Guía para entender el caso judicial por muertes de Covid-19

El manejo de la pandemia del coronavirus en el país ha sido motivo de preocupación de una serie de profesionales de distintas áreas. En primer lugar, del personal médico, quienes han estado “cara a cara” enfrentando al virus en los centros asistenciales. A ellos se han sumado, a modo de ejemplo, estadísticos que han creado bases de datos con la población que ha sido afectada con esta enfermedad.

Y en las últimas semanas, se sumó un nuevo actor: el Ministerio Público, que tras la presentación de querellas inició una investigación penal ligada al manejo de la pandemia y a cómo se contabilizaron los fallecidos por este virus. Los ojos de la fiscalía están puestos en el periodo en que la cartera era liderada por Jaime Mañalich.

La causa comenzó luego de que el 3 de julio el senador Alejandro Navarro se querellara en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. El parlamentario acusó a las autoridades de usar una “cuestionable elección de metodologías alternativas que subvaloró la cantidad de enfermos y fallecidos”.

Luego, ingresó al mismo tribunal una segunda querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en contra de Piñera, Mañalich, Zúñiga y Orlando Durán, exjefe de la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. La acción legal imputa supuestas irregularidades en las contrataciones de residencias sanitarias y denegación de auxilio por presuntas estrategias fallidas del gobierno.

El caso fue designado al fiscal de Alta Complejidad Centro Norte Marcelo Carrasco, quien en una de sus primeras actuaciones agrupó las querellas.

Así, los querellados comenzaron a definir su equipo legal. Por el lado del Presidente, quien lo representará será el abogado Samuel Donoso. Mañalich, en tanto, optó por el penalista Gabriel Zaliasnik. Los dos subsecretarios del Ministerio de Salud (Minsal), Paula Daza y Arturo Zúñiga, tomaron como abogado a Eduardo Riquelme.

A comienzos de septiembre, las defensas intentaron sacar de la investigación a Carrasco. Enviaron una carta al fiscal nacional, Jorge Abbott, indicando que el persecutor había perdido la objetividad. Si bien la petición fue rechazada, Abbott optó porque fuera el jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz, quien liderara las pesquisas.

A todos estos abogados se suma Ramón Sepúlveda, quien representa al alcalde Daniel Jadue en la querella que este interpuso contra autoridades de gobierno, por eventuales responsabilidades en la muerte de personas por Covid-19 en Recoleta.

Entre las diligencias que han realizado los fiscales está tomar declaraciones a personas que tuvieron algún grado de relación con el manejo de cifras durante la pandemia. En total, el Ministerio Público ha recogido ocho testimonios. Entre estos, el ministro de Ciencia, Andrés Couve; el jefe de Epidemiología, Rafael Araos; y la exjefa de esa repartición, Johanna Acevedo. A todos se les preguntó por cómo se llevó el conteo de contagiados y de fallecidos, sus opiniones al respecto y la trastienda cuando se aplicó algún cambio de metodología. Y en más de una ocasión preguntaron por el concepto de contagio de rebaño.

La fiscalía también tomó declaración a la exjefa del DEIS hasta 2010 Danuta Rajs, quien relató su rol en el Comité de Estadísticas Vitales. Declaró que desde junio se usó la base de datos del DEIS para contar los muertos diarios, porque desde ese momento se perfeccionó el procedimiento telemático con el Registro Civil.

Otro testimonio del caso es el de Jorge Pérez, investigador del Instituto Milenio. Indicó que si bien fueron invitados a participar en una mesa de datos con el gobierno, se retiraron porque estimaron que no existía una voluntad real para compartir información.

El 8 de septiembre, Carrasco acudió al Minsal para incautar -previa orden judicial- los correos de Mañalich, su exjefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y de Daza. La entrega fue negada por el actual titular de la cartera, Enrique Paris, argumentando que esto podía afectar la “seguridad nacional”.

Ante esto, Armendáriz ingresó el 16 de septiembre un escrito a la Corte Suprema, para que sea el máximo tribunal el que dirima esta disputa. Ahí, se exponen algunas premisas provisorias que se pueden señalar en este estado de la investigación: Mañalich yLinazasoro “habrían decidido implementar un sistema sui generis para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia”, que “no solo era improvisado (...), además, manejaba información incompleta”.

La negativa a la entrega de estos correos ha generado una verdadera pugna entre la fiscalía y el gobierno.

En una entrevista publicada ayer por El Mercurio, Mañalich dijo que “la fiscalía ha efectuado una filtración, ha llevado a los medios una discusión que todavía debería estar en tribunales”. El Ministerio Público tuiteó que no han “filtrado información ni opinado. La presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan”.

El ministro de Salud, Enrique Paris, respaldó ayer el trabajo de su antecesor Jaime Mañalich y el de los funcionarios de su cartera. Su apoyo lo dio luego de que el 16 de septiembre la fiscalía pidiera autorización a la Corte Suprema para incautar los correos del exministro y otras autoridades de Salud, en el marco de la investigación por las muertes relacionadas al Covid-19.

“Respeto muchísimo a Mañalich y también he dicho varias veces que valoro y apoyo su gestión (...) Inicialmente yo tuve la impresión que si fracasó el movimiento del 18 de octubre en contra del Presidente, hay algunas personas que quisieron trasladar o traspalar este movimiento y usar el coronavirus”, dijo Paris.

Añadió que “nuestro ánimo es el de colaborar y jamás ocultar información, menos aún pensar que hubo ocultamiento de cifras, eso no lo acepto. Yo defiendo a mis funcionarios porque los que elaboran las cifras son los funcionarios del Minsal”.

En tanto, el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, indicó que “me cuesta entender que el Ministerio Público tenga la capacidad de calificar si se actuó bien o mal en la pandemia desde punto de vista sanitario por abogados, que no son expertos en esta materia”.