Jueces piden a la Corte Suprema contar con más medidas de seguridad ante amenazas

Al menos 14 jueces se encuentran con algún tipo de medida de protección, luego de que un juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago denunciara un amedrentamiento directo ante la Fiscalía, en septiembre de este año. El hecho vino a confirmar uno de los temas que más preocupan a los magistrados y que tiene que ver con su seguridad personal.

Por lo mismo, durante la última asamblea de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas -realizada en Chillán-, se tomaron una serie de acuerdos que avanzan en materia gremial, como lo es la creación de una comisión para abordar las amanazas a los jueces.

Durante la instancias se acordó la creación de una comisión permanente de seguridad de los jueces y juezas al interior de la Asociación que impulse el debate sobre medidas de seguridad y revise la experiencia comparada.

Según explicaron desde la entidad gremial esto busca que “en el corto plazo” se proponga un plan de acción tendiente a hacer efectiva la seguridad personal y protección de magistrados y magistradas, así como todas las otras medidas necesarias para alcanzar dicho objetivo.

Pero, además de la creación de esta comisión, también se acordó solicitar a la Corte Suprema una serie de medidas para la protección de los jueces, donde ya tuvo una primera reunión con el ministro encargado de esta materia en el máximo tribunal, Manuel Valderrama.

Son cuatro las consideraciones que la asociación está planteando a la Suprema, entre ellas la “reevaluación de la política de publicidad del Poder Judicial sobre datos personales sensibles que conducen a la identificación de jueces, juezas y sus familias. Esto fue aprobado, y tiene que ver con que hay información sensible de los jueces sobre sus bienes, vehículos y patentes en las declaraciones de patrimonio”.

También, se pidió analizar las medidas de seguridad para jueces, juezas y edificios de tribunales, a realizar por expertos externos al Poder Judicial, debidamente calificados. Esto fue aprobado e implica que ya no dependa de la Corporación de Asistencia Judicial.

Para avanzar en estos puntos, según se acordó en la asamblea, se solicitó “revisar la política comunicacional del Poder Judicial, que en muchos casos aumentan el riesgo de los jueces y juezas. Esto fue aprobado y tiene que ver con la transmisión de audiencias y respuestas que se han hecho en redes sociales sobre quiénes son los jueces de audiencias, por ejemplo”.

Pero, además, se quiere involucrar a otros actores, y no sólo radicar el problema en el Poder Judicial. Es por eso que se resolvió crear una mesa técnica permanente con el Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, y organismos públicos de seguridad e Inteligencia del Estado.

En esa misma línea, ya se solicitó que la Corte Suprema sea la encargada de evaluar audiencias telemáticas para algunas causas. Por ejemplo, que los jueces amenazados no estén en la sala de audiencias con imputados.

La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, explica que “le expusimos nuestros requerimientos al ministro Valderrama, pero también haremos uno al pleno de la Corte. Luego de lo sucedido en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago hay una preocupación y un interés de trabajar en conjunto. Esto es algo que va más allá del Poder Judicial y tiene que incorporar a todos los actores”.

En esa misma línea, Hernández agrega que “queremos que exista una política institucional respecto de estas medidas, como por ejemplo en la transmisión de las audiencias”.

Sobre si afectaría a la transparencia el limitar estas instancias, la magistrada advirtió que “esto no tiene que ver con estar contra la ciudadanía, porque hay causas más complejas que otras. Acá tenemos bandas internacionales que operan no sólo en Chile, sino en toda la región, por eso que se deben tener una política de resguardo sin que se contradiga el hecho de contar con audiencias públicas. Todo debe ser parte de una política”.

Lo acordado en la asamblea de los magistrados fue una de las últimas gestiones de Hernández. La jueza de garantía deja la presidencia de la Asociación y pasa a la secretaría general. Quien asumirá el cargo será el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Alejandro Vera.

Hernández explica que fue un año “en que se trabajaron distintas materias, no tan solo en materia gremial, como lo es la seguridad de los jueces, o abordar el tema de la salud mental, sino que también se crearon distintas comisiones, como de infancia, género y derechos humanos. Es un trabajo y un rol muy enriquecedor”.

Además, agrega que “me voy con una sensación de haber puesto todo de mi parte, sigo como secretaria general, a cargo de la comisión de seguridad y penal”.

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