Inmobiliaria Punta Piqueros y Municipalidad de Concón llegan a acuerdo para no demoler hotel en el borde costero
En una audiencia de conciliación ambas partes acordaron mantener en el mismo lugar la edificación, pero ya no será destinada al rubro hotelero.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso realizó una audiencia de conciliación entre la Inmobiliaria Punta Piqueros y la Municipalidad de Concón, enfrentados judicialmente desde 2011 por una demanda que interpuso la empresa ante el dictamen de la Suprema que anuló el permiso de obras de su edificio emplazado en el peñón Oreja de Burro; el hotel Punta Piqueros, que jamás llegó a abrir sus puertas.
La inmobiliaria demandó al Estado y a Concón por US$97 millones, debido a que el proyecto contaba con los permisos municipales de funcionamiento, pero en vista a las restricciones que se impusieron en 2017 al plan regulador comunal, la Seremi de Vivienda de Valparaíso determinó que la obra se levantó sin las autorizaciones correspondientes y que no se ajustaba al PRC. Por lo mismo, en enero ordenó demoler el edificio emplazado sobre rocas.
Dicha demanda quedaría suspendida una vez que ambas partes ratifiquen el acuerdo que firmaron en la audiencia de conciliación. La cual ocurrió el viernes pasado, cuando se reunió el director jurídico del municipio junto a los abogados representantes de la inmobiliaria.
En esa instancia, el tribunal de alzada propuso cuatro puntos que fueron aceptados por ambas partes. Junto al desistimiento de la demanda, el hotel deberá ser reemplazado. En su lugar, la empresa levantará el proyecto Punta Mar, que será destinado al rubro de la gastronomía, galerías de arte, entre otros espacios de cultura y recreación.
El acuerdo también dicta que el proyecto será sometido a una evaluación de impacto ambiental, y con ese análisis determinar si la edificación cumple con la altura máxima, medida a partir del suelo natural del peñón. En el caso de que exceda las medidas del plan regulador comunal, deberán desmantelar los pisos superiores.
En la resolución fijan 90 días hábiles para que la Dirección de Obras Municipales se pronuncie respecto al nuevo proyecto.
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