Huracán II: las pruebas que hicieron caer al "profesor"

"Nos encontramos frente a funcionarios públicos que habrían aportado información que -por lo menos en este estado procesal- no ha podido ser cotejada, de acuerdo a las diligencias realizadas por la fiscalía". De esta manera la jueza de garantía de la Región de Los Ríos, Paula Fernández, resolvió hoy sobre la necesidad de la medida cautelar de dos ex funcionarios de Carabineros, entre ellos Álex Smith, ingeniero y ex colaborador civil de la policía uniformada, imputado de falsificar antecedentes en el marco de la Operación Huracán II.

Fue en La Araucanía la primera aparición del caso Huracán. Carabineros entregó a la fiscalía antecedentes de supuestos chats que vinculaban a comuneros mapuches en una serie de atentados en la región. Sin embargo, cuatro meses después de esta liberación de datos de Inteligencia, ocurrida en septiembre de 2017, el Ministerio Público advirtió que esas pruebas serían falsas.

En paralelo, en la Región de Los Ríos se investigaba la Operación Huracán II, donde también a raíz de la liberación de antecedentes de Inteligencia, Carabineros también ligó a personas en el ataque incendiario de 29 camiones en San José de la Mariquina, en agosto del 2017. Meses después ocurrió lo mismo que la IX Región: se detectó que la información supuestamente es falsa. Finalmente, los imputados fueron liberados de todos los cargos en ambas investigaciones.

Smith creó un software llamado "Antorcha" con el que supuestamente obtenía las conversaciones, el que fue ocupado en la IX Región. En cambio, en Los Ríos utilizó otro programa llamado "Tubicación", el que presuntamente permitía saber dónde estaba el celular al momento del hecho.

Tras una serie de diligencias en el caso, la Fiscalía de la XIV Región decidió formalizar la investigación e imputar los delitos de obstrucción a la justicia y falsificación de instrumento público al cabo primero del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Manuel Riquelme, y a Álex Smith Leay, quien prestaba servicios de perito en la Unidad de Inteligencia Operativa Especial (UIOE).

El levantamiento de cargos se realizó hoy, donde el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, relató los hechos que vincularían a ambos imputados en la falsificación de antecedentes. "Simularon contar con un software al que llamaron "Tubicación", el que permitiría establecer los dispositivos móviles que (el día del atentado) se encontraban en el radio de alcance de la señal de un router, pudiendo además informar el número de teléfono de cada dispositivo y su ubicación GPS", indicó.

El software habría sido implementado por Smith y, según su versión, a través de esta herramienta se logró detectar la presencia de ocho teléfonos en las cercanías del atentado en San José de la Mariquina, en el que se quemaron 29 camiones.

Sin embargo, la fiscalía pidió un peritaje a la PDI para que analizara la existencia de este programa, y además la ubicación de estos números de teléfono el día y hora del ataque. ¿La conclusión?, los dispositivos no estaban en el lugar que señaló Carabineros, y de acuerdo a los antecedentes que maneja la fiscalía, una de las personas que se intentó vincular en el atentado estaba cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario cuando ocurrió el atentado.

El fiscal Meléndez indicó que "esta es información falsa que se incorpora a sabiendas de que orientaba la investigación a una imputación fiscal errónea respecto de los poseedores de estos teléfonos.

Según explicó el persecutor, "el profesor" declaró que para poder hacer funcionar "Tubicación" este fue inscrito en el dominio www.tubicacion.cl. El fiscal reiteró sus reparos: "Este software no estuvo alojado en el sitio web, y tampoco se encontró almacenado en los computadores de las unidades policiales donde se desempeñaban los imputados, UIOE y Labocar Araucanía, porque este software nunca existió".

Otro de los antecedentes que reveló la fiscalía en la audiencia dice relación con que dos de los teléfonos que Carabineros decía estaban en las cercanías del atentado no tenían datos móviles, y que, incluso, uno de estos estaba situado en Temuco el día y hora del ataque a los 29 camiones.

Según la abogada de Smith y Riquelme, Marisa Navarrete, "hemos revelado antecedentes que dan cuenta que los teléfonos efectivamente se encontraban posesionados en el lugar en que se mencionó este informe pericial del Labocar; por lo tanto, entendemos que aquí lo que la fiscalía tiene que hacer es una investigación objetiva en la que incluya estos antecedentes".

Además, en la audiencia, la fiscalía señaló que, a partir de información recabada en la indagatoria en La Araucanía, se detectó que Smith no cuenta con los estudios de analista de programación que dijo tener en Inacap, ni con el diplomado de seguridad informática en la Universidad Mayor. El fiscal Meléndez aseguró que en el computador de "el profesor" había certificados de estos estudios, incluso, había un oficio "sin firma de docente", pero que también había otro con timbre y firma.

"Hice esos cursos, en la Santo Tomás y en la Mayor, esos certificados los voy a presentar legalizados, voy a ir a las universidades con los originales", dijo Smith, quien junto con el cabo Riquelme quedaron con la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional.

En tanto, antes de que comenzara la audiencia, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en la causa contra los dos formalizados y también contra todos quienes resulten responsables. El organismo argumentó que como resultado de los "datos falsos proporcionados, se dispusieron diversas diligencias, distorsionando la dirección de la indagatoria".