Este viernes, cuatro excarabineros de la Subcomisaría de Quillón, en la Región del Biobío, quedaron en prisión preventiva. Además, durante la audiencia de formalización se detalló cómo operaban mientras eran policías, cometiendo una serie de actos arbitrarios y sin respaldo judicial.

En concreto se trata de los exuniformados Michel Espinoza Jara, Bernardo Cares Meliñanco, Rodrigo Soto Ibáñez y Rudy Huenuhueque Neculhueque, quienes en su calidad de carabineros habrían cometido diversos delitos.

A los expolicías se les acusa de obstrucción a la investigación, falsificación de partes entregando actas y declaraciones sustancialmente falsas, denuncias falsas, cohecho, hurto simple, detenciones ilegales, y microtráfico de drogas.

La determinación fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Bulnes, que decretó cuatro meses de investigación, la que será llevada a cabo por la Fiscalía y de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros.

En la audiencia de formalización, el fiscal Pablo Fritz, entregó detalles del actuar de los expolicías Michel Espinoza Jara, Bernardo Cares Meliñanco, Rodrigo Soto Ibáñez y Rudy Huenuhueque Neculhueque, mientras eran parte de la institución policial.

En ese sentido, se describió que los acusados de integrar esta agrupación criminal llegaron el pasado 10 de mayo hasta un local de juegos de azar que es propiedad de un ciudadano chino, a quien se llevaron detenido, bajo el pretexto de un delito aduanero. En la oportunidad incautaron $ 1.500.000, pero en el cuartel solo informaron y entregaron $ 359 mil.

Asimismo, el 16 de mayo pasado, llegaron al local de otro ciudadano chino, acusándolo de supuestos delitos por rotura de sellos, cohecho y contrabando, los cuales fueron calificados por el fiscal Fritz como “inexistentes” y recalcó que no hubo orden judicial ni se configuraba alguna situación de flagrancia.

Ese día, uno de los exuniformados imputados se llevó al dueño del local, mientras los otros se apropiaron de $ 1.800.000 desde una mochila y la caja del comercio. También sustrajeron siete bebidas Red Bull, 30 latas de bebidas y 10 cajas con bombones. Además, se consignó que para evitar los registros, sustrajeron el equipo DVR que contenía las imágenes de las cámaras de seguridad de tenía el negocio.

“Esta detención produjo la emisión del parte 500; con todos sus anexos, que incluye las actas y declaraciones suscritas por los acusados que contienen información sustancialmente falsa, en cuanto a la cantidad del dinero en efectivo incautado, dando cuenta sólo de 256 mil; no consignando la incautación de la mochila, el equipo DVR y la bandeja con monedas”, afirmó el fiscal Fritz.

Ese mismo día, se realizó un procedimiento idéntico en el local de juegos de azar de la primera víctima china. Allí sustrajeron 900 mil pesos, pero informaron 359 mil pesos para la elaboración del parte. Luego, la víctima china pidió que le llevaran una chaqueta hasta la comisaría, desde donde uno de los excarabineros formalizados, Michael Espinoza, le sustrajo 200 mil pesos.

También cometieron la detención ilegal de una persona, sin que hubiera una situación de flagrancia o una orden judicial. Desde el domicilio de la víctima se llevaron $ 190.000.

A todo lo anterior, se suma otro hecho en que detuvieron a un hombre que incumplía una orden de arresto domiciliario, tras lo cual revisaron su casa, desde donde hurtaron especies y detuvieron sin causa legal a la esposa de la víctima.

A ella, el líder de la banda criminal le sustrajo $ 300 mil bajo intimidación, por lo que Michael Espinoza fue formalizado también por robo con intimidación. Como otras veces se informó en el parte una cantidad menor a la incautada.

Durante la formalización se expuso que los acusados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad y también para el éxito de la indagatoria, lo cual fue acogido por el tribunal.

“Alterar el contenido de los partes policiales merece el mayor reproche y preocupación, ya que pone en riesgo las bases del procedimiento penal, si consideramos que son el insumo de cada audiencia de control de detención en todos los tribunales de garantía del país”, explicó el fiscal.

La magistrada María Alejandra Cruz aseguró que el actuar de los imputados daña gravemente la fe pública. “Me hace pensar que muchas veces me equivoqué y dicté resoluciones injustas por creerles”, manifestó.