Interior cifra en 306 las querellas presentadas por Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido, y Boric modera intención de retirarlas

“¡Libertad, libertad, a los presos por luchar!”. Fuerte se escuchó ese grito por un grupo de personas que llegó ayer a los festejos del nuevo presidente electo, Gabriel Boric, quien interrumpió su discurso para responder a la petición. “Ya hablé con las familias. Sabemos lo que tenemos que hacer”, dijo.

En 2020, el diputado se manifestó de acuerdo “en estudiar un indulto y la amnistía” para quienes hubieran cometido delitos en el marco del estallido y “estudiar los casos que sean necesarios en donde no haya delitos que atenten contra la vida o que involucren el control de armas”, como lo dijo a Tolerancia Cero en diciembre de ese año. Que el proyecto incluyera indulto en delitos de homicidio frustrado “no me parece”, dijo esa vez.

Tanto en primarias como en la primera vuelta, el diputado valoró el proyecto de indulto tramitado en el Senado -que presentó Adriana Muñoz (PPD), Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO)-, aunque también marcó sus matices. Y defendió el retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado (LSE) que fueron presentadas por el Ejecutivo durante la crisis. “Yo soy partidario de retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado y creo que por el contexto en el que se dio el estallido social, es necesario revisar por qué llegamos a ese momento para que no se vuelva a repetir”, dijo en junio de 2021, en plena campaña para la primaria de Apruebo Dignidad.

“Me parece que hay una clara desproporción del uso de la cárcel en particular para con ciertas personas (...) no me gusta ni justifico ningún tipo de saqueo ni de ataques a comercios, tampoco justifico la tremenda violencia que significa la desigualdad en este país. Y por eso estamos justamente tratando de luchar para que ninguna de las dos tenga espacio”, dijo en esa misma ocasión.

El 24 de noviembre, ya en la campaña de segunda vuelta, dijo en La Red que “a personas condenadas por incendio, por saqueos, por delitos que revisten gravedad, desde mi punto de vista no es aceptable pensar en un indulto para todos. No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme, o que saqueó un supermercado”.

Y ayer, a horas de conocer la victoria y del discurso de Boric, el diputado Giorgio Jackson -coordinador político de la campaña- reiteró que “el compromiso es que esas querellas se levantan, lo hemos sostenido desde el inicio de la campaña. Eso cambia las condiciones con que el Poder Judicial enfrenta un caso. No es un detalle, es algo significativo”.

Entre el 18 de octubre del 2019 y julio de 2021, se presentaron 306 de estas acciones judiciales patrocinadas por el Ministerio del Interior y las exintendencias regionales. De estas, la mayoría tiene origen en la Región Metropolitana, donde se han interpuesto 219 acciones de este tipo contra 1.073 imputados. De ellos, según cifras de Interior, 55 están con arresto domiciliario, 379 con otras cautelares, 68 condenados, 5 sobreseídos, 13 con decisión de no perseverar en el procedimiento, 73 con suspensión condicional del procedimiento, 65 sin cautelares, 426 no formalizados

¿En prisión preventiva? Desde Interior aseguraron que ninguna persona formalizada en causas donde se querellaron por LSE está con esta medida cautelar, agregando que en el 95% de los casos, los formalizados fueron imputados por delitos comunes, por ende, si se retira la querella no tiene un efecto sustantivo en la tramitación de la causa.

La abogada penalista Johanna Heskia explica que si las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado se retiran de una causa donde la investigación está sustentada en este delito, el caso deja de existir. Sin embargo, advierte que si están formalizados “por delitos comunes, en principio el Ministerio Público podría seguir investigando. Ahora, las sanciones son mucho menores, incluso, podrían quedar en libertad”.

El abogado Matías Kunsemuller agrega que el Presidente “podría ordenar que se retiren las querellas por Seguridad Interior del Estado. Eso baja la pena de los delitos y, por lo tanto, la gente que esté privada de libertad por esas imputaciones puede tener otro tipo de medidas, como firma mensual, arraigo nacional, entre otras”.

