oficiales, indicaron que los argumentos se podían resumir en cuatro áreas.

El primero apunta a las competencias. En este punto se desarrolló que Carabineros es una institución jerárquica y que el desempeño de la función policial requiere de conocimientos específicos, por lo tanto, quien controla o sanciona también debería poseer esos conocimientos.

Un segundo aspecto está relacionado al contexto y lo que fue la crisis social. De hecho, la respuesta del general Valenzuela indica que “los antecedentes que se presentarán ahora, dejan en evidencia irrefutable que lo experimentado por el país a partir del 18 de octubre de 2019 en adelante y hasta el mes de marzo del presente año, constituye una situación excepcional, imprevisible, que sorprendió a la institucionalidad ya que ni siquiera fue advertida por los órganos estatales de Inteligencia (ANI)”. En este sentido, indicó que una de las características fue “la extremada e inusitada violencia empleada por los participantes, que en general, ya no participaban de marchas pacíficas para descolgarse al final para provocar desórdenes, sino que se autoconvocaban con la única finalidad de provocar graves alteraciones al orden público y enfrentarse al personal policial, en largas jornadas”.

El tercer pilar de las defensas dice relación con los cargos de los generales y sus respectivas funciones. En este punto se indica, por ejemplo, que la falta de carros lanzaguas se debió a que en el país, previo al 18 de octubre de 2019, no se necesitaban más máquinas de este tipo. Asimismo, aseguraron que a los generales se les atribuyen decisiones que fueron adoptadas en períodos en que aún no habrían ejercido sus cargos. En la misma línea, aseguran que ordenaron sumarios e hicieron denuncias cada vez que detectaron incumplimiento de protocolos.

Finalmente, el cuarto ámbito dice relación con el uso legítimo de la fuerza. En la respuesta del general Monrás se indica que el fiscal de Contraloría formuló un supuesto, de que “hubo un inadecuado uso de la escopeta antidisturbios por parte del personal operativo de la institución”.

El escrito dice, además, que la expresión “inadecuada” solo se funda en que personas se atendieron en centros asistenciales tras ser lesionadas por munición antidisturbios y que eso no es prueba suficiente de un uso inadecuado.

El documento añade que “en este razonamiento de responsabilidad objetiva, Ud. como fiscal deroga las facultades constitucionales y legales que se han otorgado a Carabineros de Chile para cumplir con la función de control y restablecimiento del orden público y la seguridad pública interior; lo que se cumple con el ejercicio de la fuerza legítima”.