La pandemia ha tenido un fuerte impacto en la niñez, con efectos que recién comienzan a vislumbrarse y que se estima tomará años revertir. Al aislamiento, el cierre de sus colegios, el distanciamiento de sus amigos y las precariedades que han enfrentado con la crisis económica que ha golpeado a miles de familia, se suma otra arista, crucial para la infancia y la adolescencia: los menores de 2.029 hogares del país han perdido a su padre, madre o, incluso, a ambos.

“De estos hogares, 71,9% tienen un niño, niña o adolescente (NNA), 20,9% tienen dos NNA y 7,1% tienen tres o más NNA”, expuso la subsecretaria de la Niñez Blanquita Honorato, en una sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para abordar esta materia.

Honorato en su presentación indicó, además, que la edad promedio de los padres fallecidos es de 51,7 años y de las madres, 44,7.

Si bien se han reportado casos en todo el país -el último conocido en la comuna de Quinchao, Chiloé, donde el fallecimiento de un matrimonio por coronavirus dejó huérfanos a tres hermanos de 6, 12 y 14 años- el grueso de los hogares afectados por esta situación se ubica en la Región Metropolitana (54,1%), seguido por Valparaíso (8,2%) y Biobío (6,9%).

Pero sí hay un factor común y es el económico: el 70,5% de estas familias se ubica en el 40% más vulnerable según estipula el Registro Social de Hogares, mientras que el 8,6% no está inscrito en el RSH y el 87,1% recibió Ingreso Familiar de Emergencia.

Claudio Castillo, académico de Salud Pública de la Usach dijo que “esto no es algo que solo ocurre en Chile. Se acaba de publicar un estudio a nivel mundial que señala entre marzo 2020 y abril 2021 se estimó en 1 millón 134 mil los niños a nivel mundial que experimentaron la muerte de sus cuidadores, incluyendo a padres y abuelos que estaban a su cargo (…)”.

Castillo añadió que “un estudio reciente a nivel mundial sugiere que cada 12 segundos un niño o una niña pierde a manos del COVID-19 a un cuidador significativo, sea madre, padre o abuelos” y planteó que esto trae “implicancias psicoemocionales y económicas. Hay un alto riesgo de institucionalización, es decir, de que el Estado se haga cargo a través de sus centros en caso de que no tenga otros cuidadores”.

Asimismo, sobre los fallecimiento de progenitores en familias vulnerables, Castillo señaló que “esta enfermedad en parte ha afectado más a aquellas personas que están en pobreza (...) hay una incidencia de casos y una mayor mortalidad asociada a la pobreza. Por lo tanto, si es que la enfermedad afecta más a personas que viven con mayor pobreza multidimensional, esto impacta, a nivel de segundo orden, en un mayor riesgo de orfandad en niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza multidimensional. Lo complejo es que acá se aplica el modelo de la interseccionalidad, que muestra que hay una suma de discriminaciones. En este caso son familias que además de vivir en pobreza multidimensional se ven afectados por la muerte de sus cuidadores y estos niños quedan a cargo de terceros o del Estado. Esta es una pandemia oculta que se deriva de las muertes de Covid-19 y por tanto requiere que estas familias reciban apoyo psicoemocional y económico para poder cuidar a estos niños y evitar la institucionalización”.

La información fue levantada en una mesa de trabajo que reúne al Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría de la Niñez, UNICEF -que aporta experiencia internacional comparada- y el diputado Alejandro Bernales (PL). La instancia comenzó a operar el pasado 14 de julio, tras un oficio que mandó la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, a la subsecretaría de la Niñez, por el caso caso de los tres hermanos de Chiloé.

“Nuestro objetivo es elaborar políticas públicas que permitan llegar con acciones concretas que nos permitan enfrentar de la mejor manera la situación de estos niños, niñas y adolescentes” dijo la ministra de Desarrollo Social y Familia Karla Rubilar.

En esta línea, la mesa apunta a la formulación de una política “en base a estándares propuestos por UNICEF”, incorporando a otras instituciones para un “abordaje integral”, como el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, de Educación, Justicia y DDHH, Vivienda, entre otros.

Entre las acciones propuestas, se encuentra “evitar la separación familiar y mantener juntos a los grupos de hermanos”, “asegurar a los NNA en las estructuras familiares existentes” y “procurar una estructura para apoyo psicosocial y socio-económico”, mediante convenios intersectoriales de priorización.

También se trabaja en el desarrollo de “programas de apoyo a las familias y medidas de acuerdo al interés superior del niño”.

Al final de la sesión, la Cámara de Diputados aprobó, con 67 votos a favor, un proyecto presentando por el diputado Bernales (PL) y Nuevo Trato, para que el gobierno “implemente medidas con el fin de proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que hayan perdido a uno o ambos padres a consecuencia del virus COVID-19″.

Las medidas requeridas son cinco: entregar una pensión de orfandad para los menores, generar un plan de apoyo social y emocional para ellos y las familias que acojan, crear un programa de vivienda “que permita adecuar residencias de acogida para NNA que lo requieran”, incorporar en el registro de fallecimientos por Covid-19 una sección para determinar si la persona fallecida tiene niños a su cargo y entregar becas de estudios para quienes hayan perdido a sus padres a causa del Covid-19.