José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial: "Hay ciertas áreas donde los jueces fallan conforme a determinados sesgos"

La afirmación de ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien dijo que la mayoría de los jueces son de política de izquierda, marcó dos posturas: unos que están de acuerdo con el secretario de Estado y otros que discrepan. Para el abogado José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial, centro de estudios ligado a Libertad y Desarrollo, las palabras del secretario de Estado son certeras, especialmente en los casos laborales, en que, dijo, los jueces en su mayoría deciden en favor del trabajador. Según Aldunate, esto da cuenta en los magistrados una posición de izquierda ideológica.

¿Tiene o no razón el ministro Larraín sobre la existencia de un sesgo político que marca a los jueces, particularmente hacia la izquierda?

Creo que hay que matizar. Si queremos entender de los dichos que los jueces obedecen a políticas partidarias, eso no es efectivo, nadie cree que haya jueces que reciban órdenes del Partido Socialista, la UDI, Renovación Nacional o de la DC. En ese sentido, nuestros jueces son bastante ejemplares en atenerse a su nivel de independencia. De todas maneras, uno sí podría decir que hay ciertas áreas donde es efectivo que los jueces fallan conforme a determinados sesgos. En el Observatorio hicimos un estudio el año pasado, donde miramos los despidos injustificados, concretamente la causal de necesidades de las empresas y concluimos que el 90% de las veces los jueces fallan a favor del trabajador. Dado que el derecho laboral tiene una función cautelar, uno entiende que haya una cierta tendencia a proteger al trabajador, pero de ahí a que una causal de despido se vuelva prácticamente inexistente, se está hablando ya de que los jueces tienen un sesgo.

Respecto de la afirmación de Larraín, de que hay más jueces de izquierda, ¿cree que es así?

Hay áreas del derecho en donde los jueces mayoritariamente parecen fallar permanentemente conforme a una posición de izquierda, por ejemplo, en materia laboral.

¿Está de acuerdo con lo dicho por Larraín?

Sí, estoy de acuerdo con Larraín, pero de manera acotada en ese ámbito. Lo que pasa es que en materia laboral es muy palmario y hay otras áreas donde es muy difícil de demostrar y habría que verlo caso por caso. A nadie se le escapa que el nombramiento de los jueces es resorte del poder político. Entonces, el ministro está diciendo algo que es bastante conocido por todos.

¿Es necesario que los jueces sinceren su posición política?

Creo que no, más bien debiéramos hacer arreglos institucionales que garanticen la neutralidad de los jueces. Es razonable que los jueces tengan en lo privado sus posiciones políticas, pero es importante también que esas posiciones políticas no afecten lo dispositivo de los fallos y, en ese sentido, que los jueces sean esclavos de la ley y no fallen conforme a criterios propios ni tampoco resuelvan conforme a preferencias ideológicas personales, sino que se atengan al texto de la ley.

¿Y cómo se podría garantizar la neutralidad de los magistrados?

Una alternativa para asegurar la neutralidad de los jueces sería modificar la forma de nombramiento. En algunos países hay un consejo de la magistratura, que tiene un órgano externo al poder político, que nombra a los jueces. Sin embargo, nada te garantiza que ese órgano externo no va a ser capturado políticamente también. Otra alternativa, que creo que es mucho mejor, es mantener nuestro sistema de nombramiento, pero introducir instancias de transparencia para que haya un mayor control ciudadano y que podamos saber quiénes son nuestros jueces y su historial de fallos hacia atrás.

¿Qué señal le parece que quiso dar Larraín con sus críticas?

Yo no creo que el ministro haya querido insinuar que hay jueces que responden a la coalición política de izquierda o que reciben órdenes de partido, pero sí que hay cierta cultura o sesgo ideológico en favor de la izquierda, dada la cantidad de años que han sido nombrados por gobiernos de izquierda, sin demasiado contrapeso por parte de la ciudadanía.