Intendencia da 24 horas para que vecinos depongan toma de cancha de Ñuñoa

A eso de las 20.30 horas de ayer martes, la representante del comité de Vivienda Dr. Jorge Monckeberg, Claudia Díaz, fue notificada por Carabineros de que la Intendencia Metropolitana había firmado el decreto que ordena el abandono del lugar, emplazado en la comuna de Ñuñoa, que ocupan "ilegalmente" desde la madrugada del 20 de julio.

Son alrededor de 90 familias las que permanecen con carpas en el recinto deportivo ubicado en Calle Nueva 1825, y quienes deberán dejar "voluntariamente" el lugar en un plazo de 24 horas, pues de lo contrario, según la determinación de la autoridad, serán desalojados por Carabineros.

"Si las personas no hicieren abandono voluntario del inmueble, el Instituto Nacional de Deportes de Chile (entidad que administra el recinto), a través de un ministro de fe designado para tal acto, solicitará directamente a Carabineros de Chile el desalojo con auxilio de la Fuerza Pública", sostiene el documento firmado por la intendenta Karla Rubilar.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que la autoridad ordena que los vecinos depongan la toma, pues la primera vez que fueron notificados fue a solo cinco días de iniciada la acción, el 25 de julio.

En ese entonces, también mediante un decreto, la determinación se suspendió, puesto que el recinto que se había destinados para que los allegados que estaban en situación de calle pudieran pernoctar finalmente no se habilitó.

Tras esta nueva resolución de la Intendencia, como aseguró el abogado que representa al comité de allegados a La Tercera, los vecinos interpondrán un recurso de protección contra Rubilar y contra el director del IND, Renato Palma, por la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los ocupantes del inmueble. Conjuntamente se presentará una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir el desalojo.

Calificando la medida como injustificada, el abogado Raúl Meza lamentó "profundamente la decisión que tomó la intendenta de solicitar el desalojo de los ocupantes del inmueble bajo la amenaza del uso de la fuerza pública si fuese necesario, a sabiendas qué hay lactantes, menores de edad, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad que se verán expuestas a un acto de violencia por parte del Estado que provocará daños en la salud física y mental de personas en situación calle y con alta vulnerabilidad social".