Desde Interior aseguran que muchas de las defensas en este tipo de caso acudieron al Tribunal Constitucional (TC), por ende, el avance de estas causas está paralizado. Así es por ejemplo, el caso de Roberto Campos, el profesor acusado de romper los torniquetes del Metro. Además, aseguran que quien tiene la decisión de formalizar por uno u otro delito siempre es el Ministerio Público y son ellos quienes dirigen las investigaciones.

El exfiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público, Luis Inostroza, agrega que “el desistimiento de la querella tiene como efecto la extinción de la responsabilidad penal y para el caso que, por ejemplo, el sujeto esté en prisión preventiva, debe decretarse de inmediato el cese de la medida cautelar. Subsisten eso sí los demás delitos comunes respecto a los cuales hubiere existido formalización, es decir, los efectos de la renuncia de la acción penal sólo dicen relación con el delito de Seguridad del Estado y no con los demás”.

Para Samuel Donoso, uno de los abogados que participó de la elaboración de querellas para el gobierno tras los ataques a los locales comerciales durante el estallido, “estos delitos son graves, a lo menos los incendios de la red de Metro fueron situaciones que afectaron a la empresa, a muchas personas y pusieron en riesgo la vida de muchos. Retirar las acciones por Ley de Seguridad del Estado es una señal de aval a la violencia que es muy complejo, como señal, para la convivencia democrática. Es avalar una forma de hacer política con la violencia que puede ser muy peligrosa”.

Por su parte, otro de los penalistas que también colaboró con el Ejecutivo en estas acciones judiciales, Marcelo Sanfeliú, asegura que “el desistimiento de la querella extingue la acción penal y la pena. La causa se termina y el juzgado de garantía debe alzar las medidas cautelares que se hubieren decretado y proceder al sobreseimiento definitivo de la causa”.

“Pero también hay causas donde la persona afectada interpuso querella por ley de seguridad del estado como por ejemplo el Metro. En estos casos, es el Metro la víctima directa de estos delitos de incendio que afectaron no sólo a la empresa sino que a miles de usuarios. Poniendo en riesgo sus vidas y además paralizando por muchos meses un medio de transporte esencial y además democratizador para todos los santiaguinos”, acotó el jurista.

La idea de retirar las querellas es algo que Boric ha repetido desde que asumió su candidatura. Lo mismo hicieron sus colaboradores más cercanos, como Sebastián Depolo (RD), quien dijo el 17 de noviembre que “el primer compromiso de un gobierno de Boric debiera ser retirar las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado”.

Sin ir más lejos, esta mañana, Jackson afirmó en Radio Cooperativa que “las querellas por Ley de Seguridad del Estado por cierto que van a ser retiradas en el minuto que Gabriel Boric asuma como Presidente, eso es un compromiso, eso no tiene ninguna razón de ser”.

Sin embargo, hoy, tras su reunión con el Presidente Piñera, Boric matizó esta idea, dejando entrever que la decisión aún no está totalmente tomada.

“He conversado mucho con familias de víctimas. He conversado mucho con Gustavo Gatica, con Fabiola Campillay, con la familia de Cristián Valdebenito, de Álex Núñez, y una de nuestras prioridades en el gobierno va a ser que exista verdad, justicia, reparación, y por cierto, no repetición. Respecto de las querellas, estamos en conversación también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), vamos a revisar caso a caso como corresponde, y en esto yo creo que es mejor no anticiparse, pero estamos trabajando en ello”, dijo Boric.

Algunos familiares ya cuentan con que el próximo gobierno retire estas querellas. Así lo advirtió Esteban Arévalo, abogado defensor de derechos humanos y de algunos presos en el estallido social en Concepción: “Se espera que como Presidente en ejercicio instruya el retiro de todas las querellas en las que el gobierno es parte, relacionadas con el estallido social, no solo la de Ley de Seguridad Interior del Estado”, dijo.

Además, agregó que mantuvo una reunión con el presidente electo a principio de mes, junto a los familiares de algunos presos de la región del Biobío. Arévalo no quiso referirse a los términos de la cita, pero manifestó que “en caso de no lograrse aprobación de indulto general, esperamos ejerza la potestad presidencial e indulte particularmente a los presos políticos de la revuelta”.