Jueza Rutherford rechaza solicitud de libertad bajo fianza para ex comandante en Jefe Óscar Izurieta

Esta tarde, la ministra Romy Rutherford, quien está a cargo de la investigación por fraude en el Ejército rechazó la solicitud de libertad bajo fianza para el ex comandante en Jefe de la rama castrense, Óscar Izurieta, procesado por el presunto delito de malversación de caudales públicos y también por el eventual ilícito de falsedad de documento militar.

Con esto, Izurieta deberá permanecer en prisión preventiva, la cual está cumpliendo en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

En el expediente que tramita la jueza hay varios indicios de un presunto mal uso de gastos reservados por parte de Izurieta y que la ministra en visita descubrió mientras indagaba a otros exgenerales. Las sospechas que hay en torno al rol del retirado militar se sustentan en las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe, que lideró Izurieta entre los años 2006 y 2010. Se trata del coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés. Ambos en sus interrogatorios aluden al periodo de Izurieta.

El procesamiento en contra del ex alto mando fue llevado a cabo ayer por la jueza, quien responsabilizó al exuniformado por el mal uso de fondos asignados a la institución “por un monto total $ 6.374.996.162 actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010″. La magistrada ordenó el embargo de bienes “por un monto total de $ 6.500.000.000″.

En la resolución de procesamiento, a juicio de la propia magistrada, el exmilitar admite varios delitos, entre ellos el desvío de dineros que tenían como fin actividades de inteligencia, incluso, para costear requerimientos de la familia del fallecido Augusto Pinochet.

El resultado del interrogatorio quedó plasmado en 68 páginas. El testimonio judicial de Izurieta está incorporado en el auto de procesamiento que la ministra Rutherford dictó el lunes 14 de febrero. El escrito, de 755 páginas, al cual accedió La Tercera PM, revela el convencimiento de la magistrada para imputar su presunta autoría en delitos reiterados de malversación de caudales públicos y de falsedad de documento militar.