Homicidios: víctimas extranjeras aumentan casi el triple en cinco años

”Hoy día tenemos cifras que parecen indicar que vamos por un camino que puede ser correcto”, dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la última entrega del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, en abril pasado. En esa oportunidad, el gobierno daba cuenta de una baja de la tasa “récord”, de un 6,7% en 2022 a 6,3% en 2023. “Habrá que mirar esto en el curso del tiempo para ver si estas tendencias se consolidan”, alertó la autoridad.

A casi tres meses de dicho anuncio, el debate en torno al tema de seguridad no sólo ha continuado sino que se agudizó tras una serie de homicidios en la capital que dio paso a varios emplazamientos políticos y al anuncio de nuevas medidas por parte de La Moneda para intentar contener la crisis. En paralelo, la implementación de una estrategia de Carabineros -cuya primera etapa tuvo inicio días atrás con el funcionamiento de los denominados “Operativos Enjambres”-, con el despliegue de nuevos funcionarios policiales en 400 puntos claves de la capital.

En este contexto, La Tercera consultó a expertos en la materia para desglosar cómo ha sido la evolución de este delito en los últimos cinco años, tiempo en que los informes de este tipo han estandarizado su metodología, y cómo ha cambiado el perfil de las víctimas en base a la información del mencionado reporte.

En términos globales, desde el 2018 al 2023 se registró un aumento de víctimas de homicidios consumados de un 47,6%, pasando de 845 a 1.248 o de una tasa de 4,5 asesinatos por cada cien mil habitantes a una de 6,3. Sin embargo, el año peak -hasta el momento- fue el 2022, cuando los homicidios alcanzaron 1.330, lo que se tradujo en una tasa de 6,7 por cada cien mil habitantes.

En esta evolución destaca un dato: el porcentaje de víctimas extranjeras casi se triplicó en sólo cinco años. Si en 2018, los extranjeros representaban el 5,7% del total de homicidios ese año (48), en 2023 pasó a un 16%, con casi dos centenares de personas. Sólo para comparar, las víctimas chilenas pasaron de ser el 93,4% del total de víctimas al 82,5% en el mismo periodo.

De acuerdo a la estimación del INE y el Servicio Nacional de Migraciones, entre 2018 y 2022 el número de personas extranjeras residiendo en Chile creció en un 25%, pasando de 1,3 millones (el 6,9% de la población estimada) a 1,6 millones (el 8,1% del total de población estimada en el país). Es decir, los homicidios de migrantes en 2018 estaban 1,2 puntos abajo del estimado de población extranjera en Chile, mientras que en 2022 son 8.6 los puntos en que suben los homicidios de migrantes en relación a la población que vive en el país.

En opinión de Matías Garretón, investigador de Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social (COES), el alza de víctimas migrantes también responde a que están en mayor riesgo. Esto, porque “grupos de crimen predatorio organizados, como el Tren de Aragua, explotaron esta oleada migrante: una vez que llegan a los países de destino, como son una población vulnerable, muchas veces en situación irregular, estas organizaciones los explotan, en el fondo para pagar los ‘costos del viaje’, extorsión, básicamente”. Otro factor, añade, es la disputa territorial. “Hay una gran mortalidad de ‘soldados’ de bandos distintos”.

En esa línea, Pilar Lizana, investigadora de AthenaLab, indica que este aumento de víctimas migrantes se da en “un contexto de una rápida llegada de criminalidad extranjera, un aumento brusco en la migración ilegal en la frontera y, por supuesto, un aumento y cambio en el perfil de la criminalidad”.

En tanto, la investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, afirma que si bien la acción del crimen organizado no explica totalmente el crecimiento de víctimas de homicidio extranjeras, ya que “no es una relación causal, al haber una mayor entrada de personas, en un contexto de inmigración ilegal, irregular y desordenada, entonces también aumentan las probabilidades que esas personas puedan pertenecer a grupos criminales y que se vayan instalando en el país en colaboración con grupos nacionales también”.

El informe también revela que los asesinatos asociados a delito y/o grupo organizado bajaron en porcentaje de 47,3% a 36,9% entre 2018 y 2023. Sin embargo, subieron los casos categorizados como “en investigación” de 2,1% al 6,7%; mientras que los “Sin información” se duplicaron (3,1% a 6,0%). En tanto, el “hallazgo de cadáver con participación de terceros” alcanzó su punto máximo en 2022, con un 18,9% de los 1330 casos reportados.

También se desglosa que el lugar donde más se dan estos delitos es en la vía pública, ítem que también ha ido en aumento: pasó de representar el 50,7% del total de homicidios en 2018 al 65,3% en 2023.

Ambos datos, dice Pilar Lizana, deben evaluarse en conjunto, porque pese a que se registre un baja en los homicidios asociados a delito y/o grupo organizado, el alza, por ejemplo, en asesinatos en vía pública “habla de criminalidad organizada y de un delito distinto”.

Greene sostiene que categorías de contexto de homicidios calificadas como “Otros” o “Sin información” también podrían tener casos asociados a bandas organizadas, lo que podría acrecentar la cifra. Asimismo, afirma que otro reflejo de este fenómeno criminal distinto es la utilización de armas de fuego, mecanismo que aumentó en todas las macrozonas del país entre 2018-2023.

