Investigación por abusos en Iglesia: causas han estado marcadas por la salida de Ezzati y cambio de fiscal

A un año del allanamiento al Arzobispado de Santiago, probablemente el cambio más notorio ha sido quien encabeza la Iglesia capitalina. Tras la aceptación de la renuncia de Ricardo Ezzati, distintos sacerdotes consultados por La Tercera afirman que esto ayudó a "bajar la tensión" y que el administrador apostólico, Celestino Aós, ha posibilitado una relación más pacífica y que genera más confianza que su antecesor, quien estaba cuestionado por supuestos actos de encubrimiento. La reunión con las víctimas de Karadima y el posterior pago de la indemnización judicial por parte de la arquidiócesis son algunos de los hitos de este último periodo.

El sacerdote Francisco Walker reconoce que "ha habido una mayor colaboración", lo que también se ha visto posibilitado, afirma, por lineamientos emanados desde la Conferencia Episcopal.

De parte de la fiscalía también hubo un cambio respecto de quién dirige las indagatorias contra miembros de la Iglesia. Luego de que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, haya sido suspendido de sus funciones, el llamado caso Iglesia lo asumió el persecutor regional Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, cree que con la salida de Arias ha ocurrido un "adormecimiento" del trabajo de la fiscalía. Argumenta que con la administración del fiscal anterior se publicaban periódicamente estadísticas respecto de cuántos sacerdotes y víctimas había involucrados en las indagatorias.

Para Julio Pozo, vocero de la Fundación Voces Católicas, las investigaciones judiciales en curso han dejado en evidencia ciertas dificultades que presentan este tipo de denuncias, como la prescripción de los casos y la dificultad de probar actos de encubrimiento.

Pozo también afirma que existe un componente mediático relevante al abordar estos casos, en que "hay una sanción pública más allá de la imputación". Por ejemplo, recuerda cuando Ezzati en octubre pasado se acogió a su derecho a guardar silencio en lugar de prestar declaración ante un fiscal.