Gobierno ficha a cuatro reconocidos penalistas para presentar querellas por quema de buses y estaciones del Metro

Seis querellas por los delitos de "incendio y Ley de Seguridad del Estado", tras el ataque a buses del transporte público, ha presentado desde el martes -en distintos tribunales- el gobierno, a través del intendente Metropolitano, Felipe Guevara. A diferencia de otras acciones legales interpuestas por las autoridades, los libelos fueron presentados por cuatro reconocidos abogados penalistas que fueron convocados por el Presidente Sebastián Piñera, y que esta vez unieron fuerzas por una meta en común.

Se trata de los abogados Jorge Bofill, Samuel Donoso, Marcelo Sanfeliú y Gabriel Zaliasnik, quienes, además, presentaron este miércoles una nueva acción legal en representación de la empresa Metro de Santiago por los delitos de daños calificados e incendio a las estaciones del tren subterráneo.

Jorge Bofill es parte de los abogados convocados por La Moneda para representar los intereses del Estado tras la seguidilla de ataques incendiarios. "Esta querellas responden a un encargo que recibimos del Presidente de la República, quien nos invitó a una reunión en la cual hablamos de lo que estaba ocurriendo, a propósito de los delitos que se han cometido en los últimos días y que han dañado, de partida, la infraestructura pública. Por eso partimos por el Metro y los buses del Transantiago quemados", detalló a La Tercera.

El jurista relató que en los casos de quema de buses no existen antecedentes de grupos coordinados para atacar de manera simultánea. Pero en el caso del Metro, asegura, "es distinto. La forma en que ocurrieron los hechos hace evidente la existencia de un actuar coordinado, particularmente lo ocurrido el 18 de octubre donde se quemó primero la estación Puente Alto, a las 20.00 horas, y luego, entre las 21.50 y las 23.30 se quemaron otras ocho estaciones".

Bofill y Zaliasnik son destacados abogados que han representado, por separado, a imputados en el caso Penta, donde se investigó un financiamiento irregular de la política. En tanto, Donoso y Sanfeliú han participado en la defensa de ejecutivos vinculados al caso Cascadas. Todos ellos, sin embargo, son reconocidos tanto en el ámbito profesional y académico, y trabajarían de manera pro bono; es decir, sin remuneración.

Al ser profesionales que trabajan de manera independiente -y sin vinculación con el gobierno- las autoridades esperan que a través de estas querellas se soliciten diligencias clave para identificar a los autores. Y, ante una eventual captura de sospechosos, este equipo de abogados desarrolle estrategias jurídicas que permitan al tribunal dictar altas condenas contra los responsables, como el caso del detenido por la quema del Metro La Granja.

Además de representar al gobierno y Metro en las causas por Ley de Seguridad del Estado e incendio, uno de los abogados asumió la defensa del Presidente Sebastián Piñera en la querella presentada en su contra y de todos quienes resulten responsables, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos a partir del estado de emergencia decretado el 19 de octubre.

La defensa recayó en manos del abogado Samuel Donoso, quien renunció al PPD en marzo de 2015 para defender al exgerente general de SQM, Patricio Contesse, en el marco del caso SQM. Contactado por La Tercera, el profesional declinó referirse al tema.

En la querella contra el Mandatario se acusa que desde el 19 de octubre las Fuerzas Armadas y policías habrían cometido, al menos, nueve tipos de delito, entre ellos, homicidios, torturas y apremios ilegítimos; abusos sexuales; violaciones; privación de libertad arbitraria; detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales; detenciones desde el domicilio de personas; privación de libertad física y mutilación de miembros importantes, destrucción de globo ocular de más de 150 personas.

La investigación penal de esta causa la asumió la jefa regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, por decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott. "Se investigará al Presidente como a cualquier ciudadano, nadie está por sobre la ley, hay que cumplir todos los protocolos que la ley establece", dijo la máxima autoridad del Ministerio Público.