Por otro lado, la experta también llama a considerar otro indicador que no incluye el informe, pero que complejiza el escenario delictual, son los delitos con imputados desconocidos. Un punto que también abarca Garretón: “Donde no hay información, uno debería sospechar crimen organizado”.

En el desglose por región del informe, en tanto, las zonas más afectadas -particularmente en los últimos dos años- han sido Arica y Parinacota, y Tarapacá. Ambas, alcanzaron tasas de homicidios sobre 10 por cada 100 mil habitantes. En 2022, la región de Arica alcanzó la cifra récord de 17,5 asesinatos por cada cien mil habitantes.

Otro dato que entrega el documento: los homicidios bajo contexto asociado a delito y/o grupo organizado en 2023 fueron más altos en la Macrozona Norte (39,3% de los asesinatos correspondientes a este contexto) y la Metropolitana (40%). Ambas, sin embargo, con valores más bajos que años anteriores. Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

“La zona norte del país pasó a ser un tema de alta preocupación cuando se empezó a ver un fenómeno de migración descontrolado. La zona norte -en particular Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta- tienen tasas mucho más altas de homicidio que el promedio nacional y son regiones especialmente afectadas porque son fronterizas y, por lo tanto, tienen la primera llegada, y la más masiva, de migrantes, donde está el crimen organizado presente”, explica el académico de la Universidad de Santiago y exdirector de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Jorge Araya.

“El crimen organizado es transnacional, por esencia, entonces tienen que entrar por alguna parte y nuestra frontera es muy permeable, sobre todo en esa zona. Nosotros, además, estamos muy cerca de los cuatro mayores países productores de droga y se ha instalado la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, entre otros”, añade Pía Greene. También asocia que las altas cifras en zonas como Arica y Parinacota “calzan”, por ejemplo, con el caso de Los Gallegos.

En el mismo sentido, Lizana agrega que el fenómeno migratorio se transforma en una oportunidad para desarrollar una economía ilícita, asociadas, por ejemplo, al tráfico de drogas, de personas, entre otros. “Cuando se empiezan a desarrollar esas economías ilícitas, te va a aumentar necesariamente la violencia, se va a expresar en homicidios, porque es esa la manera que estas bandas utilizan para controlar territorio y para someter a la población”.

En el caso de la Metropolitana, cuenta Araya, el “atractivo” para estas bandas se da por la concentración de población, la actividad comercial y la centralización.

Por otro lado, Garretón advierte que hay que mantener la cautela incluso si se registran descensos en las cifras de delitos violentos, como los homicidios, ya que tras la instalación de estos grupos -y la violencia que conlleva-, la organización “busca ocultar sus actividades” y “es esperable que baje la tasa de criminalidad”.

Según el boletín estadístico del Ministerio Público del primer semestre del 2024 (enero-junio), se registraron un total de 2.112 homicidios en el país en los seis primeros meses del año. Esto representa casi un 16% más respecto al mismo periodo de 2023 (1.828 homicidios) y un 81% en comparación a 2018 (1.167 homicidios).

A la luz de estos, y la “ola” de homicidios que se vivió este mes, Araya advierte que podríamos volver una subida en homicidios, “parecido a lo de 2022″. Lizana también comparte que “todo indicaría que podríamos tener un aumento”.

Pese a ello, concuerdan que aún se está a tiempo de tomar acciones. Pía Greene afirma que “no creo que todavía seamos México, Venezuela ni Colombia”. Sin embargo, menciona la estrategia de copamiento policial -planteado en el Plan Calles Sin Violencia- no da resultado para el crimen organizado. “Funciona bien para delitos contra la propiedad, por ejemplo, pero para el crimen organizado necesitas inteligencia”, dice, aunque destaca la implementación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

La principal medida de acción para Greene es invertir en cárceles. “La cárcel es la última herramienta que tiene el Estado para castigar, y no está castigando. O sea, no sólo no está disuadiendo, sino que además no castiga, no rehabilita ni reinserta. Y no basta con construir más, tienen que ser segregadas por compromiso delictual, porque no todo el mundo tiene que ir a la cárcel”.

Araya concuerda y asegura que el desafío está en la construcción de cárceles. “Lo que debiéramos estar hablando, para el volumen del problema, es de cuántas cárceles vamos a construir en los próximos diez años. Debe ser un plan grande, ambicioso y urgente”. Y si bien señala que anuncio de la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en Santiago va en la línea correcta, afirma que aún “es muy insuficiente frente a la realidad que tenemos”.

Para Lizana no basta con sólo centrarse en el homicidio por sí solo, y se necesita una “revisión de cómo estamos como Estado: nuestras deficiencias, vulnerabilidades, qué tenemos que mejorar”. Ejemplifica que zonas como las tomas de Maipú y Cerrillos se han convertidos en “enclaves” del crimen que “están explotando una necesidad de vivienda que no está cubierta. Necesitamos un trabajo de Vivienda y Desarrollo Social para abordar ese problema, que es adicional y no es directamente crimen organizado, pero da oportunidades para desarrollar economías ilícitas”.

Garretón añade que es fundamental “atacar donde le duele al crimen organizado: que es el sistema financiero, todo lo que es lavado de dinero y crímenes financieros”. De esa forma, dice, se hace más sostenible implementar, por ejemplo, políticas de prevención y programas de rehabilitación para la población penal.