“Infantiliza a condenados” y “poco ética”: expertos critican idea de trabajos voluntarios para asistentes a fiestas clandestinas

En medio de una seguidilla de fiestas clandestinas registradas en el país en las últimas semanas, como la de 150 personas en Conchalí, cerca de 200 en Cachagua y más de 200 en Espacio Broadway, el ministro Rodrigo Delgado planteó este miércoles una idea para sancionar a los asistentes a estos eventos.

El titular de Interior propuso que esas personas realicen trabajos voluntarios con enfermos de Covid-19:

Tenemos que avanzar en que estas personas, que son detenidas y condenadas, tanto asistentes como organizadores, tengan que hacer un trabajo voluntario, donde tengan que ir a lugares donde hay que atender enfermos, que sientan más conciencia con la enfermedad, que sientan conciencia de los estragos que genera la enfermedad, que tengan que relacionarse con familias que están sufriendo, con enfermos que están muchas veces muy complicados. Obviamente dentro del rango de lo que puedan hacer y participar.

Rodrigo Delgado, ministro del Interior

El jefe del gabinete añadió que la idea ha sido conversada con su par de Salud, Enrique Paris, y con el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, y que se está evaluando. E indicó que hay una propuesta en esa línea instalada por el Comité de Expertos.

“Mucha gente cree que verano es sinónimo de libertad en cuanto a los temas sanitarios y ahí hay un gran error. Esas personas tienen que acercarse más al dolor para que puedan comprender de qué estamos hablando”.

De hecho, la tarde de este lunes se registró nuevamente en Cachagua una fiesta clandestina que terminó con 20 detenidos, entre ellos cinco menores de edad.

Carabineros llegó a la casa donde se estaba haciendo el evento luego de recibir una denuncia anónima. Los detenidos quedaron en libertad tras ser apercibidos bajo el Artículo 26 del Código Penal.

En este contexto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, valoró el planteamiento de Delgado: “Nos parece que es una medida interesante. Que los jóvenes que hoy día están participando en estas fiestas clandestinas tengan la oportunidad de empatizar con las situaciones sanitarias que estamos viendo en nuestro país”.

Dijo, en todo caso, que son propuestas que hay que evaluar siempre y cuando no implique un riesgo ni para los jóvenes ni para los pacientes.

Jaime Couso, profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, indicó que no le parecía una buena idea: “Si bien es deseable que el sistema penal ofrezca sanciones alternativas a la cárcel, y los servicios en beneficio de la comunidad son, en general, una buena opción en ese contexto, definir que esos servicios precisamente deban cumplirse con pacientes Covid puede tener varias consecuencias indeseadas”.

Primero, explicó, la gestión de la sanción requiere un apoyo institucional por parte de quien recibe a los sancionados (capacitación, supervisión, evaluación y reportes a la justicia), que supondría una distracción para el sistema de salud, que debe concentrar todos sus recursos en la respuesta a la pandemia.

Además, sostuvo que la idea de “pedagogía penal que ha servido para fundamentar la propuesta es bien discutible: tiende a infantilizar a los condenados en lugar de hacerlos responder ante la sociedad, sobre todo si en realidad (...) no se espera de ellos un aporte efectivo al cuidado y tratamiento de los pacientes -no tienen competencia para ello-, sino más bien que escarmienten por medio del impacto que les provocaría presenciar el sufrimiento de quienes padecen la enfermedad”.

También Couso planteó que la medida instrumentalizaría a los pacientes para cumplir un fin del sistema penal, sin un beneficio apreciable para ellos, fuera de lo invasivo que podría resultar ser atendidos por infractores desconocidos, que no están ahí por su voluntad sino como resultado de una condena.

Por su parte, el bioestadístico de la Universidad de Chile Gabriel Cavada dijo que la medida planteada por Delgado pareciera ser bastante novedosa y efectiva. Argumentó que su efecto podría tener algún efecto disuasivo, pero que más bien lo ve como una propuesta “bastante anecdótica... El problema que tiene aquello es qué tipo de trabajos podrías hacer, porque no es ético exponerlos a un contagio”.

Un total de 2.541 personas han sido detenidas por Carabineros por asistir a fiestas clandestinas desde el 19 de marzo de 2020. Un 65% son hombres y un 35% mujeres. Un 76% son de nacionalidad chilena y 24% son de origen extranjero.

La mayor parte de ellos, 951 personas, tiene entre 26 y 36 años. Asimismo, 859 de los detenidos tienen entre 18 y 25 años, mientras que 71 adolescentes de entre 14 y 17 años han terminado en un cuartel policial.