José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch pide al gobierno poner fin a las deportaciones de venezolanos

Un duro llamado al gobierno chileno hizo durante esta jornada el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. El abogado pidió poner fin a las deportaciones sumarias de ciudadanos venezolanos y apunta a que en muchos casos no ha existido el debido proceso y se ha vulnerado los derechos de estas personas, basado en lo que ha establecido tanto la Corte Supremas como otras instancias judiciales en el país.

Junto con esto, y a través de un extenso comunicado, le piden al Ejecutivo asegurar que cuando se expulse a una persona se cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos. “Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, sostuvo Vivanco.

En la comunicación se profundiza y se apunta a que en estos dictámenes se ordenó en distintas ocasiones terminar con estas expulsiones administrativas, justamente, por los graves riesgos que conlleva para esas personas el retornar a un país en crisis como es Venezuela. “Las sentencias también dejaron en evidencia violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas, antes de que se lleven a cabo las deportaciones”, señala el comunicado emitido por HRW.

Vivanco aseguró que era “contradictorio” que por una parte el gobierno de Sebastián Piñera, “condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.

HRW estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en territorio chileno y aunque la mayoría está de manera legal, desde 2019 en adelante, cuando se endurecieron las políticas migratorias, es cada vez más difícil para ellos regularizar su situación.

“En abril, el gobierno anunció que tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades en 15 vuelos chárter durante el 2021. Según cifras oficiales obtenidas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el gobierno había deportado a 294 personas hasta el mes de abril; en la mayoría de los casos, sin control judicial. La mayor parte eran venezolanas. El gobierno deportó a otras 125 personas de distintas nacionalidades en junio. El 6 de junio, las autoridades chilenas deportaron a 53 venezolanos, incluidos 34 deportados de forma sumaria durante el fin de semana, cuando las cortes de apelaciones estaban cerradas. Los otros 19 venezolanos habían sido condenados por algún delito, lo cual puede ser base para una deportación en Chile como medida sustitutiva a la pena de prisión”, dice el documento viralizado por el organismo.

La institución apunta, basados en datos aportados por la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, que además “algunos tenían familiares en Chile, un dato que debió haber sido tomado en cuenta para suspender la deportación; no se les permitió hacer una llamada telefónica ni tener acceso a un abogado, lo cual limitó sus posibilidades para objetar la deportación; incluso algunos tenían apelaciones en trámite en contra de sus órdenes de deportación”.

Para hacer esta petición, HRW, examinó 21 sentencias judiciales que brindaron protección a un total de 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación; entrevistó a activistas del ámbito humanitario y de derechos humanos; y documentó en profundidad dos casos ilustrativos de deportaciones que se produjeron en el vuelo del 6 de junio, a través de entrevistas a los deportados y a sus familiares en Chile.